Acusan negligencia de Fiscalía por ocupación de casas en Tomé
El abogado Alejandro Espinoza, quien representa a la Inmobiliaria Sociedad Turismo Concepción, denunció negligencia por parte del Ministerio Público, ya que el organismo no ha solicitado el desalojo de 49 casas en el sector de Punta de Parra, comuna de Tomé cuya ocupación ilegal se concretó el pasado 8 de julio.
Para Espinoza, la Fiscalía está ante un delito flagrante y por tanto, cuenta con la facultada para decretar la expulsión de las familias. Sin embargo, hasta ayer ese hecho no se había producido.
También, el abogado destacó que lo sucedido es un mal precedente, pues la pasividad de las autoridades pueden dar espacio a que en el futuro cualquiera sienta el derecho de ocupar una propiedad de manera ilegal, sin preocuparse por las consecuencias de estos actos.
Espinoza precisó que las citadas casas estaban por ser entregadas, en algunos casos, o en proceso de venta en otros.
Desde el Ministerio Público, declinaron referirse, por ahora, a esta denuncia.
Medida desesperada
En tanto, dirigentes de los pobladores ocupantes de las casas, que provienen de Tomé, destacaron que su acción obedece a la necesidad de obtener una solución habitacional, que hasta hoy se les ha negado.
No obstante saben que incurren a una ilegalidad, destacaron que las viviendas llevan sin ocupantes desde hace más de diez años y que su precariedad pudo más al momento de tomar la decisión de tomarlas. Esperan hacer presión para que el gobierno les entregue una solución y destacaron que frente a un eventual desalojo "nos resistiremos hasta las últimas consecuencias", según destacó Cristián González, uno de los dirigentes.
ilegalidad
"Ante la ocupación de las casas, nosotros presentamos una querella por usurpación ilegal al día siguiente. Tras pasar por el tribunal, todo quedó a instrucción de la Fiscalía. Pedimos el desalojo, teniendo presente que estamos ante un delito flagrante y el Ministerio Público, teniendo la facultad de adoptarlo, aún no lo ha hecho", dijo el jurista Alejandro Espinoza.
Mencionó que "desde ese día (9 de julio) se le han pedido diversas audiencias a la Fiscalía para conocer de esta situación, sin embargo, hasta ahora no hemos sido recibidos por el fiscal. Se ha constituido el abogado que trabaja conmigo, Enrique Tapia, y no nos reciben".
Añadió que "no se han proveído las diligencias que hemos solicitado. Entonces, eso significa que el estado de derecho no funciona. Se ha actuado de manera negligente en este caso".
Finalmente, planteó que "esto es peligroso. No se puede sentar un precedente que cualquiera pueda apropiarse de la propiedad de otro, tal como ha sucedido en La Araucanía, donde las inmobiliarias piensan más de una vez, por los elevados costos que resulta construir casas en zonas que son complejas".
En tanto, el dirigente Cristián González, que representa a la agrupación "Juntos por un Sueño", dijo que "nosotros nos vamos a quedar aquí. Estamos conscientes que es ilegal, pero es la única forma de presionar al gobierno para que solucione el problema habitacional que hemos sufrido por años". Añadió que "estas casas llevan 12 años construidas y estaban botadas. Incluso, algunas tienen fisuras desde el terremoto, porque no han sido reparadas".