Dentro de las sanciones que el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dio a conocer ayer por el segundo juicio por el desplome del edificio Alto Río, quizás lo más llamativo son los $1.813 millones por concepto de indemnización de perjuicio por daño moral y emergente que deberán cancelar los cuatro condenados en beneficio de víctimas del trágico hecho ocurrido el 27 de febrero de 2010.

Los recursos económicos, que deben ser divididos entre los querellantes de la causa, son una parte de la sanción, ya que se estableció la pena de tres años de reclusión menor en su grado medio, con el beneficio de la remisión condicional de ésta, para cada uno de los ejecutivos de la Inmobiliaria Río Huequén y Constructora Socovil, Juan Ignacio Ortigosa Ampuero, Felipe Parra Zanetti y Ricardo Baeza Martínez.

Asimismo, el cuarto condenado, el ingeniero calculista y encargado del diseño del edificio, René Pettinelli Loayza, recibió el mismo castigo que el año pasado: 800 días de reclusión, pena también remitida.

Los cuatro condenados fueron encontrados culpables, en calidad de autores, de ocho cuasidelitos de homicidio, seis cuasidelitos de lesiones simplemente graves y un cuasidelito de lesiones graves gravísimas.

Si la sentencia queda a firme, los condenados pasarán sus penas en libertad y deberán quedar sujetos al control de Gendarmería de Chile (probablemente mensual) hasta el término completo de cada una de las sanciones privativas de libertad impuestas.

A diferencia del anterior proceso anulado, la audiencia de lectura de sentencia se hizo con menos suspenso, sin la presencia de los profesionales culpables y de su abogado defensor, Alejandro Espinoza, quien fue representado por un miembro de su estudio jurídico.

Las familias de las víctimas y afectados por la caída de Alto Río se mostraron satisfechas con la decisión. "Estoy feliz, era lo que esperábamos desde el 2010, cuando comenzó todo esto. Esto realmente fue un juicio, el otro (el proceso del año pasado) fue deficiente, los jueces nos protegieron ahora", señaló Verónica Riquelme, quien sufrió una paraplejia a causa del desplome.

Mónica Molina, afectada y actual presidenta de la Fundación Alto Río, comentó que las familias organizadas están contentas con el fallo. "Este segundo juicio fue esclarecedor, los magistrados estimaron la evidencia en su real dimensión, teníamos la convicción que los dueños de la empresa tenían responsabilidad negligente en su quehacer", comentó.

Agregó que las penas a los ejecutivos (superiores en años a lo que solicitaba el Ministerio Público) dan una señal de los grados de culpa de estas personas. "De alguna manera se hizo justicia, y digo de alguna manera, porque ninguna compensación económica devolverá a los familiares fallecidos", opinó.

En estricto rigor, los únicos que tienen la posibilidad de recurrir para anular este fallo, en un plazo de 10 días, y repetir por tercera vez el juicio, son los tres empresarios inmobiliarios, puesto que en el juicio anterior fueron absueltos.

Pettinelli, por su parte, no podría presentar una nulidad como tal, sin embargo, Sandra Betancourt, defensora penal pública que lo representó en este segundo proceso, afirmó que deben estudiar la sentencia para ver eventuales caminos a seguir.

"Hay otras vías que estamos analizando para impugnar la sentencia. En base al razonamiento y fundamentación de ésta, veremos qué haremos, pero no está absolutamente descartado reclamar el fallo", dijo.

El fiscal Nelson Vigueras señaló que este es el resultado de un trabajo arduo realizado por el Ministerio Público: "Ese es el presente. Sobre situaciones hipotéticas de las defensas, tendrán la facultad de ejercer los recursos que la ley les permite".

Consultado acerca de qué se hizo diferente en esta oportunidad, Vigueras dijo que "por naturaleza, ningún juicio es igual al anterior, lo importante es que mostramos toda nuestra prueba, pericial, principalmente a cargo del Idiem, y testimonial, particularmente por las víctimas y de dos detectives de la PDI".

Fernando Saenger, abogado querellante, comentó que hay que ser cautos, ya que se trata de un fallo de primera instancia. "Perfectamente es recurrible, por lo que la prudencia nos indica que hay que esperar los plazos y si se recurre, defender en las instancias correspondientes", comentó.

Para garantizar el pago de las indemnizaciones, Fernando Saenger informó que tienen precautoriados una serie de bienes. Por lo tanto, algunos de éstos resguardan los recursos. También hay juicios civiles que van por caminos paralelos.

Durante este juicio hubo ocho imputados por los hechos investigados, sin embargo, dos jefes de obra, un director de obra y el ingeniero, que clasificó el suelo del edificio, fueron absueltos por segunda ocasión.

