La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) convocó a un paro nacional de actividades en los consultorios del país para el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre.

Según explicó la agrupación, adoptaron la medida debido al 'incumplimiento de parte del Gobierno del Protocolo de Acuerdos comprometido por la máxima autoridad del ministerio de Salud', el cual se hacía cargo de las principales demandas de la organización.

Entre estas demandas se cuenta la disminución de los trabajadores a honorarios, el incremento del valor de los sueldos base mínimos nacionales, incentivo al retiro, financiamiento de la salud municipal y el traspaso del personal administrativo que cumple funciones de Técnico de Nivel Superior a la categoría C del Estatuto de Atención Primaria.

Además -según afirma la Confusam- en dicho protocolo el Gobierno se comprometía a entregar soluciones a los problemas pendientes de la salud rural y de los servicios de urgencia.

Junto al paro de 48 horas convocado para esta semana, los trabajadores llaman a una marcha de trabajadores de la salud municipal el 24 de septiembre en Santiago.

De todas formas, los funcionarios afirman que implementarán turnos éticos y adoptarán medidas para garantizar el normal funcionamiento de las urgencias durante los días de movilización.

La entidad indicó que en los últimos días han sostenido reuniones con autoridades del Ministerio de Salud en busca de una solución al conflicto, pero que hasta la fecha ésta no se ha concretado.

Marejadas afectarán a la zona costera de gran parte del país. El fenómeno se debe al fuerte viento en el área oceánica, que genera oleaje y rompientes en el borde costero.

El Servicio Meteorológico de la Armada dijo que las marejadas se presentarán hoy desde Constitución al Golfo de Penas, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández; el lunes se extenderán hasta Antofagasta; y el martes llegarán a Arica. Esta condición se mantendrá hasta el jueves 25, alcanzando su mayor desarrollo en las horas de marea alta, dependiendo de las condiciones de viento local.

La autoridad marítima llamó a la comunidad a actuar con prudencia, respetar las normas de seguridad y evitar transitar por sectores rocosos, playas no habilitadas o realizar actividades náuticas y deportivas sin autorización.

Nueve personas fueron detenidas por protestar ayer en la medialuna de Temuco, durante la fecha provincial de rodeo.

Los manifestantes irrumpieron en el recinto cuando se desarrollaba una de las competencias de la jornada, portando pancartas contra la práctica del deporte criollo y acusando maltrato animal.

Personal de la Segunda Comisaría de Carabineros detuvo a los manifestantes -seis mujeres y tres hombres-, integrantes de la agrupación animalista Revolución La Cuchara.

Los detenidos fueron trasladados hasta el cuartel policial, tras lo cual quedaron en libertad a la espera de ser citados al tribunal respectivo por el delito de desórdenes públicos.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) señaló que los cuatro funcionarios que se encuentran privados de libertad , tras acusaciones de apremios y detenciones ilegales, fueron desvinculados de la institución con anterioridad a su formalización.

A través de un comunicado, la policía civil explicó que fue la propia institución, 'por medio de sus mecanismos de control internos, la que detectó los hechos imputados, acaecidos el 2012, por lo cual puso de manera inmediata los antecedentes en conocimiento del órgano persecutor, conforme al ordenamiento jurídico y como lo ha hecho cada vez que se han detectado conductas que se apartan de las leyes y reglamentos'.

La PDI inició un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de las personas involucradas. Ello derivó en la desvinculación -dada a conocer en los medios de comunicación en julio de 2014- de los cuatro ex funcionarios formalizados el 18 de septiembre recién pasado, lo que corresponde 'a la máxima sanción que establece el reglamento institucional'.

La PDI aseguró que 'contribuyó con la investigación judicial desarrollada por el Ministerio Público y aportó todos los antecedentes que fueron necesarios para esclarecer los hechos investigados'.

