Una mujer falleció producto de una violenta triple colisión vehicular ocurrida a la salida de Lonco, hecho ocurrido alrededor del mediodía de ayer en la ruta que une a Concepción con Chiguyante.

La víctima fue identificada como Amelia Teresa Benguria González, de 66 años, quien se trasladaba como acompañante de uno de los automóviles involucrados en la colisión.

De acuerdo a lo señalado por testigos, el hecho se produjo en los momentos en que uno de los móviles se dirigía desde la Costanera hacia el sector de Lonco, cuando fue impactado por otro vehículo menor que se dirigía hacia Concepción desde Chiguayante.

El denominado cruce Binimelis está regulado por un semáforo, por lo que se estima que uno de los conductores no respetó la señal luminosa de tránsito, lo que está siendo investigado por personal de la Siat de Carabineros.

Una vez ocurrido el accidente, los equipos de emergencia arribaron al lugar para asistir a los lesionados, pero las maniobras de reanimación realizadas a la víctima por el personal del Samu no lograron su objetivo, falleciendo en el lugar.

Tanto las ambulancias como Bomberos tuvieron ciertas dificultades para llegar hasta el lugar debido a la alta congestión que el propio accidente generó desde Chiguayante a Concepción.

Son 28 las causas que el ministro en visita extraordinario de Derechos Humanos y presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, mantiene vigentes. Todas en diferentes etapas procesales, pero avanzando para que en fecha próxima se dicte sentencia en varias, como son el caso Randolph y del ex intendente del Biobío, Fernando Álvarez.

Del total de casos que tiene aún el magistrado, 8 ya han sido fallados y se encuentran actualmente en proceso de apelación en el Tribunal de Alzada. En tanto, otras 6 causas están en plenario, es decir, que podrían estar próximas a ser falladas.

"Está la del ex intendente Álvarez, la de Randolph, la del profesor Velásquez de Tomé. Son varias las que están en etapa de plenario para dictar sentencia. Se prevén varias sentencias en los próximos meses", precisó el ministro Aldana.

Por último, el juez que está a cargo de los casos de Derechos Humanos de manera extraordinaria, señaló que hay otras 14 causas que están terminando la etapa de sumario.

Aldana, quien aclaró que este año no han ingresado nuevos hechos de esta índole, no quiso precisar en la fecha en que todos los procesos vigentes estarán finiquitados, pero aseguró que serán varios durante lo que resta del año.

CONFESIONES

Tras la información entregada por el ex conscripto Fernando Guzmán, muchas han sido las personas, organizaciones e incluso el gobierno, que han llamado a los militares a romper los pactos de silencio para que se diga la verdad respecto del destino de los detenidos desaparecidos.

El ministro Aldana, sin quitar mérito al llamado que se realiza y desde su experiencia, considerando que ha visto en 10 años más de 100 acciones de este tipo, precisó que en más de la mitad de los casos, la forma en que se aclararon las responsabilidades fue por confesión de los propios participantes. "Si el pacto de silencio, que lo hemos visto en todas las causas de Derechos Humanos, se mantuviera eternamente, muchas causas no se hubieran aclarado", expresó el ministro.

En esta línea, el juez expuso que situaciones de esta índole, donde los participantes confiesan, son varias.

"Ocurrió en las causas Alpha - Carbón, como en Laja-San Rosendo, en donde de los 14 procesados 13 están confesos, y empezó con una persona que reconoció su responsabilidad que conversó con el ministro en visita extraordinario, convenció al resto, conversaron conmigo y fueron confesando. Así se aclaró y la participación está prácticamente determinada", sostuvo el juez.

Otro caso que para el magistrado es muy similar al del ex conscripto Guzmán fue el de Rudy Cárcamo, porque fue uno de los integrantes del Departamento de Inteligencia de la Armada el que entregó información sobre la muerte de Cárcamo.

El miembro de la Armada no había participado del hecho, pero tuvo conocimiento de la detención y muerte por torturas al interior de la Base Naval. Estos antecedentes permitieron condenar a la cúpula del Departamento de Inteligencia, cuyos integrantes cumplen ahora condena, tanto en el penal Punta Peuco, como en un recinto de Puerto Montt.

"Muchos han confesado, han liberado sus conciencias y son la razón por lo que se ha condenado a una gran cantidad de personas. Ésta es la forma para que, después de tantos años, uno pueda adquirir la convicción de participación, porque si el pacto de silencio, que lo hemos visto en todas las causas de Derechos Humanos se mantuviera eternamente, muchos casos no se hubiesen aclarado", declaró el magistrado.

Aldana comentó que de los casos emblemáticos sólo en dos no ha existido esta instancia y que las responsabilidades han sido acreditadas de otras formas. Éstos corresponden a la muerte de José Randolph y del ex intendente Fernando Álvarez.

Respecto a la posiblidad de que hayan callado debido a las amenazas que sufrieron, el ministro Aldana contó que efectivamente muchos entrevistados por los casos hicieron alusión a este punto.

"Había un pacto sellado, bajo promesa de juramento, y siempre había personas que vigilaban para que éste no se rompiera. No obstante, la presión psicológica y el remordimiento era más fuerte y las personas confesaron", declaró el ministro, quien aseguró que con eso, sumado a las técnicas que aplican, se lograron muchas confesiones de personas que tenían antecedentes de muertes en la dictadura.