Para tratar los problemas particulares que presentan los pescadores artesanales de Arauco es que el diputado Manuel Monsalve (PS) está gestionando una serie de reuniones con la seremi de Economía, Isabel Monsalves y el Gobernador Humberto Toro. Según el parlamentario, la crisis pesquera en la Provincia se debe enfrentar a través de tres líneas: "Una plataforma social que proteja a las familias de los pescadores, otra productiva que permita la inversión y asignar cuotas especiales. Esto es lo que le plantearemos al intendente Rodrigo Díaz y al subsecretario de Pesca, Raúl Súnico". Monsalve agregó que el descontento en el sector se agravó más cuando el año pasado pescadores de otras comunas de la Región recibieron subsidios.

Osvaldo Malfanti, quien era el jefe de turno de la Onemi la madrugada del 27 de febrero de 2010 y que recibió el fax del Shoa, pero no dio la alerta de tsunami que se indicaba, recibió una pena de 541 días por cuasidelito de homicidio. Según la justicia, su error causó indirectamente la muerte de 74 personas producto del maremoto.

Malfanti se sometió a un juicio abreviado, dado que él mismo se declaró culpable de los hechos. "Estoy aceptando los hechos de que no se difundió ningún tipo de alerta, lo que efectivamente fue así", dijo a Emol el ingeniero forestal.

Ahora, el profesional declaró que una de las razones para asumir su responsabilidad es su convicción en que el Estado debe compensar a las familias de las víctimas.

Frente a esto, Frank Sauerbaum (RN) ex diputado por el distrito 42 y quien ha estado apoyando a las familias de los fallecidos por el terremoto y tsunami, aseguró que esta situación y declaraciones son relevantes.

"Si una persona del Estado ha sido castigada por la justicia, en eso hay un reconocimiento explícito de que el Estado no estaba preparado y de que falló en prestarle un servicio a los ciudadanos. Que la gente del Shoa recibiera sanciones, demostró que la Armada tampoco estuvo a la altura, pero ellos son agentes del Estado. No es necesario que haya involucrado diez personas más para que el Estado tenga una responsabilidad, basta sólo con una", aseguró.

Sauerbaum dijo que lo lógico ahora es que no se aplacen más las peticiones civiles contra el Estado: "Nosotros conversamos con el Consejo de Defensa del Estado hace ya más de un año y medio y nos decían que tenían disposición de hacerlo (llegar a un acuerdo para compensar a las familias), pero que primero tenía que haber una sentencia de la justicia. Por lo tanto, si hay buena voluntad política, el Estado debiera buscar un acuerdo".

RESPONSABILIDADES

"El señor Malfanti, lo dijimos en los primeros días de la investigación, declaró diciendo que era ingeniero forestal y que fue designado como jefe de turno sin tener ninguna preparación en emergencias. Ahí hay una responsabilidad de quien lo contrató, alguien lo puso en ese cargo delicado que hizo que se hayan perdido vidas. Claramente, hay una responsabilidad del Estado", insiste Sauerbaum.

En tanto, el intendente de la Región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, fue consultado por esta resolución acerca de Malfanti y la posibilidad de que las familias sean compensadas económicamente, pero no quiso referirse al tema en específico y solamente expresó que "hay una resolución judicial y las resoluciones judiciales hay que respetarlas y no se comentan. Una mala práctica que quedó instalada en el periodo anterior fue oficiar de comentarista de resoluciones judiciales, por lo tanto yo voy a volver a la doctrina institucional de respeto a la independencia de los poderes del Estado y no voy a comentar resoluciones judiciales".

Tras más de una semana en que los estudiantes e internos de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción habían decidido paralizar sus actividades académicas y prácticas, como medida de presión ante las autoridades de la universidad, se logró un acuerdo que puso fin a la paralización.

La acción se debía a que en enero de este año la universidad firmó un decreto para poner fin a un acuerdo firmado el 2008, en el que se establecía una rebaja de arancel de un 35% para los estudiantes que están realizando su internado.

Luego de diversas reuniones entre estudiantes y autoridades, y después de elaborar varios proyectos de acuerdo, la universidad cedió ante las peticiones de los estudiantes, estableciéndose de forma permanente e indefinida en el tiempo un descuento de arancel del 35% para los estudiantes de los últimos años que estén realizando su internado.

Así lo señaló el vocero de los estudiantes y miembro del movimiento Reforma Universitaria, Patricio Alfaro.

El estudiante dijo que "es un gran logro colectivo como estudiantes, ya que mantenemos de forma permanente la rebaja, lo que nos demuestra que con unidad y convicción se pueden lograr los objetivos".

Producto de este logro, Alfaro señalo que se estaría gestando un movimiento nacional de reivindicación de los internos de medicina: "Lo ocurrido en nuestra universidad, género que compañeros de distintas facultades de medicina de Chile comiencen a cuestionarse las condiciones de los internos, por lo que hoy se estaría gestando una coordinación con ellos".

Gracias al acuerdo, las labores tanto académicas como aquellas relativas a las prácticas se han comenzado a retomar con normalidad.

El vocero de los futuros médicos explicó que los internos de la Ucsc que cumplen sus funciones en el Hospital de Chillán ya se han reintegrado a sus labores hospitalarias, acudiendo a los turnos correspondientes.

