Encapuchados y vestidos ad-hoc, en grupo atacan a una de las sedes de la PDI en calle Condell, de Santiago. El Ministerio del Interior ordena invocar la Ley de Seguridad del Estado.

Esta ley es de muy antigua data y ha sufrido innumerables modificaciones. En el gobierno de don Gabriel González Videla (1946-1952) fue reformada medularmente y en virtud de la ley 8.987 denominada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, se eliminó de los registros electorales a los miembros del Partido Comunista e igualmente de otros grupos. Además, perdieron sus puestos grandes parlamentarios, como Pablo Neruda, Elías Lafertte, numerosos diputados y regidores. Se inició un período de excepción constitucional con estado de sitio. Es la denominada "ley maldita" (1948). Se ampliaron las causales de pérdida del sufragio y en consecuencia, se proscribió de la vida política a numerosas personas que constitucionalmente tenían tales derechos y no sólo del PC sino que numerosos socialistas y falangistas.

En Pisagua se estableció un campo de concentración para cientos de personas que fueron relegadas por su ideología comunista y otros pensamientos de izquierda.

La Corte Suprema desechó un recurso de inaplicabilidad en contra de la ley consagrando en consecuencia, su constitucionalidad. El presidente González Videla, en sus memorias, explicó la histórica gestación de esta ley: "Las disposiciones ordinarias de nuestra legislación no bastaban para combatir al comunismo internacional, ni el país podía tampoco vivir permanentemente sometido a las restricciones de las Facultades Extraordinarias que limitan las garantías constitucionales. Por lo demás, esas facultades no eran tampoco suficientes para defender en forma efectiva la integridad de nuestro sistema democrático de todas las asechanzas que implica la agresión totalitaria manejada desde fuera. La única fórmula constitucional para este efecto no podría ser otra cosa que una ley de la República que negara a la sección chilena del comunismo internacional su condición de partido público que tenían otras colectividades de extracción democrática".

En esta parte, la ley duró en vigencia casi 10 años, hasta finales del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958).

Actualmente, la ley sanciona los delitos contra lo soberanía nacional y la seguridad interior y exterior del Estado. Igualmente, se sancionan los delitos contra el orden público, tal como el caso durante el gobierno de Ricardo Lagos, en que se requirió al Consejo Superior del Transporte Terrestre. Durante el gobierno de Piñera se invocó en contra de un paro de colectiveros.

Una de las normas más importantes de esta ley lo constituye en materia procesal la disposición que permite que el Ministerio del Interior o el intendente puedan desistirse de la denuncia o querella en cualquier momento y el desistimiento extinguirá la acción y la pena. En tal caso, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal dispondrá el inmediato cese de medidas cautelares que se hubieren decretado. (Art.27 letra c).

Como puede advertirse, el retiro de la denuncia o querella produce una especie de amnistía penal basado en una ley permanente y sin plazo. Y téngase presente que esta disposición se reformó el año 2002. Como puede apreciarse, el gobierno hace uso de un artilugio que encierra una fácil salida de tipo político a la comisión de delitos, que sin duda, son de una gravedad manifiesta y han causado alarma pública y gran preocupación en toda la nación.

Para los griegos, "escoleia" era aquello que se hace en el tiempo libre, sin que nadie lo obligue sino por propia voluntad, y disfrutar haciéndolo. De esta expresión se deriva el vocablo "escuela" porque "lo que se hace en el tiempo libre es aprender, crecer, mejorar" (Csikszentmihalyi).

Sin embargo, la escuela de hoy no tiene nada de ejercicio de la voluntad: Currículum rígido, horarios fijos, materias y objetivos únicos para todos, salas de clases sin identidad. El estándar es lo que marca el carácter de la escuela post moderna. Y el ranking sobre datos puramente cuantitativos que miden "calidad", implican una mera aproximación cuantitativa a esa vara, que alejan los espacios de la escoleia al desarrollo humano integral.

