En el mundo globalizado en que vivimos, es creciente la vinculación o interrelación que se da entre la academia, las instituciones públicas y las empresas, lo que es conocido como "triple hélice". En Chile, es mucho más visible la relación entre universidades y Estado, lo cual se manifiesta de diversas formas y bajo distintos instrumentos. Existe una historia de relaciones entre ambos, que varía o cambia de énfasis, según los momentos y circunstancias, pero que está ahí, privilegiando acciones y medidas concretas. Muchos instrumentos han sido puestos al servicio de las universidades, para el desarrollo de investigaciones, creación de capacidades físicas y humanas, formación de capital humano, becas de postgrado, etc.

Sin embargo, cuando revisamos la relación entre academia y empresas en nuestro país, vemos que el desarrollo de la misma, es mucho más modesta, en comparación con la que se registra con el gobierno, siendo en países desarrollados, todo lo contrario. En esos países, las empresas participan activamente en la ejecución y financiamiento de actividades específicas y promueven la materialización de programas de largo plazo, para la formación de profesionales a través de pasantías o prácticas profesionales, estadías de corta duración en las empresas, otorgamiento de becas para estudiantes de pre y postgrado, entre otras acciones que, adicionalmente, generan un flujo de personas que es altamente enriquecedor para ellas mismas, pero también lo es para las instituciones y empresas que participan de esta relación bilateral. De esta forma, no solo es deseable que se dé esta mancomunión de intereses sino que, en la actualidad, es una necesidad que se requiere cultivar, materializar y acrecentar.

Cualquiera sea el currículo que se aplique, la presencia de alumnos en la industria, en su calidad de tales, genera beneficios para todos, que con los debidos resguardos, debiera promoverse. Por ello, nos parece muy acertado y conveniente, que algunas empresas tengan definidos y hayan puesto en práctica, programas de becas para apoyar los estudios de pre y postgrado, de estudiantes universitarios que cursan programas tendientes a la obtención de diversas profesiones que, en muchos casos, ni siquiera tienen que ver con los objetivos ni sectores de actuación de las propias empresas. Nos parece destacable el compromiso social de esas empresas y su necesidad de crear valor compartido, que se traduce en acciones específicas concretas, que facilitan la movilidad social, y que van en ayuda directa de los beneficiarios.

Para la Universidad, cuya misión es formar profesionales, crear conocimiento a través de la investigación y formular respuestas a los grandes problemas de la sociedad en que está inserta, resulta fundamental y estratégico, perseverar en el cultivo de relaciones de largo plazo con la industria. La búsqueda de la verdad y el involucramiento con lo real exige una intensa convivencia con el mundo exterior. Si esta construcción de puentes se inicia, a través del otorgamiento de becas a estudiantes, resulta doblemente meritorio, y merece todo nuestro reconocimiento y el de la comunidad.

Nos congratulamos con la iniciativa que desarrollara recientemente Enap Refinerías que, como parte de su compromiso con la comunidad, ha apoyado los estudios de educación superior de un grupo de jóvenes de las comunidades aledañas a la Refinería Bío Bío, mediante el otorgamiento de 13 becas a alumnos regulares de la Universidad de Concepción. Los beneficiados con esta beca son alumnos residentes en Hualpén y Talcahuano, con un buen rendimiento académico y que cursan carreras vinculadas a las áreas de desarrollo de Enap Refinerías S.A.

Se celebró el Día Internacional de la Mujer, también conocido como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, debido a que su espíritu es la conmemoración de las luchas que se han dado por la participación social y desarrollo personal de la mujer en igualdad de derechos que el hombre. Ya en 1977 la asamblea general de la ONU proclamó el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, destacando la relevancia social que tiene avanzar en materias de igualdad de derechos para la mujer.

Es por ello que no podemos dejar de celebrar el envío reciente, por parte del Ejecutivo, del proyecto de ley para despenalizar la interrupción del embarazo en tres situaciones: a) cuando hay peligro para la vida de la mujer o riesgo de una grave afectación a su salud física, b) cuando el embrión o feto padece malformaciones congénitas o genéticas incompatibles con la vida extrauterina, o c) cuando el embarazo es producto de una violación, estupro u otro abuso.