Los alegatos para el desafuero de Rosauro Martínez (RN), el que posee por su calidad de diputado, se realizarán hoy a partir de las 12 del día en la Corte de Apelaciones de Valdivia.

La audiencia ya había sido fijada para semanas anteriores, pero fue aplazada por peticiones de la parte defensora de Martínez. Sin embargo, este lunes la fecha sería impostergable, según expresa la abogada querellante Magdalena Garcés.

"Se verá el tema sí o sí, a menos que hubiese una cosa muy de último minuto, exótica y extraña. Porque la contraparte ya aplazó una vez, no tiene más derecho a suspender", explicó la profesional.

El proceso judicial que enfrenta el parlamentario del distrito 41 es por el asesinato de tres miristas en Neltume (Región de Los Ríos), en el año 1981, cuando el diputado se desempeñaba como capitán de la Compañía de Comandos Nº8 del Regimiento Llancahue de Valdivia.

Su tarea era enfrentarse al Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) y a sus integrantes en la zona. En la operación encomendada a Martínez, llamada Contraguerrilla Machete, fallecieron 11 miristas. La parte querellante asegura que en tres de esos asesinatos Martínez habría tenido una participación directa.

El potencial desafuero del cuestionado diputado permitiría quitarle los privilegios que goza por su cargo y se podría continuar con la investigación que existe acerca de los acontecimientos de Neltume.

CONFIANZA

Ambas partes sólo han demostrado confianza en sus posiciones durante los días previos a la audiencia de hoy.

En una entrevista en Crónica Chillán, Martínez aseguró que se siente confiado de lo que pueda ocurrir en esta jornada.

Expresa que todo lo deja en manos de la corte valdiviana, la que, según sus palabras, va a resolver favorablemente el caso, por lo que se encuentra en "absoluta tranquilidad".

En la contraparte, la abogada Magdalena Garcés afirma que "nosotros estamos súper tranquilos, porque consideramos que los antecedentes que están en el expediente, más antecedentes que han sido de público conocimiento en el último tiempo, hacen que contemos con pruebas de sobra. Estamos súper confiados en que se va a acceder al desafuero".

POLÍTICA

El parlamentario aseguró que toda esta situación se trata de un ataque injusto hacia su persona y niega todos los hechos de los que se le acusa.

Incluso afirmó que se trataría solamente de un montaje político en su contra para lograr descalificarlo frente a los ciudadanos y los votantes. Esto, porque la solicitud de desafuero se hizo el año pasado, previo a las elecciones.

La abogada Garcés dice que es imposible que se trate de un montaje y que haya motivos políticos detrás de la intención de la investigación y los querellantes del caso.

"Esa va a ser siempre su excusa, porque él es diputado. Cuando yo recién empecé a trabajar en esta causa no tenía idea de que él era diputado. De pronto, nos encontramos con la sorpresa de que había un parlamentario dentro de esto", cuenta Garcés.

Agrega que no hay dudas en que existirá un desafuero y "es obvio que él siempre se va a excusar, porque no quiere asumir su responsabilidad. Y su responsabilidad es que dirigió un operativo donde se asesinó a muchas personas el año 1981 y él estaba al mando", opina la abogada.

PASOS A SEGUIR

Como explica Garcés, en la audiencia de hoy la corte decidirá la existencia o no de desafuero mediante una votación que se debiera realizar inmediatamente. Luego, se debe redactar el fallo de esa resolución. "Y eso queda en secreto hasta que se redacte el fallo. No sabremos qué pasó hasta que lo escriban. Pueden pasar varias semanas en eso", advierte la abogada.

Una vez que se acceda al desafuero, se puede apelar a la Corte Suprema y el pleno de la corte estudiaría el caso. "Con esto, esperamos que la investigación continúe, porque creemos que aún hay muchas diligencias que no se han hecho y que todavía faltan. Y luego de tener todo eso, queremos solicitar el procesamiento del diputado", expresó Magdalena Garcés.

Rosauro Martínez nació en Chillán en noviembre de 1950. Allí estudió, pero terminó su enseñanza media en la Escuela Militar. Ingresó al Ejército en 1970 y se retiró en 1987 con el grado de mayor seis años después de la operación de Neltume, una localidad en la cordillera de la Región de Los Ríos, Chile, perteneciente a la comuna de Panguipulli.

Luego de esto, fue designado por Augusto Pinochet como alcalde de Chillán y permaneció en ese cargo hasta 1992, cuando se realizaron las primeras elecciones municipales después de que retornara la democracia.

Actualmente representa en el parlamento a la misma zona de Ñuble. Este es su sexto periodo.

Gracias al trabajo mancomunado de la comunidad escolar y de Carabineros, la Escuela F-839 Galvarino de Cañete cuenta con la primera Brigada Escolar Mapuche del país. La escuela ya contaba con una brigada conformada por 21 niños que cursan entre sexto y octavo año básico, a cargo de la profesora de Educación Física Alejandra Vásquez. El Sargento I , Reinaldo Catril Bahamondes, sostuvo que el principal objetivo dice relación con generar vínculos con la comunidad mapuche, además que los niños identifiquen a carabineros no sólo por temas vinculados al conflicto mapuche, sino también en el ámbito de la labor educativa.

Se estrenarán para la celebración del Día del Carabinero.