La semana pasada, el senador UDI Jaime Orpis propuso un eventual reemplazo del Comité de Ministros, que ha sido un importante protagonista en las decisiones respecto a proyectos que terminaron bajo un intenso debate social y ambiental en el país. Lo integran los titulares de Salud; Economía, Fomento y Turismo; de Agricultura; de Energía y de Minería, a quienes se suma el Ministro de Medio Ambiente, que lo preside.

Entre las actuaciones más recordadas del Comité de Ministros, está su reciente decisión sobre al proyecto energético HidroAysén. En junio, este cuerpo resolvió revocar de manera unánime la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de esta iniciativa, echando pie atrás a lo que el mismo comité había determinado en enero, cuando había decidido dejar en suspenso 18 reclamaciones en contra de esta inversión en el sur del país.

La diferencia en menos de un semestre, para muchos, está en el enfoque político de la discusión. El dato objetivo es que cada uno de los comités actuó bajo gobiernos distintos.

Para representantes del sector minero y energético, el funcionamiento de la institucionalidad ambiental en Chile es, al menos, complicado. Las últimas experiencias por HidroAysén, Punta Alcalde, Pascua Lama y la Termoeléctrica Castilla, han incluido la intervención de organismos como el mismo Comité de Ministros, el Tribunal Ambiental, Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, los que han actuado con posterioridad a los procesos de evaluación formales.

En el caso específico del Comité de Ministros, es claro que no sólo se trata de un organismo técnico, sino que también político. Algo similar pasaba en el país cuando la evaluación ambiental estaba estrictamente en manos de las comisiones regionales integradas por seremis, quienes muchas veces decidieron con criterios más políticos que técnicos.

Son esos aspectos en que el país aún debe trabajar. Más allá de la existencia del comité, la institucionalidad debe funcionar bien mucho antes. Es evidente que el futuro del desarrollo sustentable en el país depende de una institucionalidad objetiva, fuerte y con un perfil técnico.

Sectores políticos e industriales debaten sobre peso del Comité

Por estos días, algunas voces han planteado la posibilidad de replicar el acuerdo alcanzado en materia tributaria, con la Reforma Educacional. Un consenso que nos permita avanzar en los proyectos de ley que se discuten en el Congreso y en las futuras iniciativas que el gobierno presente, en especial aquéllas referidas a la educación superior.

En tanto, el Ejecutivo está promoviendo diálogos ciudadanos y encuentros temáticos tendientes a sociabilizar los proyectos de ley y a recoger opiniones de la ciudadanía. Con estos mecanismos, se pretende favorecer la participación de la población a lo largo del país.

A primera vista, parecen ser instrumentos loables que permitirían mejorar los actuales proyectos y obtener en terreno planteamientos tendientes a enriquecer la discusión. Sin embargo, resulta preocupante que el gobierno ya haya planteado que no modificará el corazón de la reforma, es decir, que independiente del resultado de estos procesos de participación no transará en determinados aspectos.

La duda es, entonces, ¿qué sucederá si al término de estos encuentros el gobierno se da cuenta de que, por ejemplo, la mayoría de los padres no está de acuerdo con que se acabe el copago porque ellos están dispuestos a aportar monetariamente en la educación de sus hijos? ¿Insistirá en su iniciativa? Consideramos que cuando se implementan espacios de participación, se debe estar abierto a escuchar y sobre todo a considerar una visión distinta a la propia. De lo contrario, el diálogo no tiene sentido alguno.

También sería interesante saber quiénes participarán en estas instancias. Si se trata de encuentros en que se convoque sólo a un sector del país no será mucho el aporte al debate. Estas instancias hay que abrirlas con mayor razón a quienes no están de acuerdo para que, desde otra posición, entreguen una mirada distinta que sume a la discusión. En educación básica y media, nos parece fundamental considerar, por ejemplo, la opinión de los apoderados de los colegios subvencionados que conocen la educación que ofrecen estos establecimientos y no se dejan influir por estereotipos.

Asimismo, se debe incluir a un actor que ha sido el gran ausente en las discusiones de los últimos años: los estudiantes de las universidades privadas, aquéllos que no salen a marchar y que no son consultados ni invitados a reuniones con el ministro. Nuestros alumnos, que han sufrido la discriminación de un sistema concebido sólo sobre la base de las necesidades de ciertas instituciones, deben ser considerados en la discusión de iniciativas que los afectarán.

En conclusión, de nada sirve el diálogo ciudadano si no es con todos.

Vicerrector Sede Concepción