El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, César Arriagada, anunció que junto a representantes del rubro de la locomoción colectiva del Gran Concepción estudian la medida de implementación obligatoria de tres cámaras de seguridad, de forma obligatoria, en cada uno de los buses licitados de la intercomuna.

Esto, en base a la resolución ministerial de 2013, con la que desde esa fecha a la actualidad cada máquina debe llevar a bordo uno de estos dispositivos. En este sentido es que Arriagada recordó que desde 2002 que se vienen regulando de forma más acabada las condiciones de operación de las máquinas.

"Dado a que en este último tiempo hemos evaluado la importancia de este elemento tecnológico en los taxibuses, cuestión que hemos conversado con los conductores y los empresarios de las líneas, hay una buena apreciación del funcionamiento de ellas", dijo el seremi, agregando que "estamos trabajando con los gremios y conductores, para fijar nuevas condiciones de operación, donde también se incorporarían los buses de Tomé. Iremos a incluir una serie de nuevos elementos en las condiciones operativas, en las que estaría la incorporación de las 3 cámaras".

ELEMENTO DE PRUEBA

Junto con el objetivo de mitigar los episodios de delincuencia sobre la locomoción pública, donde las víctimas van desde el mismo conductor hasta los pasajeros, es que el gremio y la Seremi también ven en esta tecnología la oportunidad de tener un elemento de prueba en los habituales episodios de discrepancia entre chofer y usuario.

Por ello es que en la línea de que las 1.900 máquinas concesionadas de la Intercomuna puedan llevar tres cámaras de forma obligatoria, aumentando a 5.700 el número de estos dispositivos en las calles (sin considerar que desde ya hay microbuses con más de uno de estos elementos de seguridad), un punto clave a resolver será la calidad de la imagen de los videos.

"La cámara, además de ser una herramienta contra la delincuencia, también lo ha sido para ver las discrepancias que puede haber entre funcionarios y conductores, dado a que es obligación entregar los videos que nosotros solicitemos y así verificar las denuncias que se hacen por escrito en la Seremi por parte de los usuarios", precisó Arriagada, detallando además que "Carabineros nos ha hecho ver lo importante que es esta herramienta en nuestros buses. Buscaremos aumentar la resolución de imagen de ellas. Ahora hay tecnología suficiente para poder hacer eso".

HECHO DELICTUAL

Fue a fines de septiembre de este año que un hecho de violencia registrado en el sector Los Cerros de Talcahuano motivó una mesa de trabajo conjunta de la Seremi de Transportes, Carabineros y el gremio del transporte público.

En la ocasión, un chofer de la línea Las Bahías fue asaltado por dos sujetos, quienes lo amenazaron con dos armas de fuego de fabricación "hechiza" y cuchillos, al momento en que el conductor comenzaba su rutina, a eso de las 6 horas desde la población Mirador del Pacífico.

En este sentido es que los conductores del rubro comentan que desde la implementación escalonada de las cámaras de seguridad a bordo de sus vehículos de pasajeros, pese a todo, los episodios de delincuencia han disminuido.

Si bien no existe una cuantificación exacta de esta mejora, dado a que las denuncias formales ante las autoridades competentes son las mínimas frente a los hechos delictuales, desde el sector dicen que hay una estimación de que los asaltos bajaron en cerca de un 20% este año.

Diego Ibáñez, presidente del gremio de conductores del Gran Concepción, comentó que "antes había muchos más asaltos y de manera constante. Ahora son casos puntuales, que sin embargo igual buscamos terminarlos".

Sobre los puntos del Gran Concepción donde se identifica una presencia más alta de la arremetida de delincuentes, es que el rubro apunta a sectores como los citados cerros del puerto, La Leonera de Chiguayante y Barrio Norte en Concepción, entre otros.

"Las cámaras también han servido como elemento de prueba en casos como accidentes de tránsito o infracción a la ley. Las cámaras han ayudado un montón", expresó también Ibáñez, finalizando con que "antes, la gran medida de seguridad era la instalación de una cabina en la zona del chofer".

Por cerca de 30 minutos el ministro en visita extraordinaria para causa de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, llevó a cabo ayer la diligencia de careo entre el soldado conscripto (r) de la Armada, Patricio Salamanca y el teniente (r) Julio Alarcón.

Esto, en el marco de las diligencias del caso del asesinato del militante del MIR, Ricardo Barra, quien tras ser detenido junto a otros tres de sus compañeros de militancia en 1973, fue sometido a tormentos al interior del Fuerte Borgoño de la Infantería de Marina en Talcahuano.

Detalles

Ante aquello es que ahora Patricio Salamanca asevera que "efectivamente yo le pegué, pero no me quedaba otra si este hombre (Alarcón) me dio la orden y por susto tuve que acatar... si Alarcón era el monstruo más grande dentro de Borgoño, no sé cuántas veces me golpeó a mí".

"Si yo fui procesado por la muerte de este joven, la lógica dice que Alarcón también tiene que estarlo, porque él me dio la orden de pegarle", sumó Salamanca mientras esperaba la llegada del teniente en retiro hasta el despacho del ministro en visita para dar inicio a la diligencia pactada a las 9 horas.

Siendo recién las 12 del día es que Julio Alarcón apareció en el tribunal. Sin saludar a Salamanca, golpeó con un anillo de oro la puerta de la oficina tramitadora para causa de DD.HH del edificio.

El magistrado Aldana, tras el careo, comentó que ambos se mantuvieron en sus posiciones frente a cómo sucedió el hecho en cuestión.

Aldana anunció que este martes estará en Punta Peuco para interrogar a miembros de la cúpula del "Ancla 2" de la Armada por el caso de Luis Carrasco.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro y homicidio calificados de 23 trabajadores de la centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico (sector cordillerano en la Provincia de Bío Bío); siete de ellos fueron ejecutados y el resto hechos desaparecer. Ilícitos perpetrados entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973, y que investigó en primera instancia el ministro Jorge Zepeda Arancibia.

El tribunal rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a: Patricio Martínez Moena a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios; Walter Klug Rivera a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, y a Ismael Espinoza Silva a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.