Lo que sucede con el transporte público en la Región es una muestra más del centralismo agobiante de nuestro país. Y sucede no sólo en el Bío Bío, sino que en la mayoría de las regiones, exceptuando la Metropolitana, que si bien cuentan con un cuestionado Transantiago, el estado de las máquinas y la inyección permanente de recursos para mejorar el sistema de locomoción no tiene relación con los fondos que se destinan en regiones en materia de transporte público. Para qué decir de las constantes intervenciones para extender el servicio del Metro.

Pero el centralismo también se observa al interior de nuestra propia Región. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el transporte en las zonas más aisladas e incluso en comunas como Lota y Tomé, que si bien están a pocos kilómetros de la capital regional, el servicio al que acceden los usuarios de esas zonas es deficiente y de alto costo.

La locomoción colectiva en ambas comunas no tiene buena reputación entre los usuarios. Por un lado el servicio no tiene la calidad a la que se aspira, y además sus tarifas son excesivas de acuerdo al nivel de la prestación. En el caso de Tomé, el Ministerio de Transporte no tiene mayor control en la regulación del tarifado en los servicios, puesto que están considerados como transporte rural. Por lo tanto, no existe, por ejemplo, una licitación como la que ordena a los taxibuses en el Gran Concepción, en donde funciona una subvención que rebaja, en gran medida, el precio del pasaje.

Son miles los habitantes de Lota y Tomé que viajan a diario a Concepción a realizar actividades laborales o académicas, ocupando espacios amplios de tiempo. Por ello, merecen una atención más digna y eficiente.

La opción del servicio ferroviario a Tomé es uno de los anhelos y eventuales soluciones para mejorar las condiciones de los usuarios tomecinos, como lo es también la extensión del Biotrén a Lota. Así lo han planteado con fuerza, y desde hace años, sus habitantes y líderes comunales.

Por la dignidad de los usuarios es de esperar que la autoridad regional y el Ministerio de Transporte solucionen a la brevedad estos justos reclamos.

El 19 de noviembre de 1962, hace más de medio siglo, es una fecha que los habitantes de la población José María Caro, en Santiago, no han olvidado. Ese día, en medio de un paro nacional organizado por la Central Única de Trabajadores, CUT, el intento de los pobladores de bloquear el paso de los trenes al sur de Chile desató una tragedia.

La causa del paro fue la diferencia entre el reajuste que pedían los trabajadores (50%) y lo que ofrecía el gobierno del Presidente Jorge Alessandri (15%). Esos 35 puntos de diferencia, en tiempos de inflación acelerada, movieron especialmente a los sectores más pobres de la capital y otras ciudades, donde todavía no se terminaban de acomodar los inmigrantes rurales, parte de un gigantesco éxodo proveniente del campo. Era el tiempo de las 'poblaciones callampas', como las denunció el padre Hurtado. El caso de 'la Caro', cuenta el antiguo poblador Orlando Gálvez, era distinto: se trataba de unas 120 mil personas asentadas en los antiguos terrenos del fundo Lo Valledor. No era una toma. No era una 'callampa'. 'Allí vivíamos y seríamos los futuros propietarios, puesto que pagábamos a la Corporación de la Vivienda (Corvi) los sitios que ocupábamos… Allí comenzó nuestra historia como vecinos, dirigentes sociales y como cristianos en la población José María Caro, un territorio que llegaría a convertirse en uno de los principales asentamientos urbanos de la capital'.

Como otras, la familia Gálvez llegó empujada por su compromiso como católicos, liderados por el futuro obispo Fernando Ariztía y el sacerdote Pedro Cástex.

La suya no ha sido una vida fácil. A lo largo de medio siglo han consolidado las estructuras físicas de sus viviendas y los servicios indispensables, desde la locomoción hasta los organismos de la administración del Estado, fruto siempre de esfuerzo y protestas. Han luchado permanentemente y lo que narra Gálvez en este libro, es una historia de esfuerzo, sacrificios, mucho trabajo y gran solidaridad. Pero es también una historia de dolores.

Aunque nada iguala el sufrimiento de ésta y otras poblaciones periféricas durante los años de la dictadura, las penas de la Cardenal Caro tienen un hito inolvidable: el 19 de noviembre de 1962 cuando una patrulla militar, desbordada por los pobladores que apoyaban el paro de la CUT, abrió fuego indiscriminadamente contra niños, mujeres y hombres. El saldo fatal fue de seis muertos.

La Caro -junto a una larga serie de incidentes parecidos, desde la Escuela Santa María de Iquique a los muertos de San Gregorio y Ranquil- se aseguró así un lugar en la historia.

Este libro -'La Caro. Un relato de la solidaridad, la organización y la esperanza'- es, apenas, un registro de esa epopeya.