Aunque una de las motivaciones más importantes para aceptar un trabajo es el sueldo, ¿será posible ser feliz ganando un buen salario sin tener tiempo para poder disfrutarlo, trabajando en un ambiente hostil, sin ser valorado y con un horario poco compatible con la vida personal y profesional? Claramente la respuesta es no.

Es sabido que una de las razones por las que el dinero no compra la felicidad es porque las personas se adaptan rápidamente al nuevo nivel de ingresos o a la riqueza. Por eso, tanto o más importante que un buen sueldo es el ambiente laboral donde se relacionan y se desenvuelven las personas todos los días. Al fin y al cabo estamos muchas veces más de 9 horas del día en nuestros trabajos.

Así lo demuestra un reciente estudio de Mercer, que comprobó que a la hora de buscar trabajo, las mujeres en todas las generaciones privilegian los componentes más emocionales, tales como su equipo de trabajo y el equilibrio entra lo laboral y lo personal.

Hoy son cada vez más las empresas que reconocen que el clima en el trabajo tiene un impacto directo en la motivación, en el desempeño y en la productividad de sus empleados. Un ambiente positivo y de colaboración, sumado a un trabajo creativo y desafiante, retiene a los empleados y es, a su vez, también lo que los motiva a estar más comprometidos y a dar una milla extra.

Además de una remuneración atractiva, la estrategia de recompensa de las compañías a sus empleados tiene que estar enfocada en la atracción, motivación y retención de los talentos claves. El desafío, por lo tanto, es tener una propuesta de valor que motive y consiga identificar las claves del compromiso de los colaboradores, de manera de poder lograr una ventaja competitiva a largo plazo.

La tendencia actual es apostar a que los trabajadores se sientan realizados tanto profesional como a nivel personal. Ya se ha demostrado que los empleados felices y comprometidos son la base de las empresas exitosas y diferenciadoras. En definitiva, el llamado es a no olvidar que la gestión del clima laboral y el compromiso siempre es buena para la gestión de los negocios.

La discusión actual respecto al financiamiento de la Educación Superior de Chile, la de mayor nivel de financiamiento privado, sustentado en los aportes de las familias y el endeudamiento de los estudiantes, es como una nube oscura que ronda sobre una Caja de Pandora que, al parecer, pocos se atreven a destapar.

Quizás desde el inicio esté mal planteada la pregunta respecto a los criterios que se deben considerar para otorgar recursos a la educación superior, especialmente cuando se trata de la utilización de recursos del Estado. Por tanto, la primera constatación que debe efectuarse es esa: que estamos discutiendo acerca del uso de recursos del Estado cuya razón de ser es promover el bien común, máxime cuando se trata de recursos aportados por todos los chilenos.

Desde esa perspectiva pierde validez la discusión en torno a si tales recursos del Estado son direccionados preferentemente a las Universidades Estatales, agregando al G-9 y a otras universidades privadas fuera del Cruch en tanto que por razón de propiedad, tradición o por principio de inclusión han recibido recursos del Estado.

¿Qué universidades deben ser financiadas por el Estado? La respuesta lógica debiera ser que el financiamiento que sale del bolsillo de todos los chilenos sea otorgado a aquellas instituciones que, al igual que el Estado, promueven el bien común y aportan al bien común a través de sus procesos y productos de bien público, aparte que, además, lo hacen bajo las condiciones propias u homologables a las que desempeña el Estado, para dar garantías a la ciudadanía acerca de que su accionar cumple con el principio de la obligatoriedad de usar recursos públicos para lo que se otorgan y no para otra cosa.

¿Qué se entiende por bienes públicos que aportan al bien común, es decir que van en beneficio de todos sin excepción, y que es el sentido mismo del Estado como institución? La respuesta no está lejos. Está declarado en las actas fundacionales de las Universidades de Chile, Técnica del Estado, de Concepción, Federico Santa María, Austral de Valdivia, para nombrar algunas.

En términos de bienes públicos, todas ellas se comprometen al crecimiento del país a través de la formación de profesionales, el desarrollo de las ciencias, de la tecnología y las artes y entregando ciudadanos responsables, sin sesgos ideológicos, políticos ni religiosos.

La "producción" de estos bienes públicos debe efectuarse bajo procedimientos y procesos formativos concretos, de manera que la sociedad se beneficie de ellos de manera real, como por ejemplo la formación basada en las ciencias, en la experiencia probada, en el trabajo colaborativo y la resolución de problemas, en responsabilidad ciudadana.

La Municipalidad de Concepción no ha aceptado nuestras propuestas de mejoramiento del proyecto Rambla II en la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, próximo a construirse. Desde hace años a través de la Junta de Vecinos correspondiente hicimos varios y siempre vanos intentos por participar y lograr cambios en el proyecto, diseñado hace ocho añoss. Además de haber entregado en sucesivas oportunidades observaciones al diseño municipal, terminamos finalmente entregando tres diseños alternativos que, a nuestro juicio, apuntaban a una actualización y mejoramiento. Nada significante obtuvimos. Puede que haya problemas administrativos difíciles de resolver para hacer cambios antes de construir una obra pública, pero ¿siempre es tan rígido el sistema municipal para hacer mejoras? ¿O nuestras propuestas eran tan malas? Ya no podremos saberlo.

¿Para qué gobernantes y políticos, alcaldes y consejeros y concejales hablan de participación ciudadana cuando se trata de hacer alguna obra pública? ¿Qué es la denominada participación? Además del gobierno en general, hay ministerios que tienen hasta políticas de participación ciudadana, como el de Obras Públicas. Pero ¿de verdad la aplican en algún proyecto? Me temo que no. Hay grandes proyectos que ni siquiera se muestran públicamente antes de construirlos. ¿Conoce algún lector el proyecto Costanera a Chiguayante? ¿Conocieron los vecinos los nuevos y grandes cruces y enlaces de la Ruta 160 antes de verlos construidos? ¿Tuvimos opción alguna los penquistas de conocer el proyecto del Puente Llacolén, antes de que en su momento el ministro Lagos lo comenzara a construir ya bautizado donde a su ministerio se le ocurrió? ¿Se mostró y se discutió con la ciudadanía antes de hacerla la actual Rotonda Bonilla? Y las modificaciones que le harán ahora, menos aún.

Además de un mal diseño, el proceso para llegar a esta obra programada, la Rambla II, no fue claro, sino francamente cerrado y no participativo, lejano a lo que es la verdadera participación ciudadana, concepto que se menciona como una acción vibrante en políticas urbanas, pero que rara vez es bien practicada y menos aplicada, llegando ya a vérsela casi como un maniqueísmo. Transcribo textualmente una columna en El Mercurio de mi colega Pía Montealegre (ya que para que a uno lo tomen en cuenta no hay que ser penquista): "La participación ciudadana es un asunto complejo. Es una especialidad profesional que requiere competencias pedagógicas para explicar, psicológicas para escuchar e interpretativas para entender. No se improvisa, tiene objetivos claros y un método, ya que además de presentar los proyectos a la comunidad, cumple una importante función de dotar al vecino de herramientas de decisión. La participación es transferencia directa de poder al ciudadano. No basta con que el funcionario a cargo muestre un "mono", recite un reglamento e intente malamente ordenar un griterío. Se requiere comunicar los proyectos, asegurar que todos puedan expresarse y digerir la información que se les ha entregado."

Como dirigente vecinal y arquitecto, siento haber perdido el tiempo al interesarme en colaborar y mejorar un proyecto débil y anacrónico.