La Corte Suprema de Estados Unidos avaló la legalidad de las inyecciones letales con midazolam, un polémico sedante que en 2014 falló en tres ocasiones provocando un sufrimiento prolongado en los presos a los que fue administrado.
El fallo, apoyado por cinco de los nueve magistrados de la corte, autoriza a estados como Oklahoma y Florida a reanudar la aplicación de la pena capital, paralizada desde enero.
La demanda contra el midazolam fue interpuesta por cuatro presos condenados a muerte en Oklahoma al cuestionar que su uso viola la octava enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de "castigos crueles o inusuales".
El caso tiene su origen en la ejecución en abril de 2014 de Clayton Lockett en Oklahoma, un preso que agonizó durante 43 minutos después de que le suministraran una inyección defectuosa y cuyo casó abrió la polémica en el país.
Aunque la de Lockett fue la que tuvo más repercusión, otras dos ejecuciones en Arizona y Ohio tuvieron características parecidas.
Los estados empezaron a utilizar este sedante en 2013, cuando los proveedores europeos de componentes para la inyección legal se negaron a seguir vendiendo sus productos.
Con esta decisión, la Suprema abre la puerta a que Oklahoma ejecute a Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole, los presos de la demanda. El cuarto preso de la acción legal, Charles Warner, recibió la inyección letal en enero, una semana antes de que la corte dictara la suspensión de las ejecuciones a la espera del fallo de ayer.
