Más de $346 millones es el total de las costas, procesales y personales, que tienen que cancelar los cuatro condenados del Caso Alto Río: Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza quienes eran los altos ejecutivos de la empresa constructora Socovesa a cargo del edificio que terminó desplomado tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, además del ingeniero calculista de la obra, René Pettinelli.

Así lo determinó ayer la Tercera Sala del Juzgado Oral en lo Penal de Concepción, luego de una larga audiencia para fijar cuánto tienen que pagar los condenados, y que empezó a las 11 de la mañana y que concluyó cerca de las 16 horas con la resolución de los magistrados: Mirentxu San Miguel, Jorge Díaz y Jimena Israel (presidenta de la sala).

POLÉMICA

Fue al comienzo de la audiencia cuando se registró uno de los pasajes de mayor polémica. Esto, luego que los abogados defensores , Marcelo Torres y Fabiola García, quienes llegaron en representación del defensor particular Alejandro Espinoza (dijo al tribunal que tenía una audiencia fuera de la Región) pidieran la reprogramación de la cita.

Según los profesionales, no fueron notificados de la solicitud de fijación de fecha para la audiencia que realizó el Ministerio Público, asimismo para el caso de los abogados del estudio jurídico de Fernando Saenger, quienes formaron parte de los querellantes.

Tras un receso de cerca de 15 minutos, el tribunal no acogió lo expuesto, explicando que por medio de chequeo de sistema interno se verificó que los escritos fueron despachados de forma correcta a las partes, dando paso a las correspondientes intervenciones, pese a que la defensa insistió que los documentos no llegaron a sus correos electrónicos.

Apenas se le dio la palabra, el fiscal Nelson Vigueras hizo expresa su solicitud de la cancelación total, por parte de los sentenciados, del gasto que hizo el Ministerio Público en el peritaje estructural que encargó al Idiem de la Universidad de Chile, cuestión que fue un determinante medio de prueba del caso.

Desde la defensa, en tanto, se cuestionó la utilidad del peritaje, apuntando a que no era posible establecer las causas del colapso con el informe de éste, el que tuvo un costo de más de $141 millones para el ente persecutor de carácter estatal.

En lo que compete a costas personales (el gasto y/o inversión en el trabajo individual de cada abogado en la parte civil del caso. Entiéndase también como una remuneración), los profesionales basaron sus argumentos en el tenor y complejidad del juicio, exponiendo ante los magistrados que para determinar el pago de las costas se tomara como referencia el arancel del Colegio de Abogados.

En base a lo anterior es que los profesionales apuntaron a recibir el 20% de los montos de indemnización que fijó el tribunal. La defensa, en tanto, pidió que fuese el arancel de la Defensoría Penal Pública el instrumento de referencia.

Escuchadas las partes, la audiencia tomó un receso cerca de las 13 horas. 'Se dará a conocer la resolución a las 15 horas', dijo la jueza Jimena Israel. Finalmente, fue a las 15.45 horas cuando se leyó lo resuelto por el tribunal, el que determinó que los condenados deben pagar la totalidad de las costas procesales, constituidas por el desembolso fiscal del Ministerio Público para solicitar el estudio de la Universidad de Chile ($141.188.206).

En materia de costas individuales, que corresponde a los querellantes, la Tercera Sala dictó el pago de: $25 millones en el caso del abogado Marcelo Villena; $25 millones para Víctor Toledo; $35 millones para el abogado Marcelo Oyharcabal y $120 millones para el estudio jurídico de Fernando Saenger, en la persona de Enrique Hernández.

Ante lo anterior, se estableció que la cancelación de los montos se debe ejecutar en igualdad de proporciones por cada uno de los condenados (dividido en cuatro) y de forma solidaria. Esto quiere decir que cuando uno de ellos no esté en condiciones para pagar, asume el gasto el resto del grupo.

La Defensora Penal Pública, Sandra Betancourt, anunció que conversará con René Pettinelli para analizar si es que buscarán una eventual acción de nulidad.

La audiencia comenzó a las 11 y la resolución se dio a conocer recién a las 15.45 horas. Defensa

José Miguel Ortiz Vera, hijo del diputado José Miguel Ortiz Novoa (DC) y hermano del alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz (DC), es el nuevo coordinador de seguridad pública en el Bío Bío, como lo anunció el Gobierno Regional.

En esta línea, Ortiz toma el cargo de quien desempeñara este puesto desde la administración de Sebastián Piñera, el periodista Félix Vera.

Dentro de las primeras actividades que desarrolló José Miguel Ortiz, una vez asumido en su nueva tarea, fue integrar una reunión del Sistema Táctico de Análisis Delictual (Stad) de Carabineros.

En la oportunidad, donde participaron los 25 comisarios de las unidades de la Región, encabezados por el Jefe del Departamentos de Operaciones de la VIII Zona Bío Bío, Coronel Rodolfo Carvallo Garín, se trataron diversos temas relacionados con el actual panorama regional, vinculado a la ocurrencia de delitos y las políticas de prevención que se están adoptando de acuerdo a cada lugar, hora y sector en que se registran los ilícitos.

