Con sorpresa recibió el ex alcalde de Bulnes, Rodrigo de la Puente, el veredicto que ayer dictó el Tribunal Oral de Chillán, donde después de dos semanas de juicio se determinó su culpabilidad en el delito de fraude al fisco, al igual que otros cuatro ex funcionarios municipales, quienes entregaron subsidios habitacionales de reconstrucción a vecinos que no fueron afectados por el terremoto del 27 de febrero de 2010.

La audiencia se realizó pasadas las 16.30 horas, después de un receso de cuatro horas en que se le dio el derecho al uso de la palabra a los seis acusados que llegaron al estrado. Sin embargo, tras rechazar la alternativa, los tres jueces que compusieron la segunda sala del Tribunal Oral determinaron el veredicto, que liberó de todo los cargos sólo a la ex administradora municipal, Silvia Orrego.

No obstante; a Rodrigo de la Puente, ex alcalde; Luis Muñoz, delegado territorial de la Intendencia de la época; Nivia Jiménez, encargada de la Egis municipal; Hugo Soto, inspector técnico de obras (ITO), y finalmente, Carlos Rodríguez, director de Obras municipales, se les condenó por el delito de fraude al fisco frustrado. Pero además, a estos tres últimos se les agregó una condena por falsificación de instrumento público.

Falsos subsidios

Según dictó en su veredicto el juez presidente de la Segunda Sala del tribunal, Óscar Ruiz, el origen del delito estuvo tras el terremoto de 2010, cuando el Gobierno dispuso de un subsidio especial.

"Para postular a este sistema de subsidios habitacionales, la normativa exigía tener la calidad de damnificado y no ser propietario, ni su cónyuge, de otro inmueble de carácter habitacional o cuando su respectivo certificado no indicara su calidad de dañado", recordó Ruiz.

En este contexto, se le entregó el beneficio a 21 vecinos de los comité de viviendas Nueva Aurora y Santa Clara de la comuna de Bulnes, sin estar ellos en calidad de damnificados. En caso de haber recibido el subsidio, habría significado un perjuicio al fisco en el orden de los $236 millones.

Tras el juicio, que se inició el 22 de junio, el tribunal dio por acreditado que los cinco acusados cometieron fraude al fisco en grado frustrado "porque se comprobó que pusieron de su parte todo lo necesario para cometer el ilícito, lo que no se consumó por causas independientes".

Reacciones

Tras el veredicto, cada defensa de los condenados solicitó que se les reconociera como atenuante la irreprochable conducta anterior, además de la colaboración sustancial con la investigación.

En el caso de la defensa de Carlos Rodríguez, su abogado, Miguel Angel Reyes, señaló que en caso de que los jueces ponderen positivamente su petición, "su pena podría bajar a una pena de 541 días y otros 541 días en ambas situación. En ese escenario podría tener pena remitida", sin perjuicio de presentar un recurso de nulidad cuando se conozca la sentencia, el próximo 15 de julio.

Además, Reyes señaló que solicitará la rebaja en la multa de 452 Unidades de Fomento solicitadas por la fiscalía porque "no hubo pérdida fiscal, así que pensamos que el tribunal podría reducirla".

Por su parte, el fiscal Pablo Fritz, que llevó en adelante las diligencias de investigación junto a la fiscal Paulina Valdebenito, dijo estar conforme con la resolución del tribunal.

"Se acogieron la mayor parte de los argumentos esgrimidos por fiscalía (...) y se dictó condena contra funcionarios públicos que están llamados a respetar el principio de legalidad", dijo Fritz, quien destacó que "el Ministerio Público representa los intereses de toda la comunidad para salvaguardar los pocos casos de corrupción que tenemos y ocupan mucho tiempo en perseguirse penalmente".