La justicia española procesó ayer por los delitos de pertenencia a organización terrorista y estragos terroristas a los dos chilenos que fueron detenidos como presuntos autores de un atentado explosivo en la basílica del Pilar de Zaragoza el 2 de octubre de 2013.
Los dos procesados, que están en prisión provisional sin fianza, son Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero. El juez también les imputa un delito de conspiración para la comisión de estragos terroristas por su intención de instalar otro artefacto en el Monasterio de Montserrat, en las cercanías de Barcelona.
La explosión en la basílica de Zaragoza causó daños en varios bancos de madera situados frente al altar mayor, pero no heridos.
El atentado fue reivindicado entonces por el denominado Comando Insurreccional Mateo Morral, el mismo que se atribuyó la colocación de un artefacto en la catedral de La Almudena de Madrid en febrero de 2013.
El juez relata que en el momento de la explosión en El Pilar había cuatro trabajadores de la basílica y al menos un grupo de cincuenta turistas estadounidenses con su guía, que no sufrieron lesiones, y tres personas que quedaron momentáneamente retenidas en un ascensor del templo.
Escasos minutos antes de la explosión hubo un aviso a un centro de estética, cuyo personal, creyendo que era una broma, no avisó a organismos oficiales, indicó el juez.
Las fuerzas de seguridad identificaron a los procesados gracias al análisis de las imágenes de las cámaras de vigilancia de un bar situado en la Plaza del Pilar, en las que se veía a un hombre y una mujer una hora antes de la explosión que llamaron la atención debido a su comportamiento y vestimenta -iban con ropa de invierno en un día caluroso- y por los bultos que portaban.
Los dos imputados se encontraban en España tras ser absueltos en Chile por la justicia en el denominado Caso Bombas junto a cuatro personas más, luego de que la Corte Suprema argumentara que no existían antecedentes suficientes para llegar a una convicción de condena.
Solar Domínguez fue acusado por el Ministerio Público de participar en la instalación de bombas en el frontis de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en una sucursal de Chilectra y un artefacto en el costado del edificio del Consejo de Defensa del Estado, todos hechos ocurridos en 2006.
En tanto, Mónica Caballero fue imputada por la colocación de un artefacto incendiario en la puerta de la Iglesia de Los Sacramentinos, registrado en noviembre de 2009.
REACCIÓN DEL GOBIERNO
El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, dijo ayer que el gobierno no tiene planeada ninguna acción específica para abordar el caso de los chilenos procesados, más allá de la ayuda consular que el Estado ya les prestó durante el juicio.
'Supe de esta decisión de la justicia y esto es algo que le compete exclusivamente a la justicia española', sostuvo el canciller, quien recordó que durante el proceso 'lo que Chile ha hecho en su momento fue otorgarles el apoyo consular que corresponde a cualquier chileno que está en una situación que envuelve a la justicia extranjera. Pero en tanto exista el debido proceso en España, esto está en manos de la justicia de ese país'.
El canciller chileno,
