Será la próxima semana cuando al despacho de la ministra en visita exclusiva del Caso Matute, Carola Rivas, llegue el mayor (r) de Carabineros, Andrés Ovalle, para prestar declaración en el marco de la reapertura de la causa.

Así lo confirmó la propia magistrada de la Corte de Apelaciones de Concepción, explicando que la diligencia había quedado pendiente (y en su respectiva evaluación) desde las indagatoria que llevaba adelante el ministro Jaime Solís, quien encabezó el estudio de los hechos hasta el primer semestre de este año. Hay que recordar que éste se inhabilitó por la presencia de las declaraciones de su yerno dentro del expediente.

"Hay que coordinar el día. La entrevista estaba vista para este viernes (mañana), pero el señor Ovalle explicó que no podía esta semana", dijo la ministra.

Consultado al respecto es que el oficial en retiro de Carabineros corroboró lo anterior, contando que "recién hoy (ayer) en la mañana fui notificado por la PDI (en Santiago). Ya tenía compromisos para ese día, así que ahora debo coordinar con la Corte para ver qué día iré a declarar. Puede que sea a mediados de la próxima semana".

"Como lo he dicho en reiteradas oportunidades: tengo toda la intención de ayudar a dilucidar la causa, donde muchas personas, por ir en la línea correcta, pagamos las consecuencias", agregó Ovalle.

Vale recordar que la ministra en visita ya había anunciado nuevas diligencias, que en su grueso, tratan de interrogatorios. "Trata de personas de conocimiento mediático en el Caso Matute", adelantó la jueza a El Sur en la edición del 24 de septiembre.

ARAOS

El hermano mayor de Óscar, uno de los siete jóvenes procesados y luego absueltos por obstrucción a la justicia en la causa de Jorge Matute, hoy decide hablar con El Sur, siempre bajo una mirada cuidadosa, dado que para él la prensa se ha encargado de ligar su apellido con la desaparición y muerte del universitario, visto por última vez con vida en noviembre de 1999.

Junto a aquello es que Araos vuelve a recalcar que a su juicio, la indagatoria de Arenas no tiene sustento, aseverando que "toda la investigación de Arenas en contra de los ex procesados es un distractivo policial tendiente a obstruir el verdadero foco criminalístico en la causa por la desaparición y muerte de JMJ".

-Basta con comparar las primeras declaraciones de todos los funcionarios de "La Cucaracha", en donde se describen varias agresiones al interior de la discoteque en contra de una misma persona no determinada por ellos en primera instancia. Con el paso del tiempo y debido a la insistencia de la judicatura, procedieron de manera conjunta a cambiar sus declaraciones judiciales, en las que fijaban ahora como víctima de las agresiones, con sangramiento incluida, a un tal joven asistente apodado "El Mota". Todo lo cual resultó ser una estudiada coartada, porque en la única declaración del tal Mota, a fojas 629, éste afirma ante el ministro de turno nunca haber sido golpeado de la manera y las veces como afirmaron de manera concertada gran parte del personal de la Cucaracha.

Fojas 629, señala textual: "No señor, cuando el guardia me sacó de la disco no me golpeó, sólo me tomó como abrazándome y me sacó fuera del local, lo que sí puedo decir es que me ofreció pegarme si yo me resistía a salir".

-A diferencia de Arenas, yo no opino ni presento fabulaciones, únicamente describo hechos y acontecimientos objetivos que pueden ser comprobados por cualquier hijo de vecino. Existen mensajes claros y precisos (desde correos institucionales) respecto de la corrupción policial y política tras esta causa, hubo contactos oficiales, cara a cara al interior de retenes policiales donde buenos Carabineros en servicio activo nos indicaron nombres, apellidos, cargos y responsabilidades de quienes secuestraron a Jorge Matute Johns desde La Cucaracha. Inclusive informaron acerca de la marca y destino del vehículo en que fue trasladado su cuerpo, con la sangre de JMJ.

-No hago referencias a fraudes forenses, desechos judiciales y cosas juzgadas. Únicamente la prensa chilena, no así los tribunales de justicia, le otorgan credibilidad a llamados anónimos y supuestos secretos de confesión donde se confiesan pecados de terceras personas, en desmedro de pruebas biológicas, empíricas, judiciales y denuncias formales (con nombre y apellido) de funcionarios policiales y políticos ligados de manera irrefutable a una asociación ilícita, para el tráfico y consumo de drogas en altas esferas.