Una reparación de la calzada en un tramo de la Ruta 160 en San Pedro de la Paz tiene programada la Dirección de Vialidad del MOP para mañana, entre las 8 y las 11 horas.

El director regional del organismo, Miguel Ángel Aguayo, contó que el horario está coordinado con el municipio de San Pedro de la Paz y corresponde a un momento en que está comprobado estadísticamente que disminuye el movimiento vehicular.

Agregó que es necesario realizar esta reparación antes de que aumente el flujo vehicular, ante el próximo regreso a clases y a las labores normales tras el periodo de vacaciones de verano.

Las tres horas en que se ha programado el trabajo son necesarias para aplicar una solución de asfalto en caliente, cuyo resultado tiene una duración mucho mayor que la colocación de asfalto en frío, que podría hacerse más rápidamente.

Se trata de un sector de pavimento, de 15 metros de largo por 3,40 de ancho, que está en la pista de circulación derecha en el sentido San Pedro-Coronel, a unos 20 metros al sur del semáforo de Boca Sur.

En ese tramo hay una pista de circulación para el paradero de la locomoción colectiva ubicado en el lugar, la que usarían mientras se hace el trabajo, los conductores de los vehículos que circulan por la pista derecha.

El área de deterioro presenta craqueleo y bloques desconectados con inminente riesgo de desprendimiento, señala el informe técnico. Es decir, el pavimento está roto en múltiples pedazos, lo que sería por efecto de las constantes frenadas de vehículos en ese tramo. Esa pista corresponde al eje de carga de los vehículos pesados. El informe añade que en esa zona hay problemas de acumulación de aguas lluvia sobre la calzada en invierno. El director regional de Vialidad señaló que no es adecuado hacer la reparación con una mezcla de asfalto en frío, dado que la solución podría fallar rápidamente.

Antes de aplicar el asfalto es necesario esta noche realizar un corte perimetral, como dibujando la línea del rectángulo a intervenir, de manera que mañana antes del mediodía se pueda ingresar una retroexcavadora directamente a retirar el pavimento dañado, para enseguida colocar el asfalto.

El coronel Pablo Roberto Toro Fernández (45) es el nuevo director regional de Gendarmería. Tiene 25 años de carrera en la institución y antes se desempeñaba como jefe del Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario (Diap), por un lapso de dos años. Su carrera comenzó en 1990, desarrolló funciones operativas y de jefatura en el penal de San Miguel, Unidad Tiempo Joven de San Bernardo, Puente Alto, Unidad Especial de Alta Seguridad, Departamento de Seguridad y el Área de Procedimientos Penitenciarios. Además es ingeniero en Administración Pública y tiene estudios de postítulo en gestión de seguridad.

Es oriundo de Coquimbo y entre sus tareas está el garantizar el funcionamiento e implementación de ley 20.603 sobre penas sustitutivas y sacar adelante importantes obras de reposición en las unidades penales de Mulchén y Coronel. También tendrá bajo su responsabilidad a más de mil 800 funcionarios y 23 unidades, las que alberga a más de 4 mil 700 internos en el sistema cerrado.

Smyrna Soto, alcaldesa (s) de Talcahuano, llamó a la tranquilidad a los apoderados del Jardín Infantil Leonor Mascayano, establecimiento perteneciente a la Fundación Integra y que fue víctima de un cuantioso robo. Allí estudian 66 niños. "Este es un servicio que va en directa relación con la comunidad, por eso no los dejaremos solos y haremos todo lo posible para que los pequeños puedan ingresar a clases el 6 de marzo", declaró.

Según informó la directora del establecimiento, Marcela Ramírez, los antisociales habrían ingresado por la parte trasera del jardín, que es bordeada por una canaleta y que fue utilizada para efectuar el robo. Entre los elementos sustraídos se encuentran: material didáctico nuevo, electrodomésticos, computadores, utensilios de cocina, cañerías, calefón e incluso, documentos y resmas de hojas.

El establecimiento contaba con protecciones y rejas de seguridad.

Confiados en que no serían descubiertos, Bernardo Barlaro, Carlos Ilabaca y Héctor Jorquera ni siquiera hicieron el esfuerzo de esconder los 8 sacos en que transportaban 247 kilos 680 gramos de cocaína base, o también conocida como pasta base, destinados a ser comercializados en diferentes comunas de nuestra Región.

Los asientos y portamaletas de los 2 vehículos en los que viajaban desde Santiago fueron ocupados para llevar el valioso cargamento, pero la despreocupación del trío le pasó la cuenta cuando fueron detenidos la madrugada del miércoles por personal de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción en el peaje Río Claro de Talca, en el marco de la denominada "Operación Río Blanco".

Se trata de la mayor incautación de esta sustancia en una investigación de la Fiscalía penquista y la PDI en el Bío Bío (y en el sur del país) desde la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal localmente, con lo que se logró sacar de la calle alrededor de 4 millones de dosis, con una avalúo de US$ 6 millones y medio, aproximadamente $3.600 millones.

Barlaro (39), Ilabaca (30) y Jorquera (39) fueron formalizados ayer por tráfico de drogas y porte ilegal de armas. El primero es de San Pedro de la Paz y tiene una condena previa por el mismo delito. El segundo mantenía una orden de arresto vigente de Santiago por ilícitos de la misma naturaleza. Finalmente, Jorquera sólo registraba condenas por delitos menores.

