El nuevo intento de Endesa para levantar la paralización de Bocamina II -que se arrastra del 17 de diciembre de 2013- fracasó, luego que la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción determinara mantener la orden de no innovar presentada por un grupo de algueras y pescadores.

El lunes la generadora de electricidad presentó en el tribunal de alzada una serie de informes de empresas externas que argumentaban que la central termoeléctrica cumplía con todas las exigencias ambientales.

Entre la documentación entregada se adjuntó un informe de la empresa Servicios y Proyectos Ambientales S.A. (SERPRAM). En éste se indica que las concentraciones de material particulado medidos en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2013 por el Sistema de Medición Continuo (CEMS) de la Unidad II demostraron el cumplimiento del 100% respecto del límite establecido en la norma.

Asimismo, Endesa entregó un certificado del Instituto de Investigación Pesquera (INPESCA), el cual confirma que todos los parámetros monitoreados entre el 2 de enero y el 26 de diciembre de 2013 en Bocamina II cumplen con los límites normativos establecidos en regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales (riles).

La empresa, además acompañó documentación donde dan cuenta de las medidas de mitigación que se han implementado en la central termoeléctrica.

Sin embargo, estos antecedentes no habrían sido considerados cómo relevantes por los ministros del órgano jurídico.

"Los fundamentos de la Corte se basaron específicamente en que Endesa no logró desvirtuar la situación descrita por esta parte al solicitar la orden de no innovar, donde ellos enviaron un proyecto sin presentar una resolución de calificación ambiental que lo autorice y en expresa contravención a lo ordenado por la Corte Suprema", explicó Sebastián Inostroza, abogado de las algueras y pescadores.

El jurista además sostuvo que la documentación entregada por la generadora era información a la medida de lo que ellos querían dar a conocer. "Nosotros acompañamos dos informes, uno de Sernapesca y el otro de la Gobernación Marítima, donde se acreditaba el daño a la fauna de la bahía de Coronel", contó.

NUEVA RESOLUCIÓN

Aún faltaría el informe que debe emitir el Ministerio Público de lo sucedido con el varamiento de los langostinos, para que los ministros de la Corte de Apelaciones dicten una sentencia definitiva en contra de Bocamina II. No obstante, no hay fecha para que el tribunal emita una resolución judicial.

El abogado Inostroza expuso que lo que esperan ellos es que la empresa se someta a la legislación ambiental tal como debe hacerlo cualquier proyecto que quiera operar en Chile.

"Tiene que haber un estudio y una resolución de impacto ambiental que evalúe todos los perjuicios integrados que provoca el proyecto Bocamina en la Bahía de Coronel. Es el requisito mínimo que se le debe exigir a cualquier empresa. No se le puede analizar por partes, ya parece un 'Frankenstein' ambiental. Se aprueba una parte por aquí, después otra por allá. Una sola resolución, estudio y proyecto", declaró de forma enfática Inostroza.

DECLARACIÓN DE ENDESA

Ante una nueva resolución adversa (tercera vez) para que se levante la paralización, desde la empresa emitieron su opinión a través de una pequeña declaración.

"La compañía reitera que Bocamina II cumple con las normas que regulan la actividad, no existiendo contaminación, riesgo y menos aún daño a la salud de las personas y al medioambiente", precisa el texto.

Además la generadora a carbón de electricidad comentó que "los antecedentes aportados a la Justicia lo confirman, antecedentes y estudios realizados por terceros. Endesa Chile ratifica que la operación de Bocamina II se ajusta a la RCA vigente desde 2007".

Gracias a un procedimiento por el delito de hurto, Carabineros de la Primera Comisaría de Concepción logró desbaratar un matadero clandestino que funcionaba en un domicilio del sector Aurora de Chile, en la capital regional.

Según explicó el comandante John Polanco, de la citada unidad, cerca de las 13.10 horas de ayer efectivos en moto constataron el hurto en el Mall Plaza Mirador Bío Bío de diferentes herramientas.

Al percatarse de la presencia policial, los delincuentes huyeron a pie hasta la población, deshaciéndose de lo sustraído en el camino.

