Dos caras está tomando la Reforma Educacional que está impulsando el gobierno como uno de sus grandes pilares para la segunda administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

Una cara de acuerdos prácticamente unánimes, en cuanto a la imperiosa necesidad de cambiar el sistema educacional para acabar con la segregación y avanzar hacia derroteros que garanticen la equidad, la gratuidad y la calidad; y otra cara de desacuerdos, sospechas y recelos por los modos e instrumentos escogidos, con actores que han endurecido su discurso y otros que están optando por la forma más antigua de todas para ganar una discusión: la desacreditación de quien piensa distinto.

Una transformación de la magnitud en la que se ha embarcado el país, acicateada luego de las movilizaciones estudiantiles de 2011 y refrendada en el programa de gobierno de la actual Presidenta cuando era candidata, requiere, antes que todo, incluso antes de su financiamiento vía Reforma Tributaria, que los encargados de debatir la Reforma Educacional -tanto en los poderes Ejecutivo como Legislativo-, asuman su rol de depositarios de la confianza pública y comprendan que la verdad también puede estar en el rival. Los caminos del absolutismo discursivo no conducen más allá que a decisiones que tarde o temprano habrán de perder sustento por su falta de legitimidad (que es distinto a la legalidad).

En estos días se han visto acusaciones cruzadas de campañas del terror e incluso de expresas desacreditaciones acerca de la representatividad de algunos de los actores directamente interesados sobre la reforma. Más que desconfiar, es mejor saber escuchar y responder las inquietudes.

El futuro de los colegios subvencionados es el elemento que ha estado dominando el debate en los últimos días, y con razón, por la incertidumbre en que se sienten no sólo los sostenedores, sino que los padres y apoderados que han optado por este camino que el propio Estado acordó en su momento. Es en este plano en el que se necesita templanza y claridad de parte de todos quienes deciden, superando, eso sí, la tentación ideológica y la desacreditación para discutir.

El futuro de los colegios subvencionados es el

Michelle Bachelet ha dicho que es democrático discutir sobre el aborto y que el país está maduro para ello. Eduardo Frei dijo hace algunos años algo parecido: que en democracia puede discutirse cualquier cosa.

Pero eso no es cierto. Desde un punto de vista teórico, para poder discutir hace falta algo indiscutible que sea el punto de partida, de lo contrario ocurre una regresión al infinito. Esto no quiere decir que el punto de partida sea irracional, de hecho, tiene que ser evidente. Pero a cada orden de cosas le corresponde su propia base (cómo se evita caer en la circularidad, además de la regresión infinita, es algo que excede las pretensiones de esta columna).

Lo que no se discute es lo que se asume. Habría que ver qué es lo que se asume en democracia, o qué es lo que asume la democracia como forma de gobierno. Un sistema democrático parte de la igual dignidad de todos quienes participan en él. Eso no se discute, eso no puede discutirse en una democracia porque si se hace, deja de ser democracia. Es por esta razón que, con mayores o menores restricciones, opera la ley de la mayoría (sería absurdo decir que manda la mayoría porque la mayoría así lo decide).

Lo anterior ya es un tanto problemático, porque no todos participan o pueden participar en la democracia. Fuera de ella quedan, entre otros, los menores de edad y los extranjeros. Sin embargo, aunque no sean ciudadanos, los que no participan también gozan de las garantías de la democracia, porque se los reconoce como iguales en lo sustancial.

¿Pero quién dice que los menores de edad y los extranjeros merecen el mismo respeto que los ciudadanos? No parece razonable aceptar que sean los mismos ciudadanos que decidan eso, porque el que otorga derechos puede quitarlos, unos quedarían sometidos a la voluntad de otros en lo esencial, y la democracia dejaría de serlo. Simplemente se reconoce (y esta es la palabra clave) que todo el que es como uno, es decir un ser humano, merece el mismo respeto que uno.

En la medida en que se discute el fundamento mismo de la democracia, se hunde; pasa a ser una tiranía de la mayoría. Se puede decir que si en democracia es importante aquello que se discute (gobierno, economía, educación, etc.), aquello que no se discute es más importante todavía. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, que se puede deliberar sobre la validez de la tortura o cosas parecidas.

Que en democracia haya cosas que no puedan discutirse no constituye un límite, sino una base. En democracia no todo puede discutirse, pero lo que se discute pueden discutirlo todos (o todos son tomados en cuenta). En un gobierno totalitario, en cambio, todo puede discutirse, pero sólo lo hacen quienes tienen el poder. Deliberar acerca de la protección que merece un grupo de seres humanos -discutir sobre el aborto- es socavar la base de la democracia. Si se puede cuestionar el derecho a la vida de un no-nacido, todos los demás derechos quedan en entredicho.

Un sistema democrático parte de la igual