Durante la tarde del jueves 18 de septiembre, el fiscal de la zona Sur de Santiago, Víctor Venegas, formalizaba a cinco funcionarios de la Bicrim de San Ramón. Ello, luego que la tarde del martes se despachara una orden de detención en contra de los detectives, a quienes el Ministerio Público sindicó como responsables de los delitos de apremios ilegítimos, detención ilegal y confección de partes falsos, específicamente por hechos ocurridos durante el año 2012.

Los oficiales J.V.C.; J.C.G; P.M.C; O.A.J y F.G.R en septiembre de 2012 habrían amenazado a la víctima, quien tenía una orden de detención pendiente.

En este escenario, los imputados sin una orden judicial de por medio ingresaron al domicilio del individuo, ubicado en la población La Bandera para detenerlo. Una vez en el cuartel, procedieron a golpearlo, a amedrentarlo con un fusil y a exigirle que pidiera perdón de rodillas, y para evitar ser descubiertos, alteraron el parte policial que luego dio cuenta del procedimiento.

Una golpiza, en tanto, fue registrada por una cámara de video cuyas imágenes fueron claves para establecer la participación de los detectives en los actos descritos.

Todos estos antecedentes fueron vertidos en la audiencia de formalización de cargos del día jueves, instancia en que el tribunal dio por establecido -en esta etapa procesal- lo hechos descritos por el fiscal Venegas, quien solicitó la prisión preventiva de los cinco funcionarios de la PDI.

El requerimiento fue aceptado para cuatro de ellos, los que fueron desvinculados de la institución, mientras que F.G.R. quedó sujeto a la medida cautelar de firma semanal.

En la causa, iniciada a comienzos de 2013, figuran como querellantes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), éste último por considerar que los imputados habrían cometido los ilícitos durante su desempeño como funcionarios públicos.

Se trata de ex policías de la Bicrim de San Ramón, indagados por la Fiscalía Sur, tras una denuncia

Desde que comenzó a regir la política 'cajero detonado, cajero multado', se han registrado 15 casos de infracciones cursadas por Carabineros y una baja en los ataques a las máquinas.

Entre el 3 y el 16 de septiembre han habido en total 24 ataques a bancomáticos, de los cuales sólo cuatro han sido consumados. Mientras que entre enero y julio de este año se registraron 288 robos a cajeros automáticos, de los cuales 192 resultaron frustrados y 96 efectivos.

Los ataques registrados se han realizado principalmente por la ausencia de alarmas y circuitos de monitoreo por video en línea de cajeros, elementos que desde que comenzó a regir la política, a comienzos de este mes, deben ser obligatorios.

'Ha habido una baja en los casos consumados. Lo atribuimos a los servicios preventivos nuestros y las mejoras de seguridad de los cajeros', explicó el director de Seguridad Privada y Control de Armas, general Christian Fuenzalida.

A principios de mes, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, anunció que el banco que sea propietario de un cajero automático que sea destruido producto de un 'bombazo' o 'saturación de gas', sería multado con cifras que podrían llegar a los $40 millones. El monto señalado se conforma de una sanción de $20 millones por la falta de alarmas y una cifra parecida por ausencia de videos de seguridad en línea.

Según señaló Aleuy, el descenso de los ataques consumados se debe a las medidas de seguridad que se implementó con la nueva política, puesto que 'las medidas de seguridad, como cámara, alarma, empotramiento y anclaje, son fundamentales para desincentivar el delito ya que el delincuente elige los cajeros más vulnerables'.

El senador Alejandro Navarro (MAS) anunció que impulsará una demanda colectiva contra los bancos que no dispusieron de dinero en efectivo en cajeros automáticos en Fiestas Patrias.

Según explicó, la acción -que presentará junto a la Asociación de Consumidores del Biobío se basa en lo dispuesto en la Ley del Consumidor, 'para que los bancos indemnicen a los usuarios masivamente por la falta de servicio, y para que de aquí en adelante se garantice de alguna manera que el servicio de cajeros automático sea permanente y no dependa de la voluntad de los bancos'.

El parlamentario, quien integra la Comisión de Economía del Senado, cuestionó que los usuarios 'paguen comisiones por tarjetas y luego los bancos les impidan usarlas en Fiestas Patrias'.