El envío del Mensaje de la Presidenta de la República a la Cámara de Diputados el 31 de enero del presente año inaugura el debate legislativo sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales: evitar un peligro para vida de la mujer, cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo es producto de una violación.

La opinión pública desconoce que la prohibición absoluta del aborto en nuestro país en 1989 no modificó la disminución sostenida de la mortalidad materna y mortalidad por aborto en los últimos 50 años. Por lo tanto ni la evidencia científica al respecto ni el cambio en el estado del arte médica sustenta el hecho que modificar la actual legislación vaya a disminuir la mortalidad materna al despenalizar el aborto.

Sin embargo, el proyecto presentado por el gobierno contempla importantes ambigüedades que hacen sospechar que no se trata sólo de una despenalización sino una legalización por las causales descritas y que, eventualmente, se repetirá la experiencia del concierto internacional donde el aborto aumenta año a año.

Los límites de edad gestacional para terminar con la vida de niños no nacidos, sólo especificados en la causal de violación, han sido formulados de manera arbitraria y se ha ampliado hasta las 18 semanas de vida intrauterina en caso de menores de edad hasta los 14 años. Las patologías maternas ya no especifican una grave condición que afecte la vida de la madre sino un riesgo presente o futuro (potencial) lo cual se contrapone a un actuar médico proporcionado a una situación de gravedad objetiva y actual que exime de responsabilidad en los casos dramáticos en que es lícito actuar teniendo como efecto no querido la muerte fetal. Adicionalmente, no hay especificidad respecto al diagnóstico de las patologías embrionarias o fetales incompatibles con la vida extrauterina, el cual sólo requiere de la opinión de dos médicos cirujanos, cuyas experticias claramente distan de un especialista perinatólogo. Finalmente, el proceso de constatación de la causal de violación es incierto, al no requerir un proceso penal, y la persecución penal del violador podría verse comprometida al eximir al equipo médico de la denuncia correspondiente.

Las mujeres no se beneficiarán con estas medidas. Al contrario, agregarán riesgo a su salud mental y física, tendrán que vivir con el dolor de haber permitido poner fin a la vida de un hijo, muchas veces solas y sin redes de protección. Muchas de ellas no modificarán necesariamente las circunstancias en que estos embarazos vulnerables se han gestado y por tanto reiteraran una y otra vez esta experiencia traumática.

Rechazamos la propuesta del Ejecutivo al no tener sustento científico serio, ser ambiguo en sus términos y poco transparente en su elaboración. Se debe propiciar un trato más respetuoso y humano del binomio madre-hijo acompañando y no abandonando en las dificultades,previniendo el mal social que es el aborto.

Dr. Cristián Vargas Manríquez

Red por la

Vida Concepción

Cumplido el primer año de gobierno de la Presidenta Bachelet, es tiempo prudente para realizar evaluaciones. Creo justo que esta evaluación se haga de una forma más o menos objetiva, por eso la realizaré desde las metas y plazos autoimpuestos por la Mandataria, en base a las promesas o compromisos realizados en tres ocasiones: El documento denominado "50 compromisos para los primeros 100 días de Gobierno" de fecha 7 de octubre de 2013; el "Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018" de fecha 27 de octubre de 2013; y los cuatro párrafos dedicados al tema indígena contenidos en su Discurso Presidencial del 21 de mayo de 2014.

En el primer documento, electoralmente innecesario pero políticamente correcto, la en ese entonces candidata, realizó una serie de promesas de campaña, las que en materia indígena fueron sólo 3. En éstas se compromete a enviar un proyecto de ley con discusión inmediata confiriendo el rango de ministro de Asuntos Indígenas al director de la Conadi, enviar proyectos de ley que crean el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, con carácter autónomo y representativo de los diversos pueblos que existen en Chile y a anunciar una Agenda para el Desarrollo de los Pueblos Originarios.

En su Programa de Gobierno, lanzado 20 días después de sus "50 compromisos" se reiteran los tres promesas anteriores, agregándole un compromiso a destacar, cual es la creación de una comisión de personalidades representativas de la sociedad chilena e indígena que estudiaría los casos judiciales provocados por la aplicación de la Ley Antiterrorista, esta comisión iba a proponer, en el plazo de seis meses desde constituido el nuevo Gobierno, las medidas y recomendaciones necesarias para atender las denuncias de violencia y abuso policial en contra de las comunidades indígenas. Cabe señalar que es en su programa donde por primera vez se habla de derechos y de consulta.

