Combo doble
En una jugada hábil, la Presidenta Bachelet, anunció para septiembre el inicio de un "proceso constituyente" que desembocará en una nueva Constitución. Hábil, pues de la mano de las medidas anticorrupción dadas a conocer el pasado martes, la Mandataria aprovechó la instancia para poner sobre la mesa un tema del que existe alta expectación e interés político, como lo es el cambio de Constitución.
Y así fue. La atención de la opinión pública se ha centrado por estos días en el denominado "proceso constituyente", pasando a segundo plano las medidas de probidad propuestas por la comisión Engel. De esta manera, la Presidenta cambió el eje de discusión sobre el cual ha estado entrampado su gobierno y el mundo político en los últimos seis meses, y lo reemplazó por uno donde sabe existe cohesión interna de su conglomerado, desde donde se afirma que la actual Constitución es la causante de todos los males que aquejan al país.
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Con esta actitud, queda la sensación de que el gobierno quiere dar rápidamente vuelta la página y superar el estancamiento que le ha generado los casos Caval y Soquimich. Y si bien está en su derecho buscar mecanismos para no seguir en este marasmo, mientras no haya un esclarecimiento total de los hechos, mientras la verdad se siga conociendo "a gotas", continuará quedando una nebulosa en materia de corrupción que no le hace bien al país.
El ruido que genera el anuncio de una nueva Constitución, sin duda va a distraer el trabajo legislativo que se espera realicen con profundidad y rigurosidad nuestros parlamentarios. Muchos de ellos están más interesados en analizar y discutir los mecanismos que se emplearán para cambiar la Constitución, que trabajar en el contenido mismo de las medidas para combatir la corrupción.
Son estas medidas las que más urgen, las que mayor atención requieren en estos momentos de parte de las autoridades, pues si no se actúa con prontitud y severidad, la legislación que salga al respecto, terminará siendo vaga, genérica y en muchos casos violable. Como ocurre en algunos casos, "hecha la ley, hecha la trampa".
El gobierno perdió una vez más la oportunidad de demostrar con hechos concretos que el mea culpa reconocido hace algunos días es verdaderamente cierto, y no una simple demostración retórica sin contenido válido.