Capacitaciones pagadas por un año a través de Sence, canasta familiar, pagos de cuentas de servicios básicos y asesoría legal para perseguir al empresario desaparecido y que los dejó con sueldos y cotizaciones impagas, además de estudiar la continuidad laboral del pirquén, formaron parte de los cinco puntos con que el gobierno destrabó la huelga subterránea que mantuvieron por dos semanas, 73 de los 183 pirquineros de la Mina Santa Ana de Curanilahue.

Conflicto en que se habló que el gobierno no podía legalmente inmiscuirse en una solución, por tratarse de una relación entre privados, pero que finalmente por presión social y de los propios mineros resultó con un final donde autoridades nacionales y locales tuvieron una intervención decisiva en el proceso.

Entre ellos, el intendente Rodrigo Díaz. También hay que sumar la participación de parlamentarios y del arzobispo Fernando Chomali, quien no dudó ningún momento en respaldar la compleja situación de los mineros.

El intendente Díaz habló con El Sur y reflexionó acerca de los alcances del drama minero.

Calificó como "indecente e inmoral" la acción del empresario que está tras de esta mina, al abandonara a los trabajadores (Miguel Hernández o Rodrigo Danús). También criticó la posición del empresariado en general, asegurando que ninguno de sus dirigentes alzó la voz para condenar el hecho.

"No oí a ningún dirigente empresarial diciendo que esto era aberrante", afirmó Díaz.

Bajo el mismo plano, precisó que por este hecho la imagen de los gremios de las empresas se vería impactada en un momento en que en el Congreso se discute la Reforma Laboral.

complejidad

-Tuve una conversación hace unos días, aún en pleno apogeo de esta huelga que había en la mina Santa Ana, con los dirigentes y les dije que me resistía a la categoría de que este era un conflicto privado o público y privado. Lo que vi ahí fue una situación de injusticia, donde un empleador no cumplía sus obligaciones laborales con sus empleados. Estas personas estaban abandonadas. Y lo que correspondía era intervenir para encontrar una salida que permitiera que los trabajadores siguieran peleando por sus derechos por la vía judicial. Y ahí también vamos a ayudar como gobierno, pero también hacernos cargos de la cuestión social que estaba pasando. El ordenamiento jurídico está para proteger al más débil, pero en este caso, veíamos que al no aparecer en los hechos dueño alguno frente a los trabajadores, nos podríamos ver frente a una crónica de una muerte anunciada. Eso me parecía violento y no podíamos permitirlo.

--Lo decidió el gobierno. Es una decisión del equipo de gobierno que está integrado por representantes de distintos ministerios y también por el equipo que está en la Región. Es un trabajo, una construcción conjunta. Aquí lo que prima es un gobierno que cree que nosotros tenemos que generar mayores condiciones de igualdad en el país y si hay personas que están desvalidas frente a un empleador que desaparece o que oculta su existencia, lo que corresponde al gobierno es proteger. Atenta a la lógica del trabajo en equipo el querer apropiarse de situaciones exitosas.

--En general el gobierno actúa en múltiples eventos de esta naturaleza. La Dirección del Trabajo lo hace reiteradamente. Ahora, hay situaciones que tienen dimensiones que amerita que más gente esté trabajando. Pero, nuestra acción institucional parte por apoyar las legítimas reivindicaciones que puedan tener los trabajadores. Lo extraordinario de esta situación, más allá de estar dentro de una mina, lo inédito que en este caso es que el empleador se esfumó y mantenía conversaciones con nosotros bajo cuerda, con distintos abogados que llamaban a nombre de la empresa, y sugerían acuerdos. Nosotros gestionábamos caminos de solución y después simplemente se esfumaban de nuevo. Entonces, esa situación de desnivel de la cancha hace que sea una situación de carácter excepcional.

Nunca.

--Tengo la impresión que las declaraciones que hizo (Diario El Sur, lunes pasado) fueron muy desafortunadas. Una de las cosas que me llama más la atención, es que cuando hay un problema en una empresa, la regla general que sigue un empresario es que trata de enfrentar su problema. En este caso, nadie trató de enfrentar el problema. Se escuchó un silencio tremendo. No oí ni al empresario dueño de la mina tratando de hacerse cargo del problema. Ni escuché a ningún dirigente gremial de ningún sector del empresariado diciendo que esto era aberrante. Sólo escuché la voz del arzobispo Fernando Chomali y de algunas personas naturales. Al final cuando queremos construir una patria, donde todos nos sintamos parte, sea legítimo trabajar y emprender y donde todos valoremos esas cosas, uno tiene que ser súper tajante para decir: "La gente decente está aquí y la conductas inmorales se dejan en otro lado".

--Creo que es indecente e inmoral dejar clavados a los trabajadores y no dar la cara. Al menos, como mínimo, dar la cara para incluso decir que no tiene como solucionarlo. Pero, ocultarse me parece que es indecente e inmoral.

--Hay un proceso de construcción de una nueva política que toca muchos ámbitos en materia laboral y está parte, que es una sola, que es la modernización de las relaciones laborales, pretende darle mayor fuerza a la posibilidad que los trabajadores e organicen para solucionar sus problemas y construir una comunidad dentro de la empresa. Creo que se puede hacer. Eso lo vi cuando trabajé en empresas. Los trabajadores y estamentos dirigencial proponiéndose metas para un mejor desarrollo. Es posible el paradigma de la colaboración y es un error el paradigma de la confrontación y de extremar posiciones para poder dejar todas las cosas igual. Dichos eso, me da la impresión que las organizaciones empresariales perdieron una oportunidad, en este caso, para condenar drásticamente los abusos que han existido. Y esto, porque hay muchos empresarios que son decentes, trabajadores, que arriesgan su capital, que son innovadores y generan trabajo y callar cuando hay hechos inmorales, me parece que no ayuda a la buena percepción que debe tener el empresario. Hay mucha gente en Chile, así como nos evalúa mal a los políticos, que evalúa mal a los empresarios precisamente porque no hay una voz tajante frente a los casos de abusos y esos abusos terminan afectando la imagen de los buenos empresarios.