Los incendios forestales han generado una nueva catástrofe, esta vez en Valparaíso, donde han dejado al menos 15 muertos, destruido 2 mil viviendas y unas 8 mil familias han quedado damnificadas.

Es cierto que las condiciones en que se produjeron esos siniestros en los cerros han sido especiales, porque se trata de laderas densamente pobladas, con casas precarias sin las mínimas condiciones de seguridad. Factores climáticos y el fuerte viento también hicieron lo suyo para acentuar esta tragedia, con incendios que se desencadenaron como efecto dominó en once cerros.

Todos los años esa ciudad debe enfrentar emergencias durante el verano, aunque no con tal dimensión, y siempre se alude a las precarias condiciones en que se ha realizado la edificación. Sin embargo, esta tragedia ha dado pie a que se inicie un debate respecto a cómo regular la construcción para que se cumplan las mínimas exigencias de seguridad para las personas. También es la oportunidad para hacer un diagnóstico de cuáles son las condiciones en que se han poblado los cerros de nuestras ciudades costeras, como Talcahuano, Penco, Tomé, Lota, entre otras.

Debido a su característica de región forestal, el Bío Bío ha enfrentado históricamente el problema de los incendios forestales. De hecho, entre 1985 y 2013 aquí se han destruido 163,6 mil hectáreas. Es la que ha tenido mayor destrucción en el país, en ese período, seguida de la Sexta y la Quinta regiones.

En las últimas tres décadas, el 30% de los siniestros de bosques ha sido intencional y casi el 29% se debe al tránsito de personas que los provocan por descuido.

Las autoridades han formulado llamados a la población para tomar conciencia acerca de los riesgos asociados a nuestro actuar y a la necesidad de ser cuidadosos para evitar que surja el fuego. Son catástrofes que año a año afectan a extensas zonas de nuestro territorio y a miles de personas que viven, trabajan o hacen turismo en esos lugares. Tienen también un elevado costo económico para el país, que se estima, según cifras del gobierno en unos 50 millones de dólares por temporada.

Ha sido una tragedia. Hoy es tiempo de adoptar las medidas que la emergencia requiere. Pero después habrá que abordar en forma seria y profunda las soluciones respecto a las construcciones en los cerros, tema del que nuestra región no debe quedar exenta.

En estas semanas en que se han planteado tantos y tan diversos juicios respecto de las instituciones de educación superior, creo que es necesario objetivar el discurso y no dejarse llevar por cuestiones ideológicas. Pensar que sólo los planteles estatales generan bienes públicos me parece una grave falta de consideración hacia el aporte que las casas de estudios superiores privadas en general han otorgado al desarrollo del país y de su gente.

Las universidades privadas han jugado un rol clave en la movilidad social, al dar oportunidades de estudio a jóvenes que, en otro escenario, no hubieran tenido acceso a la educación superior. En nuestras aulas hallamos a muchos alumnos que son primera generación de sus familias en la universidad. Desconocer aquel primer aporte refleja una falta de imparcialidad intolerable en personas que dicen querer aportar al debate serio sobre la educación superior en Chile.

Pero no sólo aquello. Las universidades privadas han implementado programas de investigación y extensión acordes a sus estados de desarrollo y a los recursos con que cuentan. Asimismo, han contribuido al progreso de las ciudades donde se han instalado constituyéndose, muchas veces, en lugares de gran valor urbanístico. Del mismo modo, sus alumnos y académicos realizan constantes labores de vinculación con el medio que, por supuesto, se traducen en bienes públicos.

Es efectivo que entre las universidades privadas existe una amplia variedad de instituciones. También es cierto que algunas de ellas tienen falencias en la calidad de sus programas y procesos. Tampoco podemos desconocer que otras han cometido acciones ilegales, que han sido debidamente sancionadas. Pero lo que no podemos aceptar es que se pretenda criticar a todo el sistema privado sin hacer la diferencia con aquellas universidades que a diario hacen esfuerzos por otorgar una educación de calidad y aportar al desarrollo de la sociedad.

Entre las universidades privadas hay grandes diferencias, al igual que existen entre las estatales y las tradicionales pertenecientes al Cruch.

Las constantes acusaciones de que han sido objeto todas las instituciones privadas en últimos años, incluso de parte de autoridades, finalmente dañan a sus alumnos y académicos. En definitiva, a jóvenes y profesionales que tienen derecho a un trato igualitario por parte del Estado y que no deben ser objeto de discriminación por haber elegido estudiar o desempeñarse en una determinada institución.

Lo contrario atenta precisamente contra todos los valores que algunos tanto dicen defender.