A partir de las 8.30 horas de hoy se retoman las actividades del seminario nacional que desarrolla el Poder Judicial en la Corte de Apelaciones de Concepción.

La instancia fue inaugurada ayer con la presencia y discurso del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y de su par de la Corte de Apelaciones penquista, Jaime Solís.

En su intervención, el líder del máximo tribunal de alzada repasó los principales puntos a debatir durante el seminario, haciendo principal énfasis en la transparencia que debe haber, junto a las garantías que se les debe entregar a los ciudadanos para lograr la máxima del debido proceso.

La reunión (la quinta que se realiza en esta materia a nivel nacional) concluye esta tarde con el panel compuesto por el fiscal y defensor regional, además de las exposiciones dentro del mismo panel, de directores de medios de comunicación de la Provincia de Concepción.

Como un acto, ajustado a la ley, de cualquier persona que siente afectado su derecho en un proceso de expropiación de terrenos, calificó Jorge Sabag, diputado por el distrito 42, las seis demandas que presentó su padre, el ex senador Sabag, en contra del Estado y que superan los mil millones de pesos.

Lo anterior en razón a que seis lotes de propiedad del ex congresista forman parte del trazado de la nueva ruta a Cabrero y éste consideró que los $81 millones ofrecidos por 10.949 metros cuadrados de su propiedad y afectos al citado procedimiento, fueron mal tasados. Esto, porque se tomaron como referencia predios con características distintas y porque el uso de suelo considerado fue agrícola y no industrial.

Es así que, desde hace dos semanas, Hosaín Sabag, representado por el abogado penquista Mario Boero Gasparini, ingresó al Primer Juzgado Civil de Concepción las media docena de acciones judiciales que buscan aumentar a poco más de $1.100 millones ese valor inicial.

Más allá del monto, durante la campaña parlamentaria se cuestionó a Hosaín Sabag por este tema pues él formó parte de la comisión de Obras Públicas y se sugirió que obtuvo información privilegiada, que lo llevó a comprar los terrenos.

"En términos genéricos, aquí hay un procedimiento de expropiación en que la ley contempla que el expropiado tiene derecho a reclamar del monto y eso está contemplado en la ley y también la Constitución establece que éste tiene el derecho a pedir que se le indemnice por el perjuicio efectivamente causado", dijo el diputado.

Aunque fue tajante en no ahondar en detalles, porque no tenía ninguna participación en los dominios de las citadas extensiones de tierra, el parlamentario de la Falange destacó que en los casos demandados por su progenitor se habían producidos tres errores que debían ser rectificados y que dieron lugar al reclamo.

"Se habría cometido un error manifiesto, puesto que se calificaron a las propiedades como rurales en circunstancias que son urbanas", dijo Sabag.

Asimismo, puntualizó que "lo otro es que la Ruta Q-50 es de carácter nacional. Hay una faja de protección de 25 metros hacia adentro en que no se puede hacer nada".

Como tercer punto, el mismo DC destacó que "el MOP especificó como expropiado a Forestal Mininco, siendo que ellos habían sido dueños de esos terrenos hace 50 años atrás y mi padre compró eso. Hubo que reclamar eso porque si no le iban a entregar los dineros a la forestal".

En relación a sus dichos durante un debate organizado por Diario El Sur el año pasado con motivo de las elecciones parlamentarias, donde el tema de las citadas expropiaciones salió a la palestra y en el que aseguró que su familia no recurriría a tribunales para buscar un aumento en los valores de los terrenos, Sabag destacó que "señalé que mi familia no iba a recurrir a tribunales e iba a aceptar lo que se evaluara. Pero el problema que se presentó después es que aparecieron los errores".

Siguiendo la misma línea, el militante demócrata cristiano no respondió a los cuestionamientos de la diputada PPD Loreto Carvajal, quien calificó como una vergüenza la petición judicializada. "No lo veo así (vergüenza). Desde el momento en que se presentó esto en plena campaña, en noviembre, mi padre siendo senador recurrió a la Comisión de Ética, quienes emitieron un informe en que no había ningún tipo de irregularidad y no hay nada indecoroso, porque toda persona afectada tiene derecho a reclamar".

Finalmente, destacó que no es el Estado quien debe pagar, sino la empresa concesionaria a cargo de la obras.

A pesar de los trámites judiciales pendientes por este tema, el seremi del MOP, René Carvajal, destacó que no habrá retrasos en la construcción de la ruta a Cabrero. "Estos procesos de expropiación tienen contemplados estos reclamos ante los tribunales de justicia, los que obrarán de acuerdo a derecho. Respecto a posibles atrasos, no afectan. De hecho, se ha tomado posesión de algunos terrenos y ya se está trabajando de buena manera en esta ruta".