Como un paso importante, pero no el único que falta por concretar, fue calificada la confirmación unánime del Tercer Tribunal Ambiental de las millonarias multas asignadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) a Endesa por incumplimientos en la Central Termoeléctrica Bocamina de Coronel.
Así lo manifestó Marisol Ortega, presidenta del Sindicato de Algueras de Caleta Lo Rojas, de la comuna coronelina, uno de los gremios que se resiste con más fuerza a la presencia de las instalaciones energéticas en ese punto de nuestra zona. 'Estamos alegres que haya ocurrido esto, pero aún faltan muchas cosas por hacer en este tema', señaló la dirigenta.
El Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en Valdivia, dio a conocer ayer la resolución, con fecha 27 de marzo de 2015. No cabe duda que un punto importante de ésta se refiere a la confirmación en las multas determinadas por la SMA el 11 de agosto del año pasado (resolución exenta 421), sin embargo, también es relevante que el ente jurídico ordenó un recálculo en el valor de una de las sanciones mencionadas por la superintendencia, acogiendo así, parcialmente, la reclamación de los habitantes de Lo Rojas.
Este punto consiste en que la operación de todo o parte del Proyecto de Optimización Central Bocamina II Unidad no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Según se expresa en el escrito del tribunal, este aspecto era conocido por la empresa, por lo que se aduce 'intencionalidad' de ésta, razón por la cual es necesario corregir el valor del castigo original.
En agosto pasado, la SMA determinó multas que suman 8.640,4 Unidades Tributarias Anuales (UTA), correspondientes a $4.370 millones, monto que debería subir por el recálculo ordenado.
'Estamos contentos porque una vez más el tribunal nos dio la razón, en el sentido que, junto con la legislación ambiental, el tribunal acogió uno de nuestros planteamientos y ordenó considerar el conocimiento anterior que tenía Endesa', complementó Sebastián Inostroza, abogado representante de las algueras, pescadores y vecinos que se oponen a la termoeléctrica.
Diario El Sur quiso obtener una opinión de Endesa respecto a la definición realizada por el Tercer Tribunal Ambiental, no obstante se indicó que recién ayer en la mañana se notificó a la empresa sobre la decisión, por lo que los abogados de ésta se encontraban estudiando el fallo y se restarían de entregar declaraciones por el momento.
DETALLE Y CARGOS
Cabe recordar que la Central Termoeléctrica Bocamina es un complejo industrial generador de energía eléctrica a base de carbón, el que posee dos unidades generadoras. La primera fue puesta en servicio en 1970 y cuenta con una potencia aproximada de 128 MW. Dado su año de construcción, no fue sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental.
La segunda unidad, proyecto denominado Ampliación Central Termoeléctrica II Unidad (Bocamina II) de acuerdo con la RCA N°206/2007), está equipado con tecnología de combustión de carbón pulverizado, de aproximadamente 350 MW de potencia instalada.
Los cargos incluidos en la resolución 421 y que fueron confirmados por el tribunal son nueve, pero se asocian en aquellos vinculados a incumplimientos a exigencias establecidas en la RCA N°206/2007, para el proyecto Ampliación Central Bocamina II Unidad; requerimientos de información efectuado por la SMA; y desarrollo de actividades del proyecto de optimización para las que la ley exige una Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella.
SUSPENSIONES
La central Bocamina mantiene suspendidas sus operaciones desde enero del año pasado, por determinación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, tras acoger un recurso de protección de algueras y pescadores de Coronel por los efectos que estas instalaciones generan en el medioambiente.
Hay que agregar que el 16 de marzo de este año la Comisión Evaluadora Ambiental aprobó el plan de optimización de Bocamina II, el cual implica una inversión de US$184 millones.
La iniciativa busca mejorar los aspectos ambientales y de seguridad deficientes de la unidad para volver a operar. El plan obtuvo nueve votos de aprobación, sólo manifestando su rechazo la seremi de Economía, Isabel Monsalve.
El ente judicial adujo
