Uno de los problemas de seguridad que más inquieta a la población regional y, en general, a todo el país, es el aumento sostenido del narcotráfico. Y lo hace, principalmente, por dos motivos: el consumo de sustancias ilícitas atrapa a las personas más jóvenes, fundamentalmente; y el comercio ilegal, el cual va de la mano con la violencia y el uso de armas.

Hasta ahora la respuesta a esta realidad ha sido el tratamiento del problema sólo como un hecho delictual, además de ciertos programas de prevención, que no logran dar solución al tema, ni menos frenar la expansión del narcotráfico. En varias regiones del país, por ejemplo, las cifras denotan el aumento en el consumo de la pasta base, una de las más dañinas de las sustancias ilegales disponibles en el negocio del tráfico.

Para enfrentar este escenario, en los últimos años varios personeros han manifestado que las políticas tradicionales no han tenido éxito para abordar el problema de la drogadicción , y han planteado que la despenalización de la marihuana, por ejemplo, puede servir para disminuir el poder de los traficantes.

Es indispensable reducir el nivel de influencia a las redes ilícitas, además de no estigmatizar a las personas que consumen, premitiéndoles caminos de salida más seguros.

El país requiere de políticas que acerquen soluciones para enfrentar el tráfico y consumo de drogas. Y para ello necesita, también, un mayor involucramiento de todos los estamentos que puedan tener alguna injerencia en estas materias. En ese sentido, es valorable, por ejemplo, que después de seis años de inactividad, se restableció la Comisión de Drogas y Alcohol de la Región del Biobío. Como ha expresado el director regional del Senda, Bayron Martínez, agrupar a los servicios públicos facilitará la elaboración de culturas preventivas en el trabajo, en las escuelas y los espacios comunitarios.

Aquí, claramente, hay una deuda pendiente. El narcotráfico y la drogadicción deben ser dos de los flagelos que más inciden en la destrucción de las personas y sus entornos. Por ello es necesario un mayor compromiso de parte del Estado y los parlamentarios. No nos podemos desentender o mirar con lejanía un problema real.

El problema de fondo en el tema de la selección en los colegios es la libertad de asociación (que siempre es una amenaza para un Estado controlador), pero eso quedará para otra ocasión. Un problema más superficial, pero igualmente ineludible es logístico: si muchas personas quieren matricular a sus hijos en un mismo colegio, pero ese colegio no puede recibir a todos sus posibles alumnos, algunos tienen que quedar fuera. Eso es necesariamente así. Queda la cuestión de definir los criterios por los cuales unos quedan dentro y otros fuera.

Que sea el dinero el elemento definitorio parece injusto, sobre todo si considera injusto que unos tengan más dinero que otros y que puedan usarlo para mejorar la condición de los suyos. También parece injusto si el dinero es sólo una barrera de entrada artificial para dejar fuera a algunos y no un reflejo del costo real de una mejor educación.

Pero el dinero no es el único criterio de selección, hay colegios que se permiten dejar fuera a potenciales alumnos por razón de su modelo educativo. Los que ya están dentro de un establecimiento determinan quién puede entrar después. Se pone en la balanza el bien de los que llegan y el de los que ya están. El modelo educativo puede corresponder a una identidad religiosa o de ideales que se busca custodiar, o a la excelencia académica que se busca mantener. Ahora bien, el futuro estudiante no es responsable de su identidad o capacidades, por lo que, de nuevo, podría considerarse injusto seleccionar en base a estos criterios. Sin embargo, si se considera que la educación escolar es algo de lo que participan los padres o el entorno, formando una comunidad que implica no sólo al alumno, entonces es posible defender la libertad de asociación al formar un colegio.

Ahora bien, si no se acepta lo anterior, pareciera que sólo se puede recurrir a la suerte para resolver el problema de la selección. La suerte no es injusta porque no considera la cuna a la hora de repartir beneficios o males: ante ella hay igualdad. Pero que la suerte no sea injusta no significa que sea justa, es simplemente aleatoria; no tiene voluntad de ningún tipo (que un terremoto dañe a una ciudad y no a otra no es ninguna injusticia). Y por atractivo que resulte usar una tómbola para resolver el problema de la selección escolar, resulta que en el fondo es trasladar el problema: como un niño no elige donde nace, eso es fruto de su suerte, se podría decir que ya existe una tómbola que decide quién entra a qué colegio. Agregar otra es sólo dar un chute más al problema, además de eliminar lo poco de voluntad humana (esfuerzo del estudiante, preocupación de los padres) que pueda haber en todo el proceso.