La materialización de este proyecto de ley constituirá un avance en términos de derechos para las mujeres de nuestro país, volviendo a poner a Chile en la senda que siguió hasta antes de la dictadura militar. No olvidemos que a principios del siglo pasado (en los años 30) se permitió la interrupción del embarazo por razones terapéuticas en el marco de la dictación del código sanitario, lo que se ratificó con la aprobación de un nuevo código en el gobierno del Presidente Frei Montalva, en los años 60. Así, el aborto terapéutico fue una prestación de salud, reconocida y avalada en nuestra sociedad, hasta su prohibición por la dictadura militar en el año 1989.

Quizás la mayor dificultad que entraña la aprobación de este proyecto radica en la tercera causal: el aborto en casos de embarazos producto de una violación o abuso sexual. Sin entrar en el debate en relación a qué entendemos por vida humana, su inicio y otras consideraciones, la violación supone tal trauma para la víctima, que negarle la posibilidad de decidir si debe llegar a término o no con ese embarazo, es un grave atentado a sus derechos fundamentales. Nuestra Constitución Política no sólo consagra el derecho a la vida, sino también a la integridad física y psíquica de las personas.

Como se ha señalado, los derechos de las mujeres están en el centro de esta propuesta. Es la mujer quien decide qué hacer en estos complejos casos -no un/a médico/a, familiar u otra persona-, exigiéndose como supuesto básico la expresión de voluntad libre de la mujer, sin la cual dicha interrupción no puede tener lugar.

Ojalá se pueda avanzar en esta materia y despenalizar el aborto en las circunstancias señaladas, dejando de lado la vergüenza de ser uno de los cinco países en el mundo que lo penaliza en todas sus modalidades.

Se sabía, en función de lo que fue su programa electoral, que la llegada de Michelle Bachelet a La Moneda permitiría -en virtud de la mayoría que su coalición de gobierno tiene en el Congreso- la materialización de una serie de reformas que la ciudadanía consideraba como necesarias de cara a una nueva configuración societal. Ante esto, los anuncios y las acciones de los primeros meses de su gestión, especialmente en materia tributaria, permitieron consolidar el apoyo que ella obtuviera en las urnas; apoyo que logró sostener en el tiempo gracias a la eliminación del binominal, por más que ésta se hiciese de una forma que no corrigió en plenitud los vicios de representatividad que se le reconocían al sistema anterior.

Sin embargo, los errores comunicacionales y soberbia que se emitieron y demostraron desde La Nueva Mayoría -y que Bachelet no supo corregir de manera inmediata- generaron las primeras oportunidades para que la oposición se disfrazase de víctima y se mostrase como un sector que era prisionero de un conglomerado político con una mirada absolutista. A su vez, las evidentes diferencias mostradas entre las promesas electorales de Bachelet y el discurso planteado y defendido por las figuras políticas de su gobierno -en lo que refiere a la reforma tributaria, electoral y sobre todo la relacionada a la educación, sumado a un incoherente silencio en lo que respecta a la reforma constitucional- fueron generando las primeras críticas de aquellas personas que -en su momento- apoyaron el programa de Bachelet, demostrándose una desilusión que se fue plasmando en una sostenida caída en los apoyos populares que la mandataria evidenciaba.

En ese contexto, se presumía que la oposición aprovecharía la oportunidad para mostrarse como una alternativa política abierta a los cambios y dispuesta a mejorar la esencia de los proyectos, situación que a la larga buscaba redituar sus bonos de cara a futuras elecciones. Sin embargo, su falta de visión y su lastimada credibilidad impidieron que pudieran lograr avances en los apoyos que la ciudadanía le brindaba en las encuestas. Las revelaciones que se hicieran a raíz del caso Penta y que demostraban la nociva relación entre el dinero y política que tenían algunas de sus figuras terminaron por desplomar la credibilidad de la ciudadanía respecto a la oposición.

Ante la gravedad de este caso, era presumible asumir un cambio de tipo instrumental de la actitud de la oposición, condición que permitiría al gobierno de Bachelet a lograr con mayor facilidad los acuerdos para concretar las reformas pendientes. Sin embargo, el contexto no pudo ser aprovechado en plenitud por el gobierno en virtud del destape del caso Caval y -sobre todo- por el pésimo manejo que tuvo la Presidenta Bachelet de la situación.

Esto le ha significado, a un año del inicio de su gobierno, que la Presidenta bajase ostensiblemente en los niveles de apoyo ciudadano, situación que ha de entenderse como un factor que condiciona la necesaria gobernabilidad que se requiere en un mandato que se ha planteado como reformista y reestructurador.