En el debate sobre la reforma educacional se ha planteado que la inclusión es uno de los objetivos primordiales del cambio que se pretende introducir al sistema. Lograr espacios de convivencia entre alumnos de variadas procedencias no sólo es un acto de justicia, sino además enriquece el aprendizaje de unos y otros. Los ambientes donde prima la diversidad permiten que estudiantes conozcan a pares que han tenido experiencias vitales diferentes, aprendan a respetarlos, a valorar sus opiniones y con ello se derriben las desconfianzas que tanto dañan el tejido social. Instituciones educacionales inclusivas mejoran, sin duda, la convivencia social.

No obstante se suele caer en un error. Se tiende a pensar que el aporte que la institución haga para evitar la segregación depende de la propiedad de ésta. Así, los establecimientos públicos estarían haciendo una mayor contribución para lograr ambientes inclusivos, mientras que supuestamente los planteles privados estarían enfocados en formar a jóvenes de ciertos segmentos socioeconómicos. Nada más alejado de la realidad.

Podemos hallar instituciones inclusivas entre las estatales, tradicionales y privadas, así como encontramos planteles que se han enfocado en ciertos segmentos en las tres categorías. Instituciones de larga data, con vocación pública y que han hecho un gran aporte están al debe en este aspecto.

En el caso de la USS, el 52% de los estudiantes que matriculamos en 2014 son primera generación de sus familias en la universidad. Lo anterior implica no sólo hacer un aporte en la construcción de ambientes inclusivos, sino además cumplir un deber de justicia como es acoger a jóvenes que, provenientes de hogares meritorios y gracias al desarrollo de sus potencialidades, serán un aporte a la movilidad social. Así ayudamos a disminuir los niveles de inequidad.

Formar a jóvenes que han tenido menos oportunidades exige un mayor esfuerzo, pues obliga a implementar planes de nivelación y acompañamiento. Ése es, por excelencia, el desafío de universidades que propiciamos el mérito como principal propulsor de nuestro proyecto educativo.

En el caso de USS Concepción, un 28% de la matrícula de 2014 provino de establecimientos municipales, un 59% de particulares subvencionados y un 13% de particulares pagados. Los académicos y directivos somos testigos a diario de la sinergia que se produce al interior de una universidad que declara como su misión acoger la diversidad de alumnos que matricula.

Así como lo anterior ocurre en esta universidad, muchas instituciones educacionales privadas de otros niveles generan también ambientes inclusivos. Chile tiene un valioso sistema de provisión mixta de educación. Esperemos que los cambios lo mejoren y no destruyan las buenas experiencias.

Vicerrector Sede Concepción

El Ministerio de Obras Públicas invertirá 1.000 millones de pesos en obras de seguridad vial en el Puente Juan Pablo II, con la instalación de una barrera separadora metálica, para redireccionar a los vehículos que se salgan de la pista, así como demarcación de la calzada y mayor control de velocidad.

En esta oportunidad, se ha utilizado una pintura especial, áspera, que genera vibraciones cuando el automovilista se sale de la calzada, con el fin de alertarlo. Algunos trabajos se realizaron el fin de semana y otros, como la colocación de la barrera separadora metálica flexible, para evitar colisiones frontales, se efectuarán a fines de diciembre.

También se ha insistido en la necesidad de que los conductores respeten los límites de velocidad, con el fin de prevenir accidentes, tarea en la que Carabineros ha comprometido una mayor fiscalización. A diario transitan por ese puente unos 45 mil vehículos, pero pocos respetan el máximo de 60 kilómetros indicados en la señalización, lo que es causa de accidentes.

Se recordará que durante el terremoto del 21 de mayo de 1960, San Pedro quedó aislado cuando se cayeron algunas losas del Puente Viejo, lo que dejó en evidencia la necesidad de tener un viaducto alternativo. En los años siguientes, se construyó el Puente Nuevo, más tarde bautizado Puente Juan Pablo II, que fue puesto en servicio en la década del 70.

Con el correr del tiempo, esta obra soportó el intenso tránsito de camiones cada vez de mayor tonelaje, que trasladan la carga forestal hacia los puertos, de manera que presentó signos de deterioro. Al cerrarse el Puente Viejo, luego de estudios técnicos que indicaban que no podría soportar un terremoto, se construyó el Puente Llacolén, inaugurado el año 2000.

El terremoto del 27 de febrero de 2010 terminó por sepultar definitivamente el clausurado Puente Viejo, mientras el Juan Pablo II quedó inutilizable, por el desprendimiento de algunas losas. San Pedro, Coronel, Lota y la provincia de Arauco quedaron en una situación de semi aislamiento, dependiendo sólo del Puente Llacolén, y del acceso por el puente mecano que se instaló en la emergencia.

Por ello, es necesario ir haciendo mantenciones periódicas, pero sobre todo, controlar la carga y la velocidad, con el fin de que el viaducto tenga una larga vida.

A diario transitan por ese puente unos 45 mil vehículos, pero