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La meta de este año supera los veinticinco mil millones de pesos. Lo pongo en palabras porque es un número tan grande que uno pierde su dimensión. Sin embargo, si uno saca cuentas, basta con que cada chileno aporte con $1.500 y lo logramos.

¿Y la gente que no tiene ni siquiera eso? Bueno, hagámoslo proporcional a nuestro quintil de ingreso: si aquellas familias que ganan menos de $70.000 per cápita aportan $235 y aquellas que ganan más de $325.000 per cápita aportan $5.260,también llegamos a la meta (he obviado los quintiles intermedios para no aburrir al lector). De hecho, si solo aportaran las familias que pertenecen al quintil más rico, la cifra sería de $9.125 per cápita. ¡Es menos del 0,25% del ingreso anual de esas familias!

Incluso, podríamos hablar de otras fuentes de ingreso. Si las instituciones privadas que hoy se encargan de asegurar la salud de unos tres millones de chilenos aportaran parte de sus utilidades, llegaríamos a la meta fácilmente. De hecho, obtuvieron más de cuarenta mil millones de pesos solo durante el primer semestre de este año. ¡Un 60% más que la meta anual de la Teletón!

También podríamos pedir que las multas por la colusión de los pollos se destinaran a la Teletón y nos "sobrarían" diez mil millones. O incluso si hubiéramos evitado el caso Cascadas y el daño que causó a nuestros fondos de pensiones (sin mencionar lo defraudado a otros involucrados) podríamos cubrir también la meta de la Teletón de este año.

En serio. Una sociedad realmente solidaria se compromete a apoyar siempre al prójimo, y no solo cuando sufre males que nos impactan. Una sociedad realmente solidaria no permite que haya abusos y apoya permanentemente a los que más lo necesitan, no solo cuando aparecen las cámaras de TV. En una sociedad realmente solidaria la ausencia de abusos debería ser más importante que la existencia de ayudas. En una sociedad normal, eso se hace a través de la política, la participación ciudadana, impuestos y subsidios. Lo demás debería solo complementar el proceso.

Pero la Teletón no se trata de plata, sino de recordarnos que hay mucha gente que sufre cada día y que deberíamos hacer esfuerzos para ayudarlos. Pero no una vez al año, sino que siempre. No solo en dinero, sino que en respeto y cariño. No solo con aquellos que nos impactan, sino que con todos.

La Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional entregó hace unas semanas a la Presidenta Michelle Bachelet el informe con las 70 propuestas que emanaron de un trabajo, entre las que se cuenta la elección directa de los intendentes.

Personeros de los diversos sectores han expresado su apoyo y se estima que hay unanimidad acerca de esta iniciativa. Es una propuesta que de ser aprobada comenzaría a regir desde octubre de 2016, de manera que en forma simultáneamente con las elecciones municipales, se elija por votación popular a los intendentes.

Sin embargo, han surgido algunas voces que plantean que no basta con la elección directa de los intendentes, sino que al mismo tiempo el proyecto de ley que se elabore debe considerar cuáles serán las atribuciones que tendrán estas autoridades regionales. Se entenderá que los intendentes deberán tener un verdadero poder de ejecución y resolución, de manera que no sean figuras sin presencia, y que el poder central se resista a entregarles autonomía. La duda, en consecuencia, es si el Gobierno considerará impulsar esta parte de la propuesta, perdiendo parte del poder y el control central.

Del mismo modo, deberá quedar claro cuáles serán las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las regiones, ya que podría ocurrir que los intendentes elegidos de una corriente política distinta a la del gobierno de turno, sean discriminados y no se les considere en los proyectos y financiamiento. Se recordará que en los últimos días el alcalde de Coronel ha hecho denuncias en tal sentido, acusando discriminación por ser la única autoridad comunal de oposición en la provincia de Concepción.

Las propuestas que los expertos entregaron a la Presidenta consideran también la creación de partidos políticos regionales, mediante modificaciones a la legislación, y establecer primarias obligatorias para decidir candidaturas. Se fundamenta esto en que los regionalistas señalan que las colectividades hacen fuertes imposiciones desde el nivel central, incluso designando candidatos "afuerinos", sin la posibilidad de fomentar liderazgos regionales.

En la estructura general de las propuestas, hay acuerdo, pero una vez conocidos los proyectos habrá que analizarlos en detalle.