Cajeros automáticos
La Superintendencia de Bancos ha informado que la cantidad de cajeros automáticos disminuyó en un 12% en 15 meses en todo el país. Muchas veces, los dispensadores que en forma reiterada son asaltados, no se reponen. Se trata de un problema golpea a prácticamente todas las regiones.
En el país, entre marzo de 2013 y junio de 2014 salieron de circulación 1.118 cajeros automáticos, bajando 8.195 las unidades disponibles.
La banca aduce que las razones hay que buscarlas en la delincuencia y particularmente los bombazos que han afectado a estos lugares que prestan utilidad pública. Se recordará que el jueves pasado una sucursal bancaria del sector Collao y otra de Pedro de Valdivia fueron objeto de detonaciones para robar las bandejas con dinero.
Los robos a estos terminales se han hecho un delito recurrente. Alrededor del 70% de los delitos contra estos dispensadores se registran en la Región Metropolitana y el resto en regiones. Como consecuencia de ello, hay sectores donde es difícil que los clientes de la banca encuentren un cajero.
La Asociación de Bancos ha precisado que la tendencia es que los clientes operen en forma electrónica y no con dinero efectivo, lo que hace pensar que en forma paulatina los cajeros irán desapareciendo, al menos en los sectores más conflictivos.
Frente al asunto, en especial respecto de los cajeros atracados con bombas, el gobierno ha puntualizado que multará a los bancos que sean asaltados y no cuenten con una serie de medidas de seguridad. La propuesta es, por decir algo, bastante audaz y polémica, toda vez que es el Estado el que debe garantizar la seguridad. Esto es como pretender multar a quienes sufren robos en sus casas porque no tienen un perro, alarma o no cuentan con un arma para ahuyentar a los delincuentes.
Desde todo punto de vista, la propuesta es cuestionable. Por lo demás, los efectos pueden ser aún peores. Los delincuentes podrían usar artefactos más destructivos, o bien, los bancos podrían retirar más cajeros, considerando que el peligro sigue latente.
El gobierno debe asumir su responsabilidad y plantear mejor sus políticas que, en algunos casos aparecen como apresuradas y poco meditadas.
El 70% de los delitos contra dispensadores se registran en la RM y el resto en regiones. Como consecuencia de ello, hay sectores