Un enérgico rechazo a la extracción ilegal de merluza común manifestó el presidente de la Asociación Gremial de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, tras la fiscalización y decomisos que llevó a cabo Sernapesca, entre el viernes y este miércoles en Santiago y la Séptima Región.

Los últimos operativos en Putú y Linares terminaron con la incautación de alrededor de 12 toneladas de pesca ilegal en la Región del Maule. Estos se suman a los del terminal pesquero santiaguino y sus alrededores, en los que se decomisaron 14 toneladas más.

"Se cumplió la cuota anual de extracción de merluza de este año y no se puede pescar más. Vulnerar la normativa constituye un daño enorme al recurso pesquero y una falta de respeto a la autoridad. Nos deja tranquilos que Sernapesca haga estos operativos y ratifique lo que hemos dicho siempre, que la gran amenaza de la merluza en nuestro país es la pesca ilegal y su comercialización. Rechazamos esta práctica y vemos con muy buenos ojos la preocupación por fiscalizar. Pensamos que ése es el camino para desmantelar estas verdaderas mafias que operan en las caletas y que, si no se detienen, llevarán al colapso total del recurso", enfatizó Moncada.

Se estima que la pesca ilegal de merluza común es tres veces la cuota que le corresponde al sector artesanal legalmente al año, es decir, si a ese sector le correspondían 7.600 ton/año, ilegalmente se capturan unas 22.800 ton. lo que supera la cuota global nacional de pesca.

Junto con los efectos negativos para la sustentabilidad del recurso, se estima que esta actividad ilegal, concentrada principalmente en las regiones Sexta y Séptima, genera unos US$30 millones en utilidades para quienes se dedican a este negocio. Lo anterior se traduce en un daño al sistema tributario chileno, originado en la pesca ilegal, debido a la evasión de millonarios montos en impuestos que no son pagados por quienes operan bajo estas condiciones.

La Federación de Trabajadores de Walmart finalmente aceptó la última propuesta de la empresa y puso término así a una semana de huelga, que mantuvieron en el marco de una negociación colectiva.

Manuel Díaz, presidente de la organización sindical, aseguró a Emol que las condiciones aceptadas son un reajuste de entre el 2% y 5%, dependiendo de la antigüedad del trabajador, un bono de término de conflicto de $740 mil, y un alza en una serie de bonos entre los que se cuentan de vacaciones, aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad.

El dirigente sindical de todas formas reiteró su disconformidad con lo pactado, debido a que "las grandes expectativas del contrato colectivo de 2012 eran muy grandes". "La negociación que tuvimos en 2012 fue muy buena y en base a esa negociación lo que obtuvimos ahora es muy inferior porcentualmente hablando", dijo.