Existe una gran preocupación entre los diversos actores del mundo educativo nacional por esta primera parte de la reforma educacional recién aprobada, y es lógico que exista ya que no se hace cargo de las demandas de calidad solicitada por la ciudadanía y menos aún por la mejoría de la educación pública necesaria que se exige, y que incluso entre el mismo grupo gobernante se planteó como un error, para ello solo falta ver las declaraciones del senador Carlos Montes (PS) al respecto.

Esta recién aprobada ley es discriminatoria ya que en función de un concepto o principio muy poco claro, se establece que los colegios con menos de 400 alumnos no lucran y por ello debemos dar más plazo para que se adapten al nuevo sistema, pero si no lucran ¿Por qué cambiar su institucionalidad?, y si estos colegios tienen una calidad deficitaria también tendrán este beneficio, luego la calidad de su gestión y resultados no importa.

Por otra parte vemos que la autoridad ministerial propondrá al consejo nacional la eliminación de algunas pruebas Simce, como si medir los aprendizajes fuese un pecado capital. ¿Cómo sabremos si lo hacemos bien o mal, si no tenemos la información necesaria para cambiar el rumbo? Nuevamente la calidad queda relegada.

Esta mala reforma educacional desconoce los avances que hemos tenido en los últimos años, incluso desde el punto de vista de la segregación donde vemos que es menor -aunque sigue siendo alta- que en mediciones anteriores, lo que resulta inverosímil y absurdo con las ganas que algunos parlamentarios mostraron para eliminar el emprendimiento privado en educación, haciéndonos responsables de este desastre (según ellos).

Por lo anterior, vemos con preocupación que el germen igualitarista hará desaparecer el esfuerzo individual de los alumnos, lo que es absurdo si consideramos el país pequeño y lejano que somos en esta competencia global.

Además si los actores privados seremos solo administradores de recursos públicos, ¿cuál será la motivación de aplicar herramientas modernas de gestión e innovación?, y con ello tratar de destacar a nuestro establecimiento, y hacer un mejor trabajo. Nos perderemos en un enredo de nuevas trabas administrativas y gran parte del esfuerzo diario estará destinado a tratar de cumplir para evitar la multa, dejando de lado los elementos pedagógicos y de formación.

Lamentablemente nuestros legisladores no valoraron- y si lo hicieron, fue de manera débil y obsecuente- el significativo aporte que el sector privado subvencionado ha realizado para este Chile distinto y bastante mejor que hace 50 años atrás.

Finalmente se instalará una educación para ricos -los mismos privilegiados de siempre, entre ellos los hijos del establishment político que voto a favor esta ley-, y una para los más desaventajados quienes tendrán que esperar años, y que otras múltiples variables se alineen, para obtener lo mismo.

Creemos firmemente que eso no era lo que la ciudadanía y en especial los padres y apoderados quieren para sus hijos e hijas.