En la cita, realizada en la prefectura penquista, también estuvo presente el Asesor Jurídico de la Fiscalía Regional, Mauricio Lártiga.

El coronel Carvallo señaló que 'esta es una instancia en que podemos dialogar acerca de las distintas realidades que se van registrando en cada comuna y que, sabemos, tienen el factor de la movilidad y la variabilidad, tanto respecto de la forma como de los escenarios en que ocurren estos delitos. Es por eso que es de vital importancia realizar estas reuniones y coordinar las acciones en materia preventiva'.

Cabe resaltar que esta reunión regional de Stad se realizó luego de una ronda de reuniones realizadas en las cinco prefecturas de la Región, las que fueron encabezadas por el Jefe de la VIII Zona Bío Bío, General Iván Bezmalinovic Hidalgo.

comisarios de la 8va Zona de Carabineros

La Brigada de Homicidios (BH) de Concepción se encuentra realizando las pericias correspondientes para dar con la identidad de la víctima fatal que perdió la vida tras resultar totalmente carbonizada, la noche del lunes en Talcahuano.

De acuerdo a los primeros reportes policiales, fue durante esa jornada cuando Guillermo Barahona Labbé se encontraba en compañía de una mujer de unos 30 años arriba de un automóvil.

Por razones que están siendo investigadas por la BH, el auto se incendió, terminando con la vida de la mujer. En tanto, Barahona resultó con más del 50% de su cuerpo quemado, cuestión que hasta el cierre de esta edición lo mantenía en riesgo vital en el Hospital Regional penquista.

Se indaga, además, si es que hubo uso de acelerante en el incendio del vehículo.

A disposición de la justicia quedaron cuatro personas de nacionalidad peruana, quienes fueron sorprendidas por Carabineros de Talcahuano con la suma de más de $2 millones retirados, supuestamente, por medio de tarjetas clonadas.

Preocupados por el exceso de infracciones cursadas a buses que realizan transporte escolar sin tener la autorización para hacerlo, el seremi de Transportes, César Arriagada, junto a su par de Educación, Sergio Camus, llegó hasta el Colegio Concepción de San Pedro de la Paz para hacer un llamado a los apoderados de todos los establecimientos educacionales de la Región, a verificar qué tipo de transporte están contratando para el traslado de sus hijos.

La autoridad regional de Transportes recordó que quienes realicen esta actividad remunerada deben entregar una copia autorizada del certificado de inscripción en él o los establecimientos educacionales que presten servicios, así como a los padres y apoderados que lo requieran. También recalcó que cada vez que se transporte una cantidad superior a cinco niños de niveles prebásicos, además del conductor, debe ir un asistente en todo el recorrido. A su vez, el vehículo debe mantener sus luces destellantes y de seguridad estroboscópica encendidas mientras suban o desciendan escolares.

En esta línea es que en las últimas semanas la autoridad de transportes ya ha realizado dos rondas de fiscalizaciones, las que han tenido como resultado un total de 22 multas para la empresa de buses Pehuén en el colegio Inglés de San Pedro de la Paz; un total de 19 infracciones para Buses Hualpén en sus servicios a los colegios: Sagrados Corazones y Kingston College.

Y ocho de estas mismas a la empresa LCT, que presta recorrido al Concepción-San Pedro de la Paz.

Las 4 últimas infracciones a LCT, dictadas ayer, correspondieron a la presencia de niños que viajaban de pie sobre el autobús.

El ministro en visita Jaime Solís, que investiga la muerte de Jorge Matute Johns, confirmó que esta semana podría resolver si acoge o no las dos diligencias solicitadas por la familia del universitario penquista, que buscan aportar datos relevantes para esclarecer el caso.

En conversación con El Sur, el magistrado explicó que tanto la petición de tomar declaración al ex comisario de la Policía de Investigaciones, Héctor Arenas; como la decisión de investigar los ataques sufridos por dos vehículos en el estacionamiento de La Cucaracha, la misma madrugada en que Jorge Matute fue visto por última vez con vida, deberían ser despejadas e informadas a los abogados querellantes antes del viernes.

'Lamentablemente, por el volumen del expediente, el análisis de estas solicitudes ha sido lento, pero esta semana espero resolverlas', explicó el magistrado a cargo de la causa, quien en diciembre de 2013 decidió reabrirla, tras el surgimiento de nuevos antecedentes.

El ministro Jaime Solís también aclaró que aún sigue a la espera de mayores informaciones sobre las pericias que el Servicio Médico Legal realiza a los restos del fallecido estudiante, los cuales fueron exhumados en enero de este año desde el Cementerio Parque San Pedro, motivo por el cual confirmó que la próxima semana pedirá cuentas al director del servicio, Patricio Bustos.

'El informe preliminar no aportó mucho. Sólo incluyó antecedentes generales. Comprendo la demora, porque se trata de un caso muy especial debido a sus circunstancias. En todo caso, en los próximos días debiera conocerse el estado de avance de los peritajes. Si no me llaman, llamaré personalmente la próxima semana', reveló el magistrado.