Por mayoría -13 ministros a favor y 3 en contra- el pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción decidió ayer desaforar al diputado de la Democracia Cristiana (DC), Marcelo Chávez, ya que encontró mérito para que el Ministerio Público pueda perseguirlo penalmente por conducir un vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de daño, hecho que ocurrió en San Pedro de la Paz.

Era por dos delitos que el fiscal Nelson Vigueras solicitaba el desafuero parlamentario al diputado del distrito 45. No obstante, en la causa por huir del lugar sin dar cuenta a Carabineros, el tribunal de segunda instancia determinó que no correspondía, ya que era sólo una falta.

"Por el vehículo abandonado no se autorizó el desafuero, porque a juicio de esta Corte configura una falta y para el desafuero debe haber crímenes o simples delitos y éste no tiene esa gravedad", expuso el presidente de la Corte de Apelaciones y quien leyó el veredicto, Carlos Aldana.

El ministro Aldana expuso que la decisión del tribunal penquista, con respecto a la conducción en estado de ebriedad, se sustentó en que había méritos y testigos suficientes para iniciar el desafuero por este delito. No obstante, el presidente de la Corte de Apelaciones fue claro en precisar que la inhabilitación del diputado Chávez para ejercer su función como parlamentario comienza cuando la sentencia queda ejecutoriada, ya sea por la decisión adoptada por el tribunal de alzada o cuando sea ratificada por una instancia mayor, como es la Corte Suprema, si la defensa recurre de apelación a esta instancia.

ALEGATOS

Más de dos horas y media duraron los alegatos que presentaron la Fiscalía y la defensa a los ministros del Pleno. Comenzó a las 9.20 horas y hubo dos recesos.

Por una parte el fiscal Nelson Vigueras dio cuenta de los antecedentes que acontecieron el 13 de junio de 2014, cuando el diputado Chávez volcó el Station Wagon (Chrysler Caravan) que manejaba en la Avenida Michimalonco y que causó daño al vehículo, que supuestamente no era de su propiedad, y a las áreas verdes que habían en el lugar.

Entre los antecedentes aportados por el fiscal estuvieron las declaraciones de 4 testigos que afirmaron que el legislador se encontraba en un evidente estado de ebriedad, situación que fue refutada por la defensa, la que sostuvo que en los primeros interrogatorios que se hicieron, tres de estos declarantes no se refirieron a la condición alcohólica de Chávez, y que sólo en una segunda entrevista, 5 meses después, afirmaron que estaba bebido.

Asimismo, el defensor de Chávez, Marcelo Villena, dejó entrever una posible persecución en contra de su representado, cuando manifestó que los testigos tenían afiches de parlamentarios contrarios al diputado DC y que nunca había visto una investigación por estos delitos que incluyera más de 700 fojas de prueba.

El fiscal Vigueras, tras la resolución de la Corte, sostuvo respecto a estos dichos que este punto fue aclarado en la investigación.

"El Ministerio Público es un organismo técnico que investiga delitos y que perseguimos responsabilidades criminales en base a antecedentes serios y allegados a una carpeta de investigación, en la cual se reconocen y respetan todas las garantías constitucionales", expuso Vigueras, quien también dijo que la cantidad de antecedentes es "un sinónimo de una investigación completa y acabada".

IMPRESIONES

El 7 de septiembre, a las 11 horas, la Corte de Apelaciones dará a conocer la sentencia con los fundamentos de hecho y de derecho que fueron analizados ayer, pero que tiene que ser redactada.

Será después de este período que la defensa del diputado Chávez verá cuáles serán los caminos jurídicos que seguirán, los que podrían llevar el caso a la Suprema.

Pese a esto, Villena sostuvo que la determinación del tribunal los dejó parcialmente satisfechos, ya que de las dos peticiones de Fiscalía para llevar a juicio, sólo se adoptó una. "No compartimos los argumentos del voto de mayoría de la Corte, porque estimamos, como también se plasmó en el voto de minoría, que no existen antecedentes serios y suficientes como para dar lugar al desafuero", dijo el defensor.

Por su parte, el persecutor penal expresó que la determinación del pleno de la Corte "significa un respaldo y un reconocimiento al trabajo serio que como Fiscalía realizamos durante este período para aportar antecedentes serios, graves, que en nuestro concepto ameritaban el desafuero del honorable diputado Chávez".

Asimismo, el fiscal declaró que ante un eventual juicio simplificado, que es lo que se realizaría al diputado, "obviamente tenemos todos los medios de prueba (…), tenemos la convicción que los antecedentes son suficientes para esa instancia procesal".

