La mesa directiva de la UDI celebró ayer su primera reunión después de la renuncia del diputado Ernesto Silva a la presidencia del partido, cargo que dejó en medio del caso Penta y la arista que involucra a militantes de la colectividad, y luego de recibir críticas por la forma en que manejó la crisis.

En la cita de ayer se analizaron los pasos a seguir después de la salida de Silva, ratificando al diputado Javier Macaya como timonel interino de la tienda gremialista y avanzando en la preparación del consejo general del próximo 10 de abril, donde se elegirá al nuevo presidente de la colectividad.

Luego del encuentro, Macaya sostuvo que "hay mucha discusión que tener" respecto del futuro presidente de la UDI y recalcó que "es muy anticipado tomar definiciones en torno a nombres". Esto, a raíz de que como posibles reemplazantes de Silva suenan los nombres de los senadores Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma y Víctor Pérez, además del ex ministro Andrés Chadwick, el diputado José Antonio Kast y el vicepresidente de la UDI Francisco de la Maza.

"Yo creo que acá lo que importa es el proyecto colectivo, un proyecto que tiene que ver con cómo somos capaces de sacar a la UDI adelante", sostuvo Macaya, quien presidirá interinamente la UDI hasta la realización del consejo general.

Al ser consultado sobre si estaría disponible para presentar su candidatura al cargo, Macaya respondió que "cualquier militante de la UDI tiene que estar dispuesto, cualquier persona, desde los concejales, alcaldes, parlamentarios tiene que estar dispuesto a asumir el desafío, en la medida en que se anteponga el interés colectivo sobre el individual en esa definición".

El parlamentario opositor recalcó que lo más importante es trabajar por la unidad del partido, y reconoció que "han existido matices y diferencias en lo que puede ser un momento difícil".

El miércoles, al comunicar su dimisión, Silva habló de un "riesgo de división" a partir de declaraciones de algunos dirigentes del partido que cuestionaron su conducción frente a la crisis por el caso Penta.

El diputado y vicepresidente de la UDI José Antonio Kast se sumó al llamado de Macaya y dijo que "todos tenemos que estar dispuestos a colaborar".

"Nadie en este minuto tiene que descartar ni afirmar nada, yo creo que de las cuatro semanas tenemos que tener dos para conversar con muchas personas (...) yo creo que todos tenemos que estar dispuestos a colaborar, la conducción de la UDI no es en solitario", aseveró.

Situación de militantes

En relación a si se tomarán nuevas medidas respecto de los militantes que han sido vinculados al caso Penta -situación que también causó la renuncia del senador Iván Moreira a la vicepresidencia del partido-, Macaya reiteró la posición de la colectividad sobre dejar que las instituciones funcionen y que esperarán a que la justicia emita algún veredicto.

Respecto del caso particular del ex senador Jovino Novoa -quien es miembro de la Comisión Política del partido-, el diputado descartó que éste vaya a dejar su puesto en dicha instancia partidaria, asegurando que ese punto "no está en discusión". Su posición también fue compartida por el senador Juan Antonio Coloma.

Además de Iván Moreira, también son investigados por supuesto financiamiento irregular de sus campañas electorales la senadora Ena Von Baer y el diputado Felipe de Mussy.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó ayer el recurso interpuesto por el gerente general de Soquimich (SQM), Patricio Contesse, para frenar la entrega a la fiscalía de información contable de la empresa entre 2009 y 2014.

Esta resolución permite a la fiscalía realizar diligencias en la empresa, parte de la nueva arista del denominado caso Penta y relacionada con una presunta emisión de boletas de honorarios ideológicamente falsas.

cautela de garantía

El miércoles, el abogado de Contesse, Samuel Donoso, presentó un recurso denominado cautela de garantía para aclarar las indagatorias realizadas por la Fiscalía.

La oposición del representante radica en un "exceso de atribuciones" de los persecutores y estaba basada en un artículo del Código Tributario que indica que sólo se pueden investigar este tipo de delitos previa denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La querella del SII sólo apunta a una boleta del ex subsecretario Pablo Wagner y su cuñada María Carolina de la Cerda emitida en julio del 2009.

La acción buscaba acotar el trabajo del Ministerio Público sólo a esa fecha, que ya está siendo investigada, y que éste se abstuviera de realizar diligencias, como incautaciones, respecto de otros periodos.

Por lo anterior, sostenía que la documentación requerida por el Ministerio Público "excede con creces el ámbito de la investigación que la Fiscalía tiene en virtud de la querella presentada".

RESOLUCIÓN

Sin embargo, la jueza Alicia Rosende señaló en su resolución que si la presentación pretendía que el Tribunal ordenara al fiscal a cargo de esta investigación dejar sin efecto o suspender citaciones, o acotar las diligencias que actualmente está llevando a cabo, "lo cierto es que este Tribunal carece de facultades para ello, siendo el Ministerio Público quien, por expreso mandato constitucional y legal, tiene la dirección exclusiva de la investigación".

Añadió que si la parte solicitante estima que "el Fiscal está actuando de oficio, al margen de la legalidad vigente, lo cierto es que es la propia Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público la que establece la responsabilidad de los fiscales por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, no correspondiéndole a este Tribunal emitir un pronunciamiento al respecto".

Ayer se reunieron los directivos de SQM con el objetivo de determinar los pasos a seguir a raíz de la incautación de los documentos de la empresa y evaluar su posible entrega. El miércoles, la firma presentó un comunicado en la que sostiene que "no ha presentado ninguna cautela de garantías para evitar la entrega de información al Ministerio Público".

críticas a la fiscalía

El subdirector jurídico de la entidad, Cristián Vargas, acusó ayer al Ministerio Público de no enviar los antecedentes suficientes para presentar una acción legal en el caso de SQM.

"Estamos pidiendo los antecedentes respecto de los periodos que nos ha informado la fiscalía. No ha habido demora. Son los tiempos que se tarda en requerir los antecedentes cuando los hemos conocido y cuando éstos no son suficientes, nosotros tenemos que recopilar lo que indica la ley. (Pero los datos que ha enviado la fiscalía) para fundar adecuadamente una acción penal han sido insuficientes", dijo.