El obispado castrense informó que inició una investigación sobre el sacerdote Sebastián Navarrete, del servicio religioso de la Fuerza Aérea, quien ha sido cuestionado por su participación en la venta del Colegio Apoquindo.

A través de un comunicado, se precisó que la investigación eclesiástica fue decretada el día 24 de marzo de 2014 por el obispo Juan Barros Madrid.

Según se indicó, el objetivo de la investigación es "determinar o no la existencia de faltas o delitos a las obligaciones sacerdotales del presbítero Navarrete en lo relativo a la posesión y administración de bienes".

El sacerdote es capellán de la Fach (donde ostenta grado de coronel), párroco de una iglesia en avenida Las Condes y anota como actividad comercial el giro de "cultivo de trigo".

En medio de la controversia por el supuesto retraso en la construcción de hospitales comprometidos por el gobierno anterior, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo, informó ayer que el Ministerio de Salud (Minsal) recurrirá al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que realice un sumario y determine "las responsabilidades ante las últimas denuncias".

"Vamos a hacer llegar los antecedentes, vamos a concurrir al CDE y vamos a presentar allí los antecedentes, de manera que sea el CDE el que evalúe las condiciones legales de sanción -si corresponde- o determine otras acciones sobre un eventual deterioro o detrimento del patrimonio público, que es lo que a nosotros como autoridades nos corresponde hacer", dijo.

Agregó que "las investigaciones que hemos solicitado tanto a fiscalía como sumarios administrativos y la entrega de los antecedentes al CDE nos dirán a qué se puede atribuir. En algunos casos puede ser por negligencia de las autoridades correspondientes en elaborar bases de licitación que no generaban los resguardos suficientes al Estado", señaló.

Otras circunstancias que se pedirá que sean revisadas son no hacer seguimiento a través de la asesoría de inspección técnica de obras de los plazos de ejecución, no evaluar la capacidad financiera de las empresas, no cobrar las multas correspondientes y no generar las condiciones que tiene el Estado para generar proyectos de esta envergadura.

Cabe mencionar que la ministra de Salud, Helia Molina, aseguró que el supuesto Hospital de Puente Alto -en donde Sebastián Piñera puso la primera piedra- era sólo un proyecto de Centro de Referencia de Salud (CRS).

El intendente regional de Valparaíso Ricardo Bravo interpuso ayer una querella por estafa contra las dos personas que simularon ser parte de los más de 11 mil damnificados del megaincendio que afectó los cerros de la ciudad, destruyendo cerca de 3 mil viviendas.

Esto, luego que se descubriera que Emelisa Sepúlveda (27) y Carlos Pérez (28) hicieron uso de un albergue donde recibieron alimentos y beneficios otorgados por el gobierno tras la tragedia

De acuerdo a los antecedentes, los sujetos -ambos provenientes de Santiago- sorteando la fiscalización se introdujeron en el Gimnasio del Complejo Deportivo del Estadio O'Higgins donde recibieron alimentos y ropa, además de una gift card de una multitienda que les permitió comprar dos poleras de Colo Colo, dos pares de zapatillas y buzos de marca por un monto aproximado a los $194 mil.

Estas personas, según detalló el intendente, han afectado la fe pública "toda vez que por un lado han logrado perturbar gravemente la regularidad y funcionamiento de los servicios públicos, como la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, y han usado los albergues destinados a los damnificados".

Dicho actuar fue calificado como "inmoral" por la autoridad regional, argumentando que se ha hecho mal uso de los bienes y recursos fiscales, agregando además que se trata de un aprovechamiento en medio de una tragedia "en que ha habido solidaridad, esfuerzo, sacrifico y empuje, además de un período de reconstrucción para levantar a las familias que lo han perdido todo".

Los sujetos, en tanto, serán investigados por la Fiscalía por el delito de estafa y según aclaró la abogada de la intendencia regional, Caterina Valdevenito, los denunciados se exponen a condenas de 5 años de cárcel.

POLICÍA REGRESA

El jefe de Defensa Nacional para Estado de Catástrofe, contraalmirante Julio Leiva, ordenó que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, retomen sus funciones ordinarias de control del orden público en la comuna.

El mando fue emitido ayer y establece además que las Fuerzas Armadas se mantengan concentradas en los albergues, centros de acopio y distribución, además de la zona afectada por el incendio, continuando con las labores de recolección de escombros y seguridad.

Todo lo anterior, con el fin de permitir que la comunidad afectada por el megaincendio que dejó más de 11 mil personas damnificadas, vuelva a la normalidad lo antes posible.

Leiva fue designado por la Presidenta Bachelet para asumir el control total de la ciudad puerto tras el decreto supremo firmado por la mandataria luego de la tragedia afectó a la zona.

Leiva, que también es jefe de la Primera Zona Naval y posee una larga experiencia de servicio a bordo de distintos buques de la Armada, además se desempeñó en Haití.

IDENTIFICACIÓN

A pocos días de cumplirse dos semanas del incendio que afectó a la capital de la región de Valparaíso y que dejó 15 fallecidos, el Servicio Médico Legal identificó a otra de las víctimas. Se trata de Víctor Manuel Zúñiga Rodríguez.

Sólo faltaría a una persona por individualizar, según los registros del SML.