Durante la sesión de ayer del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Presidenta Michelle Bachelet abogó por un "desarrollo inclusivo" como una manera de prevenir conflictos y fortalecer la paz mundial.

La Mandataria encabezó una sesión de la máxima instancia resolutiva del organismo y que fue convocada para analizar los desafíos del desarrollo socioeconómico en los conflictos armados y como un elemento clave para el mantenimiento de la paz.

"Lamentablemente, en muchos países del mundo la distancia entre la realidad y el ideal de inclusión y justicia es enorme, y parece no reducirse en el tiempo", planteó Bachelet , quien estuvo sentada junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

En su discurso, la jefa de Estado dijo que la época de enfrentamientos entre estados dio paso a diversos conflictos vinculados con el terrorismo, el crimen organizado o el tráfico de armas, entre otros problemas.

Por esta razón, sostuvo Bachelet, debe buscarse un "enfoque multidimensional que permita dar cuenta de las causas que subyacen" y que han generado estos conflictos, como las tensiones socioeconómicas, la estructura social, la ideología o las relaciones tribales.

"Sólo así podremos contribuir eficazmente a la prevención de conflictos y a la consolidación de la paz en el mundo", insistió.

También señaló que Medio Oriente y África no son las únicas zonas que tienen constantes amenazas. "América Latina, la región más desigual del mundo, es también la que presenta la mayor tasa de homicidios y una de las más afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado. Esto no parece ser una simple coincidencia", apuntó.

"La experiencia demuestra que el debate que proponemos sobre desarrollo inclusivo es de suma importancia. Es especial si tomamos en cuenta que lo que buscamos es contribuir de modo sustantivo a la construcción de un mundo más pacífico, seguro y justo para todos y todas", dijo Bachelet.

La sesión comenzó con una intervención de Ban Ki-moon. "Existe un consenso creciente de que los altos niveles de desigualdad que hemos visto en los últimos decenios son dañinos desde el punto de vista social, político y medioambiental. Un desarrollo que excluye a parte de la población puede ser corrosivo para la sociedad, puede contribuir al delito y dar lugar a un sentimiento de desesperanza y alienación que pueden dar lugar al extremismo", reflexionó la máxima autoridad del organismo.

El fiscal a cargo de la investigación por el caso Penta, Carlos Gajardo, anunció ayer que esta semana la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Metropolitana Oriente solicitará la formalización de nuevas personas involucradas en la causa sobre presunto financiamiento irregular de campañas políticas.

"Respecto de la causa Penta, la Fiscalía hizo un comunicado cuando solicitó la primera formalización y, efectivamente, estamos afinando una segunda solicitud que se debería presentar esta semana. (…) Se comunicará primero al tribunal, que debe estar en conocimiento, y a los imputados que son los principales interesados en saber. No vamos a hacer ningún comentario antes de la solicitud formal que hagamos", manifestó.

El persecutor no entregó detalles de cuántas personas serán formalizadas ni sus identidades.

La solicitud se sumará a la audiencia que se realizará el próximo 4 de marzo, donde serán formalizados los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín; los ejecutivos Manuel Antonio Tocornal, Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval, y el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

Délano y Lavín serán encausados por delitos tributarios y soborno; Wagner por cohecho y lavado de activos, y Bombal, Irarrázaval y Tocornal por delitos tributarios.

Sobre las futuras diligencias en el caso, el persecutor sostuvo que "no se ha tomado ninguna decisión. Cuando se decidan, se realizarán con reserva para permitir el éxito de ésta, por lo tanto, no anticipamos diligencias".

El persecutor también destacó la colaboración de los ejecutivos de la empresa Soquimich S.A., quienes entregaron toda la documentación contable que el fiscal José Antonio Villalobos les solicitó el viernes pasado. La acción fue realizada en base a la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII). A raíz de lo anterior, y al no aparecer otras empresas mencionadas en la acción legal, no habría nuevas diligencias en otras entidades.

CASO FUT

Gajardo realizó estas declaraciones tras acudir a la audiencia de preparación del juicio oral por el caso Fraude al FUT, cuya realización finalmente fue aplazada para el próximo 23 de febrero.

El juez Marcelo Rojas, del Octavo Tribunal de Garantía de Santiago, adoptó la decisión tras la solicitud de los abogados defensores, Mario Palma y Georgy Shubert, debido a que según argumentaron, faltaba la digitalización de documentos a los que no podían acceder y a los que necesitaban tener acceso para preparar mejor su estrategias.

El magistrado dio un plazo de siete días a la Fiscalía Metropolitana Oriente para que se realice dicha labor.

En la audiencia del 23 de febrero se presentarán las pruebas en contra de los ex funcionarios del SII que participaron en el fraude, que dejó más de $ 3 mil millones en pérdidas para el Estado.

El juzgado también decidió que Iván Eduardo Alvarez Díaz, ex funcionario del SII, continúe en prisión preventiva.

La medida anterior se adoptó luego de una audiencia de revisión de medidas cautelares a favor del ingeniero comercial, quien lleva 13 meses en prisión preventiva acusado de cohecho y lavado de dinero, y de su colega Carlos Prieto.

Los diputados de la UDI Javier Macaya, María José Hoffmann y Marisol Turres anunciaron ayer una serie de medidas que el partido tomará respecto de la recaudación de fondos para la campaña presidencial de Michelle Bachelet organizada por el ahora canciller Heraldo Muñoz en un yate en Nueva York en 2013.

El secretario general del partido gremialista, Javier Macaya, informó que recurrirán a organismos estadounidenses para pedir mayor información al respecto y conocer nuevas aristas.

Específicamente, el partido opositor requerirá información sobre la fundación Gabriela Mistral, "que tuvo un rol activo en la organización de este evento", según comentó Macaya. "Es la institucionalidad la que tiene que aclarar esta situación", indicó.

La diputada Hoffmann sostuvo que "vamos a ir también ante los organismos internacionales, saber cuál es la complicidad también que ha existido de parte de estos organismos internacionales, saber cuál es el rol de esta fundación que se supone no puede recibir aportes legales". "Aquí la situación es grave, y el Gobierno no ha dado la respuesta pertinente", agregó la parlamentaria.

Macaya también anunció que hoy se sumarán como partido a la querella por fraude al Fondo de Unidades Tributarias (FUT), "que, obviamente como es de conocimiento público, está investigando una serie de aristas políticas que toca también a la campaña de la Presidenta de la República, con uno de los principales imputados que es Sergio Díaz".

El diputado anticipó que habrá "un rol muy activo también de oficios administrativos" a instituciones como la Unidad de Análisis Financiero y el Banco Central.

Frente a estos anuncios, el Gobierno insistió en que la UDI busca "empatar" con este caso y señaló que el partido "siente acorralado". "Yo creo que es gente que quiere transformar esto en la teoría del empate. Obviamente, queda tan claro y en evidencia el objetivo político de ellos, que no tengo nada más que agregar", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

El ministro vocero de Gobierno, Alvaro Elizalde, manifestó que "no me cabe duda que la UDI está acorralada, se siente desesperada producto de la compleja situación judicial que afecta a un número importante de sus dirigentes. Por tanto, quiere generar una sensación de empate cuando se trata de situaciones completamente distintas".

La Comisión investigadora por el caso Penta y el financiamiento de campañas electorales de la Cámara acordó ayer citar al canciller a la instancia. La idea es que el ministro aborde los detalles de la cena en cuestión.