Hoy se inicia el debate legislativo sobre el aborto por tres causales impulsado por la Presidenta de la República. Tres causales que sabemos son la punta del iceberg y que buscan a cualquier costo alcanzar cifras satisfactorias en indicadores de salud sexual y reproductiva como embarazos en menores de edad, embarazos no planificados y al terminar con la vida de niños con malformaciones congénitas letales disminuir los indicadores de mortalidad infantil (al no nacer) y los costos materiales y humanos asociados a su cuidado.

Los límites propuestos arbitrariamente serán sólo una excusa para instaurar una mentalidad que amparada en la ley banalice aún más el respeto a la vida de uno de nosotros, el niño no nacido. La libertad de elección de los niños no nacidos será sacrificada en el altar del progreso social. Los datos científicos serán contrastados por nuestros parlamentarios quienes calcularán los costos y beneficios de sus intervenciones en vista a sus propios fines electorales y órdenes de partido de corto plazo y no pensando en el Chile que se anhela con justicia y paz. Los médicos y/o matronas tendrán que ser instruidos para realizar actos contrarios a su naturaleza profesional, matar. Los estudiantes de estas profesiones tendrán que lidiar con el sin sentido educativo de la promoción de la vida y su cuidado y el exterminio de seres humanos indefensos, colocando en sus manos una estrategia selección humana de pacientes vulnerables (embriones o fetos).

Las mujeres no se beneficiarán con estas medidas, al contrario agregaran riesgo a su salud mental y física y tendrán que vivir con el dolor de haber permitido el poner fin a la vida de un hijo, muchas veces solas y sin redes de protección. Muchas de ellas no modificaran el ambiente en que estos embarazos vulnerables se han gestado y por tanto reiteraran una y otra vez esta situación.

Solo queda proponer una movilización social masiva de la conciencia ciudadana que permita fortalecer la prevención del aborto y el acompañamiento de mujeres con embarazos vulnerables no planificados para que la despenalización del aborto siga siendo sólo la sinrazón de la razón humana.

Con la aprobación del proyecto de ley de inclusión en el Congreso Nacional se concreta una de las demandas y exigencias que los estudiantes y la ciudadanía pusieron con fuerza en el debate público los últimos años, y que forma parte de nuestras convicciones esenciales de entender a la educación como un derecho social, donde el Estado asuma un rol protagónico en garantizar su provisión y calidad.

Esta iniciativa, que termina con la selección, el lucro y el financiamiento compartido en establecimientos que reciben recursos públicos, responde no sólo a un anhelo de la sociedad, es también resultado de la evidencia al respecto, que señala que una sociedad integrada y desarrollada es posible en la medida que las diferencias de origen sean remplazadas por oportunidades equitativamente distribuidas, que compensen las carencias y anulen aquellas diferencias que no sean resultado del esfuerzo y mérito de nuestros niños y niñas.

Con el término a la selección, el lucro y el copago, estamos promoviendo la integración en la escuela y las aulas, estamos permitiendo que los padres ejerzan realmente el derecho a elegir el proyecto educativo de sus hijos, estamos asumiendo la diversidad y complejidad del contexto educativo, apuntando a la búsqueda de un estándar de calidad para el conjunto del sistema educativo y no sólo para quienes puedan financiarlo. Asimismo, estamos orientando la utilización de los recursos públicos, destinados a educación, exclusivamente a fortalecer los procesos educativos, para generar impactos positivos en el aula.

Con la implementación de esta ley estaremos recuperando la tradición del sistema educacional chileno, que fue considerado desde fines del siglo XIX como fuente de oportunidades, integración y justicia social, y que en los 80´ se transformó radicalmente para dar paso a un modelo que reprodujo y acentuó la desigualdad entre los chilenos.

Este gran avance abre el camino a los nuevos proyectos que modifican estructuralmente nuestro sistema educacional, entre ellos el de Nueva Política Docente y el de Nueva Educación Pública, que vienen a profundizar el proceso de cambios que hemos asumido de tener una educación que sintonice con nuestros anhelos de progreso y justicia social y que se expresan plenamente en la reforma educacional que estamos llevando adelante.