A pesar de los evidentes beneficios que el decreto ley 701 ha generado para el sector forestal chileno, aún despierta voces en su contra. Es así como la incorporación de una glosa que señala "prorróguese, a contar del año 2015, la vigencia del D.L. N° 701, de 1974 y sus modificaciones", en la Ley de Presupuestos tramitada en el Congreso motivó un llamado público de un parlamentario a cumplir los compromisos internacionales y consultar a las comunidades, aplicando el Convenio 169 de la OIT.

La aparición de parlamentarios opinando sobre este instrumento de fomento no es nueva y refleja el deterioro que ha enfrentado esta iniciativa legal en la percepción de la opinión pública y legisladores a partir de la década de los 90.

Hasta principios de esa década, el desarrollo forestal chileno basado en plantaciones gozaba de una percepción relativamente positiva por parte de la población, por su efecto de recuperación de suelos afectados por una agricultura no sustentable.

Sin embargo, a partir de ese período ésta se ha vuelto negativa, siendo los monocultivos forestales atacados con vehemencia por diversas organizaciones ambientales, sociales, indígenas y hasta religiosas, en una situación que posiblemente no se da con la misma intensidad en ninguna otra parte del mundo. Al contrario, la tendencia mundial es que sean los monocultivos agrícolas (vides, cítricos, maíz, soya, palma aceitera) los que generan mayor rechazo de la comunidad por su impacto sobre la eliminación de bosques, principalmente tropicales, como es el caso de Brasil. El 80% de la deforestación mundial es obra de la agricultura.

El rechazo a las plantaciones forestales y a los instrumentos provenientes del Estado que las fomentan, se ha cristalizado en algunas banderas de lucha como al principio lo fue la sustitución del bosque nativo. Una vez que este tema se "enfrió", básicamente por compromisos voluntarios de las empresas forestales de no sustituir bosque nativo o de los sellos ambientales adquiridos, el activismo contra las plantaciones se trasladó al impacto de éstas sobre la disponibilidad de agua para las comunidades y a su efecto sobre la pobreza rural (migración acentuada y bajos Índices de Desarrollo Humano). A ello, ahora se ha agregado la aplicación del Convenio 169 de la OIT respecto de la consulta indígena. Lamentablemente se ha malentendido este instrumento de participación ciudadana de comunidades indígenas, viéndolo más como una oportunidad de obstruccionismo que como un valioso instrumento de consulta y debate.

Este espíritu obstruccionista es el que parece representar el vehemente llamado público a una consulta indígena. Sin embargo, en esta discusión se omiten las necesidades a las que el fomento forestal responde, olvidando que es un imperativo para el país cubrir suelos erosionados y que este desafío debe realizarse a través de una cobertura forestal que sea viable, es decir, que sea capaz de sobrevivir y ocupar exitosamente el terreno y que además entregue beneficios económicos a sus propietarios, lo que a su vez depende de la existencia de un mercado para la comercialización de sus productos.

Se ha debatido largamente sobre los grandes temas asociados a la reforma tributaria, tales como la eliminación del FUT, el aumento de la tasa de primera categoría, entre otras.

No obstante, hay un tema extremadamente relevante que ha pasado desapercibido del debate ciudadano: el impacto de la aplicación de la normativa contable internacional Ifrs.

Es necesario saber que Ifrs es un estándar internacional de contabilidad, que fue adoptado por Chile gradualmente a contar del año 2009 y completamente a contar del año 2013.

A pesar de aquello, la inmensa mayoría de las empresas en Chile, aquellas que no están reguladas por la SVS, siguen llevando su contabilidad de acuerdo a nuestra ahora obsoleta norma local.

¿Qué implicancia práctica tiene eso? Hasta ahora ninguna, puesto que las empresas no están obligadas a adoptar la norma, en la medida que un tercero no lo exija, tal como un banco, un inversionista o un auditor externo.

Por otro lado, en términos prácticos, las pequeñas empresas llevan contabilidad siguiendo criterios tributarios más que financieros. Sin embargo, si se revisa en detalle el texto de la reforma tributaria, este indica expresamente que para controlar las utilidades atribuidas, se deben llevar varios registros, debiendo consignar las "diferencias temporales que surjan de la aplicación de las normas contables o financieras que se deban aplicar". En ese contexto, la norma contable o financiera a aplicar, es la Ifrs. Adicionalmente, se señala que el SII podrá impugnar fundadamente los valores contables o financieros declarados, cuando estos no sean consistentes con las prácticas contables o financieras generalmente aceptadas. Otra vez Ifrs.

Lo anterior implica un salto gigantesco para todos los que trabajamos en el área de la contabilidad, dado que en la práctica, aún existe mucha falta de capacitación y conocimiento de las Ifrs, que dicho sea de paso, constantemente están cambiando, y que, según el texto de la norma, pasarían a ser, legalmente obligatorias para todas las empresas que lleven contabilidad completa.

Recordemos también que la reforma suprime varios regímenes de renta presunta y simplificados, por lo que la cantidad de empresas en contabilidad completa, cuando ésta entre en vigencia, aumentará drásticamente.

Gran desafío también para el SII, que por mandato legal, ahora podrá (y tendrá) que impugnar la contabilidad construida bajo Ifrs, una norma que es conceptualmente muy distinta a las normas tributarias que ellos manejan.

A fines de agosto, Jan Koun, fundador y presidente ejecutivo de WhatsApp, anunció que la red social de mensajería instantánea en entornos móviles superó los 600 millones de usuarios activos, 100 millones más que el cálculo anterior efectuado en abril.

"Cada día, nuestros usuarios comparten más de 700 millones de fotos y más de 100 millones de vídeos", anunciaba con orgullo el blog oficial de la aplicación del ícono verde.

Cifras que permiten entender por qué causó tanto revuelo la decisión de la compañía, adquirida por Facebook en febrero, de incluir un "doble check azul" para que el emisor confirme que su mensaje fue visto por su receptor. Tamaña intromisión ha generado una serie de ingeniosas y complejas iniciativas para evadirlo.

Es que un simple cambio operativo conlleva una nueva forma de ver las cosas. En menos de cinco años, WhatsApp se ha convertido en un pionero de la comunicación digital, medio de comunicación por excelencia para quienes son parte de las Generaciones Y-Z.

Precisamente durante cada lustro emergen nuevas tecnologías y aplicaciones que cambien la forma en que hacemos las cosas, a ellas se les conoce como "killer-app", cumpliendo con los siguientes requerimientos: un nicho en un mercado de consumo, el uso de las mayorías, ser indispensable en la vida diaria y el eliminar o dejar obsoletas otras aplicaciones existentes.

Ciertamente que WhatsApp cumple con todos estos requisitos de sobra, incluso se puede decir que no solo dejó en el camino a los mensajes de texto, sino que a las mismas llamadas telefónicas. De hecho, se ha generado una curiosa contradicción: ¿cuántos jóvenes usan hoy su teléfono móvil para hablar?

Una nueva muestra de que por más que evolucionen las tecnologías, la interacción comunicativa sigue siendo una actividad eminentemente humana. Puede cambiar el entorno, la plataforma o el canal; pero no el fondo: que esto va de personas.