La teoría planteada por la Fiscalía durante el caso afirma cuatro causas del desplome de Alto Río: diseño deficiente, errónea clasificación del suelo, mala gestión del proyecto y mala construcción.

No sólo el centro de Concepción se verá invadido de compradores durante la época previa a Navidad, ya que las autoridades provinciales están preparando las medidas de mitigación de la gran cantidad de público que se espera llegue al Mall Plaza Trébol, en donde el año pasado se generaron importantes atochamientos vehiculares en el eje vial adjunto a éste.

Así quedó en evidencia ayer en el Consejo de Seguridad Pública Provincial, encabezado por la gobernación, en donde estaban citados representantes de las seremis de Salud, Transportes, municipios, Carabineros, PDI y la Cámara de Comercio penquista.

Según expuso el comandante Benjamín Piva, de la Prefectura de Carabineros de Talcahuano, el domingo pasado arribaron al centro comercial unas 150 mil personas y se espera que este sábado 14 lleguen alrededor de 170 mil, considerando que el domingo 15 hay elecciones y el mall estará cerrado.

"La cifra va ir creciendo, conforme nos acerquemos a la fecha peak, que será el 21 y 22 de diciembre. La experiencia del año pasado es que se generó una gran congestión, por eso el día jueves (mañana) se va a reunir personal de Carabineros, de la Seremi de Transportes y de la administración del mall, para buscar medidas que puedan disminuir lo que pasó la Navidad pasada", explicó el oficial.

Comentó que desde el 1 de diciembre la dotación policial se reforzó para brindar mayor seguridad, tanto en Plaza Trébol como en el centro comercial de Talcahuano, sin dejar de lado otras comunas de la jurisdicción de la prefectura, como Penco y Tomé.

"En Talcahuano tenemos georreferenciados los sectores donde se encuentra la mayor cantidad de personas en esta fecha, desde la Plaza El Ancla hasta la calle Constitución", señaló.

José Luis Guarderas, coordinador municipal de seguridad comunitaria en el puerto, indicó que la corporación edilicia está cumpliendo un rol facilitador, de gestión y preventivo.

"A pesar que la labor en terreno es de responsabilidad policial, el municipio va a desplegar servicios de colaboración, específicamente en el centro, con gente de la oficina de Seguridad Ciudadana, entregando información y asistencia para quienes hagan sus compras en ese sector", comentó Guarderas.

El funcionario recordó las 22 cámaras de televigilancia que funcionan en el centro de la comuna, lo que es un valor agregado para que la gente aproveche ese espacio para adquirir sus regalos, afirmó.

Consultado si esperan que baje la asistencia en el centro porteño producto de las obras de los ejes cívicos, el coordinador de seguridad pública dijo que "al contrario, esperamos que la gente prefiera el centro y el sector de Arenal, porque es el comercio detallista el que produce el empleo local y tributa en el municipio, lo que se retribuye en beneficio social en la comuna", dijo.

Llamó la atención la poca cantidad de representación municipal que llegó al encuentro citado por la Gobernación Provincial de Concepción. Sólo asistió Talcahuano, Tomé y Santa Juana, de un total de 12 comunas.

Sobre este aspecto, la gobernadora Claudia Hurtado lamentó la poca concurrencia de las municipalidades: "Esto nos llama profundamente la atención. Como gobernación provincial hemos estado siempre preocupados de coordinar las acciones tendientes a la seguridad, por eso hoy (ayer) nos reunimos con el general de zona (de Carabineros, Iván Bezmalinovic), para ir definiendo líneas de acción. También era importante revisar algunas acciones comunicacionales con la Seremi de Transportes para abordar el tránsito que se produce los últimos días del año. El trabajo que se hace con los servicios debería ser el mismo que con los municipios, pero fue una asistencia baja, la que esperamos no se vuelva a repetir".

Claudia Hurtado informó, además, que el viernes 13 de diciembre se hará el lanzamiento oficial de la campaña Navidad Segura.

Alejadas de la realidad que viven ciudades grandes como Concepción o Talcahuano están comunas como Tomé o Santa Juana, las que tienen sus propios problemas durante la época final del año.

Cristian Unda, inspector municipal y encargado de seguridad ciudadana de Santa Juana, corroboró esto, ya que durante su participación en el encuentro manifestó la necesidad de tomar acciones para reducir la inseguridad que existe en sectores rurales de su comuna.

"Esta semana tenemos una reunión programada con Carabineros, principalmente para ver el tema del abigeato, que es el problema más fuerte durante esta fecha del año. Afortunadamente el comercio está tranquilo y ordenado", expresó.