Los imputados forman parte de una organización dedicada al transporte y distribución de droga, la que actúa casi sin intermediarios con los productores de la sustancia proveniente de Bolivia, según explicó el fiscal a cargo de las indagatorias, Patricio Aravena.

Sobre cómo se originaron estas pesquisas, Aravena no entregó mayores detalles, pero aclaró que, por lo general, este tipo de investigaciones más complejas parten de información residual que queda de otros casos.

El jefe subrogante de la Briant penquista, subcomisario Cristian Lara, explicó que las indagatorias llevan alrededor de 5 meses, en las cuales se hizo vigilancia de los detenidos para determinar identidades, domicilios, modus operandi y la forma en que internaban la droga.

De esta manera, se hicieron diligencias paralelas en Talca, Santiago y Concepción, consiguiendo precisar el momento en que se trasladaría el cargamento a la capital regional.

En el operativo de captura, desarrollado a las 5.30 horas del miércoles, se ocupó el protocolo de resguardo de la policía, lo que permitió que los aprehendidos no se resistieran y no hubiese ninguna complicación en su arresto, destacó, por su parte, el jefe subrogante de la Octava Región Policial del Bío Bío, prefecto Max Fernández.

La PDI informó que se decidió hacer la detención en el peaje de Río Claro porque había datos que señalaban de una posible separación de los vehículos, lo que habría dificultado el arresto de los tres imputados.

El fiscal regional, Julio Contardo, mostró su satisfacción con la labor cumplida, destacando la importancia que en la zona se puedan desbaratar agrupaciones criminales que manejan tales cantidades, lo que revela una estructura dedicada al narcotráfico.

Cabe mencionar que durante todo el año pasado, la PDI en la Región del Bío Bío incautó 146 kilos de cocaína base. En lo que va del 2014, la cifra decomisada de esta sustancia llega a 284 kilos, por lo que ya se superó lo realizado en 2013.

Los resultados de la "Operación Río Blanco" encabezan los de otros 2 decomisos importantes efectuados en nuestra zona referida a cocaína base.

El 3 de marzo de 2011 se realizó una incautación de 91 kilos de la droga, en el marco de la famosa "Operación Pirámide", cuando se detuvo a 2 sujetos en el peaje de Agua Amarilla. Los dos imputados fueron condenados posteriormente a 6 años de cárcel cada uno de ellos.

El año pasado la "Operación Cofradía" anotó otro éxito para la persecución de estos delitos, ya que se aprehendió a 5 personas en San Fernando, con 102 kilos de cocaína base que traían a nuestra zona, avaluada en $1.533 millones.

El Ministerio Público explora dos hipótesis para explicar el volcamiento de un bus ocurrido, en las cercanías de Caldera, en la Región de Atacama, el cual costó la vida a un sampedrino, además de registrar otros 56 lesionados.

La máquina se dirigía a Coronel y, según indicó el fiscal jefe de Caldera, Álvaro Córdova, se indaga la posibilidad del agotamiento del bus o la participación de otro vehículo en el accidente.

Las causas del grave siniestro deberán ser clarificadas en el marco de las indagatorias y de la labor que realice la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (Siat), se indicó.

Se agregó que el chofer de la máquina conducía en estado de temperancia normal, por lo que se descartó una posible ingesta de alcohol. También contaba con toda su documentación al día y en orden.

El bus de la empresa Ciktur era parte de una caravana de más móviles que transportaba trabajadores locales de la empresa Sigdo Koppers, quienes volvían a nuestra zona luego de prestar servicios en la minera La Escondida.

Alrededor de las 5.10 horas de ayer, a la altura del kilómetro 916 de la Ruta 5 Norte, en el sector Los Flamencos, en el camino que une Chañaral y Caldera, el vehículo volcó, registrándose el fallecimiento de Luis Antonio Cáceres Martínez, de 49 años.

Producto del volcamiento, el vehículo cayó a un barranco de aproximadamente 6 metros.

El Ministerio Público informó, además, que se registraron 56 pasajeros lesionados, de los cuales 7 resultaron con heridas graves y fueron atendidos en el Hospital Regional de Copiapó.

Otros 20 sufrieron lesiones de carácter reservado y los restantes 28 tuvieron heridas leves, se indicó en el órgano persecutor.

En tanto, los 2 conductores (el que manejaba y el de reemplazo) y el auxiliar de la máquina fueron atendidos por presentar heridas leves.

La empresa Sigdo Koppers declaró lamentar el hecho e informó que se puso en contacto con las familias de los afectados para coordinar los traslados que sean necesarios, en especial de los seres queridos del fallecido, se comunicó.

De la misma manera, la Municipalidad de San Pedro de la Paz señaló que también pondrá a disposición de la familia de Cáceres Martínez la asistencia social que se requiera, la que debe ser definida por los mismos parientes del trabajador fallecido.

El hombre se desempeñaba como soldador y durante el verano dos hijos y un sobrino viajaron al norte para trabajar junto con él.

Por la hora en que se suscitó el accidente, la mayor cantidad de pasajeros se encontraba durmiendo, por lo que se le encomendó a Carabineros poder tomar declaración a quienes hubieran estado despiertos, para que entreguen información acerca de cómo ocurrió el volcamiento.

De hecho, las primeras declaraciones conocidas por el fiscal Córdova permitieron establecer las hipótesis antes mencionadas y que deberán ser cotejadas por las pericias técnicas.