Evalúan juicio ejecutivo para condenados de Alto Río
Por nelson ojeda sazo
Los cuatro condenados del Caso Alto Río: Ricardo Baeza, Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra (altos ejecutivos de la constructora Socovil y de la inmobiliaria Río Huequén, a cargo de la edificación y venta del inmueble) y René Pettinelli (ingeniero calculista de la obra), por el momento estarían siendo llevados a un juicio ejecutivo por determinación de la parte querellante.
Esto, debido a que hasta la fecha los sentenciados no han cancelado las indemnizaciones y el pago de costas del caso, cuestión que fue decretada en el fallo del tribunal penquista en el segundo proceso judicial, el que fue ratificado por la Corte Suprema de justicia en abril de este año.
Cabe recordar que el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas y quienes resultaron con lesiones producto del derrumbe del edificio durante el terremoto del 27 de febrero de 2010, bordea los $2 mil millones. A esto se suman casi $346 millones por concepto de costas, monto que fue fijado el pasado 27 de mayo por la Tercera Sala del Juzgado Oral en lo Penal de Concepción, cuestión que fue apelada por los sentenciados y que fue rechazada por la Corte de Apelaciones penquista.
El abogado querellante, Enrique Hernández, dijo que 'hasta el momento no hay ningún pago efectuado a las víctimas por sus indemnizaciones ni tampoco ningún pago con respecto a las costas personales y procesales por las que fueron condenados los culpables. No tengo conocimiento de alguna explicación que ellos hayan dado. Hasta este minuto no tengo explicación formal del no pago'.
Sobre el juicio ejecutivo por el que se estaría optando en este momento para ejecutar de manera forzosa el pago dictado por la justicia, Hernández manifestó que 'es el camino que hay que tomar para exigir el pago de lo establecido por el tribunal. Nuestro deber es seguir adelante cobrando todos los créditos de nuestros clientes, junto a las costas, ejerciendo legalmente todas las acciones que tenemos para ello'.
Consultado al respecto, Alejandro Espinoza, abogado defensor de Ricardo Baeza, Juan Ignacio Ortigosa y Felipe Parra dijo que no se iba a referir al respecto. 'No haré ningún tipo de declaración', afirmó escuetamente.
Vale señalar que junto al pago de estos montos, la justicia también sentenció a estas cuatro personas a tres años de presidio remitido, en el caso de los altos ejecutivos y 800 días de la misma pena para Pettinelli.
Todo lo anterior por 8 cuasidelitos de homicidio y otros 7 de lesiones.
Durante los próximos días el fiscal adjunto de Chillán, Mauricio Mieres, estaría tomando la decisión de si formalizar o no a Juan Ignacio Ortigosa y a Ricardo Baeza por el cargo de contrato simulado.
Esto, a propósito de la investigación que viene realizando el persecutor, luego que el 6 de marzo de 2010 (pocos días del terremoto y caída de Alto Río) abogados del estudio jurídico de Fernando Saenger ingresaron una querella por el mencionado delito en el tribunal chillanejo.
La acción de los profesionales, se gatilló por un supuesto movimiento hecho por Baeza y Ortigosa, quienes al ver en ese momento un eventual juicio y pago de indemnizaciones, quisieron traspasar el patrimonio de Socovil a una tercera empresa, contactando al empresario Rodrigo Valenzuela, quien dio detalles de lo acontecido al Ministerio Público en calidad de testigo.
Una vez que Mieres tome una decisión al respecto, deberá dar a conocer esto a la Fiscalía local de Chillán y a la Fiscalía Regional, pasando a comunicar de manera formal a las partes involucradas en el caso.
En esta línea es que fuentes del caso contaron a este medio de que el fiscal ya habría terminado las diligencias que estimaba competentes.
Así, los posibles escenarios de aquí en adelante serían que se formalice a raíz de esta nueva querella a los dos ejecutivos consignados, que sólo uno de ellos sea citado por la justicia, o simplemente que el fiscal no persevere en la causa.
Juan Ignacio Ortigosa y
Hasta el momento no hay ningún pago efectuado a las víctimas por sus indemnizaciones ni tampoco ningún pago con respecto a las costas personas y procesales por las que fueron condenados los
Enrique Hernández,