Derecho a la salud
De no ser por la amplia difusión que tuvo a través de las redes sociales, pocos habrían conocido la historia de Sergio Neira Illanes, un joven chillanejo de 22 años que padece una compleja enfermedad llamada Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), patología que produce la descomposición de los glóbulos rojos, pudiendo provocar trombosis y anemia grave. Para enfrentar este mal, el paciente requiere de un tratamiento específico con el medicamento Soliris, que tiene un costo cercano a los $30 millones mensuales, razón por la cual acudió hasta su Isapre Masvida para recibirlo.
En una primera instancia la isapre se negó a financiar dicho monto, lo que obligó al paciente a elevar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que ordenó a la entidad financiar el tratamiento. Sin embargo, la isapre apeló a la resolución y fue entonces cuando a través de un video, Sergio contó su caso por las redes sociales, logrando sensibilizar a un gran número de internautas que difundieron su problema hasta que fue tomado por los medios de comunicación.
Finalmente, sin esperar la resolución judicial, Masvida se allanó públicamente a financiar el tratamiento -"en forma extra contractual y excepcional"- bajo la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (Caec).
Al mismo tiempo, la entidad de salud consideró importante "poner en la discusión pública la necesidad de contar en forma urgente con una legislación adecuada que permita resguardar a los actuales y futuros pacientes, tanto del sistema público como privado, que padecen enfermedades raras o poco frecuentes, lo cual debe ser considerado un tema país".
Pero una de las principales críticas desde las redes sociales apuntan al derecho a la salud, de tal manera que deje de ser considerada un negocio. El problema, sin embargo, es más amplio y complejo al punto de que superpotencias como Estados Unidos han fallado en aplicar modelos distintos y hoy obliga a todos sus ciudadanos a contratar seguros de salud. En otros países, como Argentina, la salud es gratuita y representa en gasto el 10,2% del PIB. Chile, por el contrario, ha aumentado del 5,8% de su PIB (2002) en promoción y atención de salud, a gastar el 8,9% del PIB en 2008, del cual la mitad del gasto público fue financiado por el Estado y la otra mitad por los cotizantes de Fonasa, mientras que en el gasto privado, la mitad la financió el usuario y la otra mitad los planes de salud privados. Aún así, el año pasado, Chile fue calificado como el primer país de Latinoamérica en el uso eficiente de recursos en salud.