Luego que Carabineros siguiera a los delincuentes, los uniformados lograron detener a los antisociales y establecer que en un vehículo que éstos tenían había 2 vacunos, que sumaban cerca de 600 kilos de carne.

También se descubrió que en un inmueble habilitaron un galpón con herramientas que usaban para el faenamiento clandestino de carne, actividad para la cual se hurtó los elementos desde el mall.

Finalmente, se detuvo a 7 personas, todos mayores de edad, algunos de los cuales mantenían antecedentes por diferentes ilícitos.

El comandante Polanco llamó a la comunidad a denunciar este tipo de situaciones.

Carabineros busca a los dueños de los animales faenados, ya que hasta el momento no se ha logrado establecer la procedencia de éstos.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó 2 recursos de protección presentados por vecinos del sector Pedro de Valdivia Sur, en San Pedro de la Paz, en el marco de su oposición por el funcionamiento de un local nocturno en esa zona de la comuna.

Uno de los libelos fue interpuesto en contra del alcalde sampedrino, Audito Retamal, y el Concejo Municipal, mientras que el otro iba directamente contra la persona del concejal Felipe Vásquez.

Humberto Saldías Muñoz, presidente de la junta de vecinos, interpuso los recursos, argumentando que se había permitido la autorización para el funcionamiento de la discoteque "Dieselclub", el cual genera "agresiones, contaminación acústica y atochamientos", que afectan a los vecinos.

Renato Fuentealba, quien intervino en representación de la sociedad administradora del local, comentó que en ambos casos el tribunal no estimó que hubiera situaciones ilegales en la entrega de los permisos y patentes, además, uno de los recursos fue considerado atemporal (pérdida de oportunidad), ya que el permiso estaba otorgado antes de presentarse el recurso.

La serie de accidentes de tránsito registrados durante los últimos días en la zona, producto del derrame de percolados de camiones durante el transporte de anchovetas, gatilló que las autoridades tomaran cartas en el asunto.

Durante las últimas horas, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones junto a Sernapesca realizaron fiscalizaciones en el puerto de Talcahuano, donde se constataron una serie de irregularidades, tanto de documentación como de requisitos técnicos de los camiones de carga, que fueron desde pestillos sueltos hasta inscripciones de patentes notoriamente recién pintadas.

En este sentido, el seremi de la mencionada cartera, César Arriagada, comentó que el aumento de inspecciones también corresponde a la temporada clave en la extracción de los recursos pesqueros, los que dicho sea de paso, según datos de Sernapesca, este año experimentó un aumento en comparación a la temporada 2013.

"En el plan de fiscalización de este año vamos a incluir todas las actividades productivas con uso en la vía pública (...) La idea es asegurar respeto por la calidad de vida de los ciudadanos que son afectados directamente por esta actividad productiva. Tanto Talcahuano, San Pedro y Coronel, que son las vías de acceso público que usan como tránsito estos camiones", dijo el seremi.

Un total de 30 controles fueron los que se realizaron en la comuna puerto, teniendo como resultado la cifra de 12 infracciones.

Éstos, explicó Arriagada, "tuvieron rechazo por algún incumplimiento de alguna condición técnica o de seguridad, desde camiones que no tenían ningún tipo de documentos, conductores sin licencia hasta algunas situaciones de escurrimientos que fueron multadas con la multa más grave que la ley nos permite, que son alrededor de 5 UTM. Es una multa que le estamos sacando a los propietarios de los camiones.

Por su parte, el diputado por Talcahuano y Hualpén, Cristian Campos, acusó que hay una postura de poca preocupación, a su juicio, por parte de las empresas pesqueras de la Región.

En esta línea, el parlamentario argumentó que debe existir más compromiso por parte de los privados del rubro de la anchoveta, para evitar la contaminación y resultados colaterales que arrojan los derrames de pescados en la vía pública.

"Talcahuano les entrega hoy día todos los beneficios para poder realizar su actividad y la manera en que le están pagando en su calidad de vida a los choreros los tiene completamente aburridos", dijo Campos.

"El problema no es de los propietarios, también es de las distintas empresas que, por un tema de poder obtener mejores beneficios económicos, contratan camiones que no están acorde a la norma (...). La industria pesquera ha actuado completamente irresponsable, imprudente, indecente", apuntó.