Materiales escolares
Los problemas derivados de la adquisición de libros y determinados útiles por parte de colegios particulares y subvencionados son un cuento de larga data, en parte incomprensible considerando que a estos últimos el Estado les dota de los textos correspondientes, en forma gratuita. Así se puede comprobar, año a año, cuando los medios de comunicación empiezan a dar cuenta de las compras al aproximarse el periodo escolar.
Sin embargo, los mismos contenidos, con alguna modificación más que nada cosmética, son exigidos por ciertos establecimientos sin que medie ningún razonamiento pedagógico sólido.
Qué motivos se esconden tras esta exigencia, que obliga a pagar altísimos precios por textos que, en lo sustantivo, son iguales y el Estado proporciona sin costo, es algo que sería interesante de averiguar. Para la gran mayoría de las organizaciones de consumidores del país, se está en presencia de una especie de monopolio, en que un par de editoriales manejan a su antojo este lucrativo negocio educacional.
En el mundo de la educación, existe una larga lista de irregularidades a las que los padres no pueden oponerse. Las listas no deben incluir ciertos elementos de aseo, como papel sanitario, jabones y otros; resmas de papel para impresión, etcétera, pero aparecen en ellas, casi sin excepción.
Los padres desean, naturalmente, que sus hijos asistan a clases en el mejor establecimiento educacional posible, según sus medios. En consecuencia, negarse a cumplir con lo que a todas luces parece irregular es quedarse sin matrícula; así de simple.
Todos lo consideran una cuestión de costo/beneficio y con esa actitud se institucionaliza una política abusiva que pretende rebajar en forma importante los costos propios de cada colegio, incrementando aún más sus ganancias. A mayor prestigio del establecimiento educacional, menor es la posibilidad de presentar una mínima oposición a estos requerimientos que elevan fuertemente los gastos de los padres.
La autoridad deberá estudiar estos temas, terminar con el libre albedrío y prohibir en forma tajante estas irregularidades, supervisando en forma rigurosa, salvaguardando los intereses de muchos miles de hogares.