A pesar de que se ha debatido tanto sobre educación, aún no hay claridad sobre algunos temas relacionados con este ámbito. Por ejemplo, el financiamiento de la educación superior es una materia en que el desconocimiento puede llevar a interpretaciones equivocadas.

Es así que resulta fácil confundir a la comunidad con declaraciones sesgadas que intentan hacer creer que las instituciones privadas concentran un porcentaje significativo de los recursos públicos.

Primero habría que aclarar que sólo las universidades del Consejo de Rectores cuentan para su financiamiento con el Aporte Fiscal Directo, que el Estado entrega a las instituciones adscritas al Cruch sobre la base de criterios históricos. Las universidades de Chile, PUC, UdeC, Usach, Federico Santa María y U. de Talca recibieron el 56% del financiamiento fiscal en 2013 considerando el AFD y otros convenios.

En tanto, el Aporte Fiscal Indirecto es destinado a todas las instituciones que matriculan a los alumnos que obtienen los mejores puntajes en la PSU, siendo éste un mecanismo que beneficia a las instituciones que atraen a los estudiantes con mejor rendimiento académico que, por lo general, no corresponden a los alumnos de los segmentos socioeconómicos más vulnerables. Los datos son elocuentes: las universidades de Chile, PUC, Federico Santa María, de Santiago y de Concepción concentraron el 60% de este financiamiento en 2013.

Asimismo, todas las instituciones tienen la posibilidad de optar a recursos concursables vía proyectos de investigación y también a donaciones que, por cierto, se concentran en unas pocas universidades.

En cuanto al financiamiento estudiantil, los alumnos de las universidades privadas no pertenecientes al Cruch, en una evidente situación de discriminación, no pueden acceder a financiamiento del Fondo Solidario de Crédito Universitario independiente de su situación socioeconómica y mérito académico. En su caso, les queda la opción del Crédito con Aval del Estado.

Es importante tener en consideración los antecedentes expuestos para entender los resultados del estudio 'Financiamiento fiscal a la educación superior', elaborado por la Contraloría General de la República, que arrojó que algunas universidades privadas obtienen más aportes que las estatales, a través de crédito a sus alumnos. Lo anterior se explica porque las universidades privadas están acogiendo a un alto número de estudiantes de segmentos socioeconómicos vulnerables que requieren CAE para cursar sus estudios.

Es lamentable que en ocasiones el debate se centre en estos aspectos sin considerar lo verdaderamente relevante: la calidad de los programas que imparten las instituciones.

Vicerrector Sede Concepción

Los robos a cajeros automáticos se han hecho un delito recurrente a lo largo del país. Hace unos días se ha informado que entre mediados de 2013 y mediados de 2014, la banca ha retirado un total de 955 dispensadores de establecimientos, como supermercados, farmacias y centros comerciales, debido a la alta frecuencia con que son asaltados y con el fin de no estimular más la ocurrencia de esos ilícitos.

Alrededor del 70% de los robos se registran en la Región Metropolitana y el resto en regiones. Como consecuencia de ello, hay sectores donde es difícil que los clientes de la banca encuentren un dispensador de dinero. La Asociación de Bancos ha señalado que la tendencia es que los clientes operen en forma electrónica y no con dinero efectivo, lo que hace pensar que en forma paulatina los cajeros irán desapareciendo, al menos en los sectores más conflictivos.

El robo de dispensadores es frecuente porque reporta millonarios botines a los ladrones que, de ser sorprendidos, han sido procesados por robo en lugar no habitado, con una baja penalidad. Hay que pensar también que tras el violento atraco a un cajero, existe otro delito, porque a alguna persona se le asaltó y se le robó su vehículo, que se usó para embestir el dispensador, y ocasionalmente se emplea otro automóvil más para iniciar la huida y cargar las bandejas con billetes. Los métodos de robo han variado. Antes, los aparatos eran arrancados con un lazo de acero, luego empleaba el oxicorte y ahora lo más frecuente es hacerlos estallar.

No es tan sencillo como pensar que en estas situaciones operan los seguros, porque también hay que considerar que los robos son cada vez más violentos y osados, incluso captados por cámaras de vigilancia, y no pocas veces en presencia de público. En consecuencia, queda la sensación en la ciudadanía de que opera un principio de impunidad.

En Chile, llegaron a haber 9.500 dispensadores, con el fin de que los usuarios puedan operar las 24 horas. Cada uno de ellos es cargado con sumas entre 20 y 80 millones de pesos, dependiendo de la afluencia y seguridad.

Autoridades de gobierno, policiales y bancarias han sostenido una serie de reuniones para adoptar medidas que permitan neutralizar estos actos, hasta ahora sin grandes avances, si se considera que estos delitos se cometen casi a diario. Es de esperar que las iniciativas que se toman sean más efectivas.