La Séptima Encuesta realizada por la Universidad del Desarrollo y El Sur ha recogido la opinión mayoritaria de las personas, en el sentido de que no desean que el Estado gaste recursos en financiar de manera permanente a los partidos políticos.

La encuesta presencial se realizó a 587 entrevistados mayores de 18 años, en Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Hualpén y San Pedro, los días 11 y 12 de este mes, en momentos en que los medios de comunicación difunden las irregularidades que se han descubierto en el financiamiento de las campañas políticas, a través de la emisión de boletas falsas o asesorías ficticias a empresas.

Una de las conclusiones reveló que el 77% de los encuestados se opone a que el Estado financie a los partidos, versus el 19% que está de acuerdo. Esto resulta paradojal porque también hay una fuerte oposición a que las empresas sean financistas de esas actividades, tema en el que indudablemente influyen los casos de irregularidades que se han conocido. El debate entonces deberá darse respecto a cuáles deberían ser -finalmente- las fuentes de financiamiento. Con seguridad, el Consejo Asesor contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción, creado el 11 de marzo de este año por la Presidenta Michelle Bachelet, deberá entregar sus propuestas al gobierno mañana, con el fin de que el Ejecutivo elabore los proyectos de ley destinados a resolver los temas en cuestión.

También en la encuesta regional, el 92% se inclina porque los candidatos que no respeten la normativa que regula las elecciones deben perder el escaño o cargo que hayan ganado. Y el 86% cree que debe limitarse fuertemente la contratación de familiares de parlamentarios o de autoridades de gobierno en la administración pública. Asimismo, la mayoría está de acuerdo con limitar las reelecciones de parlamentarios, alcaldes, concejales y consejeros regionales.

Si bien es cierto que preocupa en Chile la baja aceptación que ostentan las colectividades partidistas, ello debe ser constatado como una oportunidad para que los políticos asuman las correcciones. Ello nos insta a la reflexión y a no repetir los graves excesos y trastornos del pasado cometidos por una clase política que alentó un divisionismo que nos precipitó a una grave crisis institucional, que acabó por distanciarnos del gran objetivo de sacar adelante el país.

Parece absurdo que el gobierno pretenda continuar, casi como si no hubiera pasado nada, con lo que considera su tarea "refundacional" del país (o que siga "pasando la retroexcavadora"), si al mismo tiempo está sumido, al igual que toda la clase política, en este verdadero pantano de ilegitimidad y descrédito que cada día se agranda y profundiza más, sacado a la luz por él mismo, con el propósito de dejar fuera de combate a un partido de oposición, acusándolo de prácticas que muchos de sus propios adeptos también realizaban.

Así abrió -sin querer- una Caja de Pandora, saliéndole el tiro por la culata, al punto que ahora están casi más asustados ellos, por lo que pueda venir, que sus adversarios.

Además, existen indicios que varios de estos posibles implicados están trabajando, sea abierta o solapadamente, más en evitar eventuales coletazos de este verdadero huracán político, que en tareas propiamente legislativas. Por tanto, además de la falta de legitimidad del gobierno para erigirse en adalid de este proceso refundacional, tampoco le estarían dedicando el tiempo que dicha labor requeriría.

Toda esta lamentable situación contrasta con el ímpetu que a ratos se muestra por impulsar el programa de gobierno, incluso pretendiendo acelerarlo en ciertos casos, como con la reforma laboral, a la cual además, se han introducido importantes modificaciones de última hora.

Es como si de repente surgiera el apuro por aprobar estos cambios, antes que la cosa empeore aún más, ya que no pasa un día en el cual no aparezcan nuevos antecedentes, algunos francamente increíbles, que no hacen sino aumentar la complejidad y gravedad de esta situación, de lejos, la peor que ha tenido nuestra clase política desde el retorno a la democracia.

En consecuencia, en un ambiente tan enrarecido, de tanto recelo, en que las suspicacias y las desconfianzas no hacen sino crecer y crecer, parece impresentable que en el plano de las reformas legislativas, se actúe casi como si no hubiera pasado nada, se apure el tranco y no se cambie ni una coma el programa de gobierno.

Una actitud semejante no le hace bien al país, pues la legitimidad de las autoridades no se fundamenta solo en la manera en que han llegado al poder, sino sobre todo, en el modo de ejercerlo; o si se prefiere, dicha legitimidad no se adquiere de una vez para siempre (ni es, por tanto, un cheque en blanco), sino que debe mantenerse. Ello, sin perjuicio que de haberse sabido estas prácticas, seguramente las últimas elecciones hubieran tenido un resultado muy distinto.

Por eso, seguir en esta verdadera burbuja legislativa no hará más que empeorar nuestra ya difícil situación.