En verdad, a ningún sistema le interesa tener ciudadanos autotélicos por lo que la escuela no hace libres a las personas, sino estandarizarlas. Ese es el concepto que se esconde detrás del modelo de competencias. De hecho cuando se crearon las escuelas públicas bajo el régimen del despotismo ilustrado no fue para profundizar la libertad, ni para aumentar la fraternidad ni menos aún para crear igualdad, sino para poner la escuela al servicio de la producción (rentabilidad).

Un estudio reciente (Figueroa y Urrutia, 2014) realizado en estudiantes de cuarto básico de tres escuelas de la intercomuna Concepción-Talcahuano, encontró que el 80% de las actividades voluntarias que producen experiencias placenteras (flow), los niños las realizaban fuera de la escuela y correspondían a actividades artísticas y de computación.

Resultados que coinciden con evidencias internacionales. Los niños son atraídos fuertemente por actividades en las cuales ellos mismos se fijan desafíos altos y pueden ejercer todo el despliegue de habilidades y destrezas personales, para desarrollarlas, mejorar y aprender. Por el contrario, las actividades escolares asociadas al estudio, apenas agradan a un 12%: uno de cada diez escolares se entusiasma por estudiar. Apatía, aburrimiento, ansiedad o relajación son sentimientos comunes cuando los niños no se fijan desafíos personales (automotivación) ni usan sus habilidades y destrezas (pasividad) en clases. La escuela ha dejado de ser escoleia.

Ahora que se discuten en el país varios temas reformistas, tal vez sería bueno, oportuno y recomendable pensar en una reforma de la educación, que situé los beneficios que reporta la educación en las personas, en las familias y la comunidad en general, puestos en primer lugar, prioritarios y trascendentes de cualquier otra consideración particular y contingente.

Desde hace un tiempo se ha puesto de moda criticar a la Teletón. Los argumentos suelen ser que la salud es un derecho y por lo tanto no corresponde que las personas que necesitan rehabilitación tengan que esperarla de la generosidad de otros.

Además, que las empresas lucran con la publicidad que les hace la Teletón y esta misma publicidad exige que se expongan a la mirada pública las personas necesitadas de rehabilitación. Algo de razón hay en esto, pero no deja de recordarme lo que decía Ebenezer Scrooge, que se negaba a ayudar personalmente a los más necesitados porque para eso estaba el Estado y él ya pagaba sus impuestos.

En estricto rigor la salud no puede ser un derecho, puesto nadie puede garantizarla; nadie puede exigirle al Estado o a otra persona que le devuelva la salud perdida. Lo que sí puede ser un derecho es el acceso a ciertos cuidados y tratamientos, pero un derecho así está limitado por las circunstancias y por lo mismo sujeto a ciertos límites, el alcance de los cuales se puede debatir.

Dada la realidad de la enfermedad y de la práctica médica, los cuidados y tratamientos siempre podrán ser más y mejores, y es muy difícil que el Estado esté en la vanguardia en esto, sobre todo si se trata de prestaciones a un gran número de personas.

¿Quién llega dónde el Estado no alcanza? Parece una pregunta sin sentido, teniendo presente que el control, poder y recursos del Estado moderno son algo nunca antes visto. Pero la pedestre realidad es distinta: muestra que el Estado a pesar ser poderoso nunca puede dar todo lo que los políticos prometen y es extremadamente ineficiente incluso cuando se trata de garantizar la seguridad de las personas y la integridad del territorio nacional (derechos básicos).

Por lo demás, si se ataca a la Teletón porque deja a la caridad algo debiese ser un derecho, también debiera decirse lo mismo de otras instituciones como la fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo, Un Techo para Chile (hay empresas -¡un banco!- que han asociado su nombre a esta iniciativa), etc. Eso ya no estaría tan bien visto.

En todo caso, si en un mundo o en un país ideal este tipo de instituciones no son necesarias, no es nuestro caso. Pero hay algo más, y es que las asociaciones voluntarias para la ayuda de otros hacen algo por la sociedad que el Estado difícilmente puede hacer, que es precisamente promover la solidaridad, la unión entre las personas.

El Estado puede usar la fuerza para abrir el bolsillo de los contribuyentes, sacar dinero y usarlo para pagar infinidad de programas sociales, pero el Estado no puede sacar a nadie su egocentrismo y hacer que se abra al necesitado que está a su lado.