En su discurso del 21 de mayo, junto con proponer un nuevo trato, vuelve a prometer las 3 medidas anunciadas 7 meses atrás, agregándole esta vez la olvidada consulta previa de acuerdo al Convenio 169 y al D.S. 66. En esta oportunidad profundiza sobre la Agenda de Desarrollo Indígena, señalando que se desarrollará mediante un proceso participativo y sobre la base de diagnósticos que a esa fecha habían elaborado de forma conjunta con las comunidades.

A 365 días de su Gobierno, podemos ver como ninguna de las tres medidas anunciadas para los 100 primeros días se han cumplido; la comisión de personalidades no ha sido aún anunciada ni creada, por lo que difícilmente pudo entregar sus conclusiones a 6 meses de instalado el Gobierno, y de la Agenda de Desarrollo, la única noticia que se ha tenido, es vía transparencia, donde el subsecretario de Servicios Sociales señala que los diagnósticos que le darían base no existen.

Terminado el primer año del segundo gobierno de Michelle Bachelet, podemos apreciar cómo la inexperiencia, ignorancia y desidia de los encargados de las políticas indígenas, han llevado al gobierno de todos y todas a tener un cumplimiento de 0% en materia indígena.

Es de esperar que en lo que queda de Gobierno, alguna de estas medidas vea la luz.

Ignacio Andrés Malig Meza,

Abogado, MBA.

Se terminaron las vacaciones, compramos uniformes, útiles escolares, pagamos la patente, inscribimos asignaturas, conocimos gente nueva, etc. En pocas palabras, comenzó marzo, odiado por muchos, querido por pocos, sin embargo, es una de las mejores etapas del año para dar pie a nuestro futuro país desde la formación e interés social de nuestros futuros profesionales.

Hoy en día donde hay gente que encuentra que 6 mil quinientos millones de pesos "no es tanta plata", es bueno "enterarse por la prensa" de una actividad que cada vez es más popular dentro de las instituciones de educación superior. Es el siempre recordado mechoneo, antigua y no muy aceptada tradición de bienvenida que realizaban las carreras universitarias al momento de dar inicio los novatos o mechones. Sin embargo, esta tradición con el tiempo se ha ido transformando y además de manera positiva dejando de lado los juegos y recortes de calcetín, transformándose en actividades solidarias, en pro de la comunidad con un objetivo claro y relevante, sembrar esa inquietud social en nuestros jóvenes que se transformaran en un aporte para nuestro país.

Inculcar desde el momento inicial en la vida estudiantil de nuestros jóvenes la importancia del rol social, de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos con nuestro entorno y como este se desarrolla, es la principal herramienta para formar los futuros agentes de cambio para Chile, y es a través de esta formación que enriqueceremos tanto nuestra sociedad como el perfil de quienes egresan de las distintas casas de estudios que existen. Obviamente no todas están en ejercicio de esta tremenda iniciativa, sin embargo, cada año son más quienes se suman en adoptarla y replicarla.

Un futuro profesional con visión social, inquietud de aportar a la comunidad y con la experiencia en terreno de la desigualdad que enfrentamos día a día como sociedad en diversos ámbitos, es un real aporte a nuestro desarrollo como país y cultura, un agente de cambio que no sólo trabajara día a día por su propio bienestar, sino que, compartirá conocimiento, experiencia y sus ganas de contagiar a otras personas y nuevos jóvenes con lo que ha vivido, ya que es el agente de cambio quien mostrará a la sociedad desde la plataforma en que se encuentre, una oportunidad para ser un aporte real a la comunidad.

Copiemos lo bueno, impregnemos un sello, y sigamos aportando a nuestro país agentes de cambio para el cambio, con los valores e intereses que aporten a un gran bien común, un mejor Chile.

Eduardo Quinteros Rodríguez.

Director Asuntos

Estudiantiles Aiep

Concepción