Si el gobierno anterior de Michelle Bachelet tuvo un lema, se podría decir que fue el de la "Red de protección social". El Estado protector, no subsidiario.

Lo que aquello pueda implicar para la política en el futuro más a largo plazo, o incluso para la independencia de los ciudadanos, no se discutió. Nunca hemos sido muy amantes de la libertad.

El gobierno que comienza en marzo promete lo mismo y en mayor cantidad. Antes de asumir ha caído una subsecretaria que no estaba completamente adherida a la consigna de la gratuidad en la educación universitaria.

La red de protección social es una buena imagen de Bachelet: es como una madre recoge al niño que tropieza y cae. Ahora, si cuando uno tropieza (no ahorró para la vejez, no previó que podía quedar sin trabajo, etc.) no se observan consecuencias, es probable que uno se vuelva cada vez más descuidado.

Los llamados derechos sociales, salud y educación son los principales que se mencionan, son complejos. Los derechos se refieren a aquello que a uno le es debido. Si uno tiene un derecho, otro tiene el deber dárselo (y esa es la principal relación entre derechos y deberes). Por eso, los derechos a secas son, no aquellas cosas que a uno le tienen que dar, sino aquellas que a uno no le pueden quitar: la vida, la honra, la libertad, etc.

Además de garantizar los derechos, el Estado -al que los amantes de la libertad querían originalmente limitar- puede hacer muchas cosas y de hecho las hace. (Para eso exige contribuciones de los ciudadanos con mecanismos como el IVA y una buena parte de ellas las despilfarra en cosas como el Transantiago, los sobres con billetes, el financiamiento a los partidos políticos, etc. Eso es un escándalo, pero no escandaliza a muchos.)

Parece que para algunos la situación ideal sería una en que el Gobierno se hiciera cargo de todo y la responsabilidad individual quedara reducida al mínimo. Sin embargo, por mucho que pueda hacer el aparato estatal -incluso aunque llegue a otorgar todos los servicios- hay cosas que el Estado no puede hacer por uno, cosas que el Estado, por grande, rico y poderoso que sea, no puede dar.

La dirección u orientación de la propia vida, es decir, el querer profundo, queda siempre como responsabilidad de la persona. Puede haber educación gratuita, pero las ganas de aprender las pone uno. Puede haber empleos estatales para todos, pero el afán de superarse no puede venir de la burocracia. Todos habrán visto alguna vez un caso de alguien a quien se le dieron cosas en abundancia, pero no hizo nada.

Es más, una situación así puede llegar a narcotizar. El estado puede darlo todo, menos lo más importante. El mercado también.

El Ministerio de Salud ha hecho últimamente un esfuerzo importante, y por lo demás valorable, en procura de disponer de los recursos que permitan financiar la especialización de los médicos, en el bien entendido de que habrá una retribución acorde en beneficio directo de la ciudadanía más necesitada por parte de dichos profesionales.

En el país se vive una situación ampliamente conocida por todos, en el sentido de que los médicos -y muchos otros profesionales- prefieren para su desempeño vivir en Santiago y las grandes ciudades del país. Y, estando allí, la preferencia sigue por laborar en el sector privado, en mérito a mejores remuneraciones y una mayor proyección profesional.

Sin embargo, juega un papel importante la posibilidad de perfeccionarse, buscando una especialización, proceso caro y largo. Es aquí donde, claramente, actúa el Estado, procurando los caminos indóneos para satisfacer tanto los anhelos de los profesionales médicos como las necesidades urgentes de buena parte de la población nacional, entre ella los pacientes que, con menos recursos, deben soportar largas esperas en centros asistenciales de la Región del Bío Bío. Espera que, en ocasiones, termina mal.

El Estado estará financiando, este año, la especialización de más de mil 400 médicos, lo que permitirá contar, por ejemplo, con anestesiólogos, una de las grandes carencias en la salud pública y puesta en la discusión pública ante el reciente caso en que fracasó un trasplante por falta de uno de estos profesionales en el centro asistencial.

Por cierto este esfuerzo tan potente se financia con el dinero de todos los chilenos y, por ende, quienes resulten beneficiados deberán trabajar durante seis años en los establecimientos de salud que los requieran -a lo largo del país-, como una forma de retribuir ese financiamiento que les ha sido concedido, haciéndolo con atractivas condiciones económicas.

Este programa debe continuar sin descanso, ni menos interrupciones, para asegurar a los pacientes de la salud pública una atención digna, oportuna y eficiente, perdurable en el tiempo y evitando los dramas que se aprecian día a día en nuestra Región del Bío Bío.