Durante los últimos meses se han hecho cada vez más frecuentes las denuncias respecto a abusos sexuales contra menores de edad, situación que -tras las publicaciones en la prensa- ha generado una comprensible inquietud.

Llama la atención que a medida que se van conociendo estas situaciones, los familiares se atreven a hacer las denuncias respectivas, de manera que un delito que generalmente quedaba impune por el temor o vergüenza que generaba, ahora se hace público. Los padres concurren al sistema judicial con la esperanza de que los agresores sean detenidos y para frenar su acción, si se considera que los analistas del tema dicen que estas personas suelen reincidir en el delito.

El abuso sexual de menores es una forma de maltrato que incluye un amplio espectro de acciones entre un niño y un adulto. Los niños más afectados son los de edad preescolar, debido a que no cuentan con un discurso ni un relato desarrollado que les permita advertir a tiempo cuando sufren esos atentados.

Cuando un niño es víctima de abuso sexual se corta su línea de desarrollo psicológico y ese daño se observa en su etapa adulta. Los estudios revelan que desde el punto de vista criminológico, las víctimas siempre son elegidas porque el abusador se da cuenta de sus carencias económicas, afectivas o de otra índole.

Asimismo, quienes abusan de menores tienen problemas de autoestima o de índole sexual. Generalmente son personas que aparentan ser 'normales', buenos vecinos, con educación y tienen familia. Es por eso que causa tanta sorpresa entre sus cercanos cuando se descubre a un abusador sexual.

Otra de las características de este delito es que en el 80 a 85% de los casos, los agresores son conocidos o parientes de sus víctimas, o están en entidades en las cuales tradicionalmente confían las familias. Los pedófilos buscan dónde pueden encontrar a estos menores, de allí que muchas veces tienen trabajos donde pueden acercarse sin levantar sospechas. El modo de operar es que no se acercan violentamente, sino que preparan el camino para abusar de la mayor cantidad de niños que sea posible sin ser denunciados.

Afortunadamente, los familiares están perdiendo el temor a denunciar estos deleznables delitos.

En un ambiente altamente reformista y en que el gobierno pretende realizar profundos cambios en áreas que afectan directamente el bienestar de la población, cabe reflexionar y separar los objetivos prioritarios de aquellos que hoy no requieren urgencia.

Si consultamos a las familias cuál es el factor que más les inquieta al analizar la educación que reciben sus hijos, no cabe duda alguna que la respuesta transversal es la calidad. Los padres que envían a sus hijos a establecimientos municipales tienen la misma preocupación por la calidad que las familias que acceden a colegios particulares subvencionados, sean éstos con o sin fines de lucro. De hecho, la búsqueda de calidad impulsa a las familias a transitar desde la educación pública hacia la particular. Con todo, sabemos que en ambos sistemas hay falencias que requieren ser abordadas con decisión, al más breve plazo y con herramientas eficaces, si no queremos hipotecar el futuro de nuestros estudiantes.

La cuestionada calidad de educación que reciben los niños y adolescentes chilenos ha sido largamente analizada por expertos y cada vez que conocemos rankings internacionales queda clara la deuda que el país tiene con sus escolares. Por ejemplo, en el informe Pisa de 2012, en la Prueba de Matemática, Chile ocupa el lugar número 51 con 423 puntos, 190 puntos menos que el líder, Shanghai-China. El promedio de los países de la Ocde es de 494. En Lenguaje y Ciencias, los resultados de los escolares chilenos son igualmente mediocres.

Hay suficiente evidencia sobre el amplio espacio de mejora que tiene hoy la educación básica y media. Por ende, se esperaba que los proyectos de ley en materia de educación que el gobierno presentó tuvieran como fin prioritario enfrentar este desafío.

Las iniciativas del Ejecutivo que ponen fin al lucro, a la selección y al copago, lamentablemente no van en esa dirección. De implementarse estas medidas no habrá mejorías en la calidad de la educación y el Estado deberá destinar valiosos recursos a la adquisición de establecimientos y a cubrir el aporte que paulatinamente las familias dejarán de entregar.

Con estas reformas, además de no abordar la calidad, se tenderá a restringir las posibilidades de elección de las familias de clase media, pues algunos sostenedores ya han anunciado que transformarán sus colegios en particulares pagados.

Estos proyectos no dimensionan el significativo aporte de los privados al ofrecer una amplia diversidad de opciones educativas para que las familias elijan bajo qué valores quieren educar a sus hijos y, más preocupante aún, se han presentado sin consultar la opinión de los padres, los principales interesados en la educación de sus hijos.