Nuevamente la labor de la Justicia está en tela de juicio por parte de la ciudadanía. La seguidilla de situaciones violentas en diferentes sectores del país y en la Región, como el caso del cajero del Servipag quemado en Hualpén, ha llevado a la comunidad a marchar o a manifestarse en contra de la delincuencia.

El seremi de Justicia, Jorge Cáceres, está consciente de esta situación y de que hay mejoras que se deben realizar a la actual legislación, pero sostiene que la evaluación a la justicia, y sobre todo a la reforma procesal penal, es positiva. "En general, el sistema está cumpliendo con esa necesidad", sostuvo la autoridad de justicia.

Cáceres afirmó que el problema radica en la percepción que existe en torno a la delincuencia, de la cual se tienen que hacer cargo. Recordó que desde 2003 a 2014 los delitos han bajado, pero la sensación de inseguridad se ha mantenido alta.

CUESTIONADA

-Sabemos que una de las funciones complejas y difíciles es administrar justicia, pero la evaluación que hacemos en general desde el Ministerio es positiva. Nuestro sistema jurídico está funcionando bien, cumple con los estándares internacionales. En general se evalúan en su contexto, en sus aciertos, y cuando se tiene sobre el 70%, se estima internacionalmente que éstos son buenos, y cuando son bajo el 50% se estiman que no sirven y que hay que cambiarlo. Aquí nos estamos refiriendo a todas las ramas (laboral, familiar, trabajo, etc).

-Es absolutamente positiva. Si lo comparamos con lo que teníamos antes, sin duda cumple con mayor número de condenados (…). Ahora, sobre el caso especifico, hay que recordar que los Tribunales de Justicia juzgan conductas. Se debe entender que el sistema jurídico penal es estricto y exigente. A cualquier persona no se le puede imputar un delito y dejarlo preso, tiene que haber pruebas, y cuando aparecen el tribunal actúa. En este caso específico, uno ve que el sistema operó bien, ya que no había pruebas contundentes y el tribunal se pronuncia diciendo "no ha lugar la prisión preventiva", pero la Corte de Apelaciones con más antecedentes la revocó. Entonces, se operó bien.

-Toda obra humana, por naturaleza no es perfecta, todo es perfectible. Por lo tanto, lo que hablamos es que el sistema está bien; muy bien, no; tampoco lo calificamos de excelente. Siempre se puede mejorar.

-

-Entre los puntos más esenciales es que la reiteración de delitos contra la propiedad de poca monta (robo, hurto y receptación) van a cumplir sus penas efectiva de cárcel, sin beneficios (de libertad). Se está haciendo carne lo que es el clamor popular (...). El mensaje es estricto, duro y fuerte. Que a estos se le acaba el recreo.

-No, no les hemos fallado. En los gobiernos de la Presidenta Michelle Bachelet ha sido un tema de preocupación fundamental el de la delincuencia. Nos ha dicho claramente "preocúpense de las personas (...)". Como gobierno tenemos que transmitir tranquilidad a la población y de que estamos preocupados del tema. No somos autocomplacientes y nunca vamos a decir que todo está bien. A esta familia le decimos que sí estamos preocupados (de la delincuencia) y que las instituciones funcionan.

PERCEPCIÓN

Pese a que las cifras asociadas a delincuencia han disminuido, tal como lo declara Cáceres, y que más de un 85% de las personas que cometen un delito quedan con la cautelar de prisión preventiva, la sensación de inseguridad por la delincuencia aumenta. Es por eso, dice, que este tema no es tan crítico como se plantea.

-Hay una sensación de inseguridad de la que tenemos que hacernos cargo todos los que intervenimos en esta materia, pero no debemos politizar el tema de la delincuencia. Se debe atacar con distintas herramientas que hay al respecto y una de estas es la privación de la libertad, pero no por clamor popular, porque si fuera así se pediría que estuvieran todos presos y se aplicaría la Ley del Talión.

-Es una sensación solamente, porque si se ve la tasa de delito del año 2013 y 2014, la delincuencia en Chile se mantuvo, pero si analizamos del año 2003, que coincide con nuestro sistema procesal penal actual, al 2014 tenemos una baja en la delincuencia. No lo digo yo, sino que incluso la Fundación Paz Ciudadana. En 2015 todos los delitos bajan, salvo el robo con intimidación, por lo que si nos vamos a las cifras duras, la delincuencia a lo más se ha mantenido y en los últimos 10 años ha bajado, pero la sensación ha estado alta y puede ser por varios factores.