Fueron cerca de 40 bomberos de distintas partes de Chile quienes comenzaron las pruebas correspondientes a la certificación internacional de "Bombero I y II", de la norma internacional Nfpa 1001, curso de estandarización guiado y otorgado por Fires Foundation Academy con base en Estados Unidos.

Tras 6 meses de intenso estudio online y pruebas que en su primera etapa se realizaron en octubre de 2014 en la Quinta Compañía de Bomberos de Talcahuano es que ayer concluyó la etapa de destrezas final, en el mismo cuartel donde 34 voluntarios lograron la certificación.

Germán López, presidente de la Fire Foundation, comentó que uno de los objetivos que también busca la instancia de pruebas es el intercambio cultural y de experiencia entre compañías y bomberos de distintos puntos del continente, subrayando el grado de amistad que genera por si misma la labor bomberil.

Dentro de los puntos que se evaluaron fueron el estado físico y de salud de los bomberos, el conocimiento de protocolos durante emergencias y cómo atacar debidamente un siniestro.

EN TALCAHUANO

Reinaldo Pedrero, teniente primero de la Quinta Compañía (Alemana) del puerto comentó al respecto que "los procesos los iniciamos hace dos años (...). Tenemos voluntarios de Puerto Montt, Frutillar, de Negrete, Tomé, Santiago, etc (...). Cuando nuestra compañía vio la necesidad de suplir la falta de especialización vimos una serie de estandarizaciones a las que podíamos acceder y se decidió tomar ésta (con la que se llega al símil de los bomberos de Estados Unidos), que es un estándar internacional, así que hicimos una alianza con la Fire Foundation para poder dictar el curso acá en Talcahuano, dado que la posibilidad de que nosotros fuéramos a Estados Unidos era mínima por un tema de costos".

Tras la resolución de la Corte de Apelaciones, que establece que la Contraloría deberá dar cumplimiento al dictamen que entregó el 10 de abril de 2014 y donde ordenó al municipio de Concepción impedir el funcionamiento de locales de expendio de comidas en la vía pública en las afueras del Mercado, porque contravenía a la normativa vigente, el alcalde Álvaro Ortiz informó que 12 comerciantes que ocupaban estos espacios serán trasladados a una carpa, ubicada en la esquina de Lincoyán con Freire, que es ocupada como una feria artesanal.

La autoridad comunal aclaró que la determinación del tribunal de alzada será respetada, ya que los "los fallos judiciales se deben obedecer y vamos a cumplir lo que dispone la justicia".

En ese sentido, explicó que los 12 comerciantes que se ubican en las calles Maipú y Caupolicán se trasladarán a ese lugar (Freire, esquina Lincoyán), previo pago de un arriendo. "La Municipalidad de Concepción ha prestado toda la asesoría judicial, a través de su Dirección Jurídica, también humana a través de Desarrollo Comunitario, para que se puedan trasladar ahí. Incluso hay personas de otros rubros pensando establecerse en ese lugar", contó la autoridad comunal.

Para ejecutar esta acción el municipio coordinó una visita de la Seremi de Salud, la que ya había autorizado el lugar. Además, puso a disposición un arquitecto para que efectuara las mediciones de cuántos son los puestos que se pueden instalar en el sector.

Este traslado debería ejecutarse en febrero, según lo informado desde el municipio penquista.

NO SE LES HA INFORMADO

Los comerciantes que ya conocen del fallo de la Corte de Apelaciones sostuvieron que ellos no están trabajando en la ilegalidad ya que pagan sus impuestos. La situación que sí asumen como un incumplimiento, según la normativa, es en el tema sanitario.

Además, diversos locatarios precisaron que por el momento no existe ninguna información oficial del traslado y que lo único que han escuchado son rumores.

María Chandía, dueña del local Rincón Tomecino, contó que no tienen claro cuánto es el arriendo que deberán cancelar, no obstante, sostuvo que lo más importante para ellos es trabajar. "Si logramos trabajar aquí (en la vía pública) en estas condiciones, podremos trabajar allá. Hay familias que dependen de nosotros y si no lo hacemos ¿qué les pasará?", sostuvo.

La locataria, que fue una de los damnificados del incendio que afectó al Mercado el 28 de abril de 2013, comentó que generar el sustento diario es lo que la llevó a ella y a otras personas a instalarse en la calle con su puesto de comida. "Yo, y creo que mis compañeras también, estoy agradecida porque nos dejaron ganarnos el pan de cada día, momentáneamente, mientras nos hicieran un mercado alternativo. La autoridad nos apoyó", declaró Chandía.

Sin embargo, otros comerciantes que no quisieron dar sus nombres llamaron al alcalde a que les informe sobre este cambio momentáneo y sobre cuándo estará el mercado provisorio y definitivo, ya que consideran que la máxima autoridad no ha mostrado una total preocupación por ellos.

Cabe recordar que el recinto provisorio debiera comenzarse a construir en abril, según lo que estipula las bases de licitación que están en curso. Actualmente son cuatro las empresas que presentaron los antecedentes para adjudicarse el proyecto.

En cuanto al Mercado definitivo, se espera que en marzo se decida si se expropia el terreno donde está el Mercado Central para que el Estado recupere el inmueble.

Fue Jovita González, comerciante establecida y que tiene su puesto en el anillo externo del siniestrado recinto comercial, la que presentó el recurso de protección en la Corte de Apelaciones para que los locatarios instalados sin permiso en la calle fueran desalojados, ya que consideró que Contraloría no cumplió su función.

La recurrencia al tribunal de alzada se efectuó luego que la Contraloría del Biobío cambiara un dictamen, en donde estableció que la municipalidad debía adoptar "las medidas que procedan a fin de impedir el funcionamiento de locales de expendio de comidas en la vía pública, en contravención a la normativa vigente".

Esta resolución, del 10 de abril de 2014, fue dejada sin efecto luego que la municipalidad explicara que se están tomando medidas del caso y que ésta consiste en la construcción del recinto transitorio.

González sostuvo ante este fallo estar conforme con la resolución adoptada por la justicia. "Esto al menos te da a pensar que no se está tan mal, porque se opera bajo derecho", sostuvo.

La comerciante criticó a las instituciones, ya que hizo presentaciones en la municipalidad, Seremi de Salud y Contraloría y sintió que ninguna veló por la legalidad: "Aquí Contraloría no cumplió su labor, aquí está politizado el sistema, hubo un espaldarazo. Ellos están para fiscalizar los actos administrativos".