La comisión mixta del Congreso Nacional aprobó ayer por cinco votos a favor y cinco en contra el proyecto de ley que fortalece el orden público y aumenta las penas a los encapuchados, más conocida como Ley Antiencapuchados o Ley Hinzpeter.

La iniciativa, que había sido rechazada por la sala del Senado el pasado 30 de octubre, fue visada por la instancia junto a todas sus indicaciones, las cuales habían sido retiradas en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta.

Los votos a favor del proyecto vinieron en su totalidad por parte de los parlamentarios de la Alianza, mientras que en contra sufragaron los legisladores de la Nueva Mayoría, que ya anunciaron su oposición al proyecto en sus próximas fases.

De este modo, el texto legal impulsado por el gobierno regresará a la Cámara de Diputados, y de ser aprobado, será revisado nuevamente por el Senado.

El senador Patricio Walker (DC) afirmó que confía en que los diputados desaprueben los artículos que - para la oposición- resultan "efectistas", desde la lógica de estar contenidos en la ley.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que el gobierno respaldará la apelación del Ministerio Público a la resolución del juez de garantía que dejó en libertad a la mujer que escupió al Presidente Sebastián Piñera.

"No estamos en presencia de una falta sino que estamos en presencia de un delito y esperamos que los tribunales superiores de justicia, ante quienes se va a apelar, puedan hacer las rectificaciones jurídicas que corresponde", arguyó el secretario de Estado.

Chadwick subrayó que "es muy importante que se respete y se respete siempre la institución de la Presidencia de la República, y son precisamente los tribunales de justicia quienes están llamados a que esto se respete cuando es vulnerado por la acción delictual o de una persona que está cometiendo una irregularidad ante la ley".

En medio de los cuestionamientos por la construcción del puente colgante sobre el canal de Chacao, la ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, aclaró ayer que cualquier sobrecosto será asumido por la firma que se adjudicó la obra y diseño, y no por el Estado.

"El contrato no admite modificación en esa materia, todo costo adicional es de cargo y costo de la empresa (...). Nosotros sólo nos tenemos que asegurar que la obra se construya conforme a las normas técnicas. Es una propuesta afirme y no existen convenios complementarios", aseguró.

La secretaria de Estado indicó además que los dineros para el viaducto de 2,7 kilómetros -cuyo costo total será de US$ 680,7 millones ($360.134 millones)- "ya están considerados" en el Erario nacional.

"Por lo tanto, no van a impactar al presupuesto de la cartera como se ha planteado. Este es un proyecto que se paga en 6 años y contra estado de avance físico", añadió al término de una reunión con representantes y ejecutivos del consorcio formado por la brasileña OAS, la coreana Hyundai, la francesa Systra y la noruega Aas-Jakobsen.

Lo anterior, según explicó, con el objeto de incentivar que el consorcio entregue el proyecto en los plazos establecidos.

Silva además respondió además al ex titular de Obras Públicas durante el gobierno de Michelle Bachelet, Eduardo Bitrán, quien esta jornada acusó "fines electorales" detrás del proyecto del Puente Chacao.

"Independiente de la administración de turno" su construcción "beneficia a muchas personas", dijo.

"Esto tiene que ser mirado como una obra que no es sólo de un gobierno, sino que de Chile para los chilenos. Es una oportunidad y así hay que valorarla y así hay que destacarla", añadió.

En esa línea, la secretaria de Estado sostuvo que el viaducto -cuya vida útil se proyecta en 100 años- permitirá bajar los tiempos de viaje a través del canal -que actualmente se realizan en barcazas- a menos de cinco minutos.

El proyecto está diseñado para que transiten hasta cinco mil vehículos al día, más del doble de los que hoy en día cruzan el Chacao a bordo de navíos privados.

Contempla también la construcción de un centro de control y monitoreo en la ribera sur, así como también un recinto de visitas, pasarelas y miradores.

Por lo anterior, "hemos planteado la conveniencia de poner un peaje para la mantención y conservación del puente. Los costos se decidirán más adelante, pero serán menores a lo que cuesta hoy cruzar el canal de Chacao", señaló.

El puente tendrá un pilar central de 175 metros (m) de altura y un diseño de "Y" invertida, que otorga beneficios en cuanto a los costos y flexibilidad en caso de sismos y cargas de viento. El pilar en el sector norte, en tanto, medirá 199 m, mientras que en el sur alcanzará los 157 m.

A partir del lunes, el proyecto quedó en manos de la Contraloría para su aprobación final mientras el consorcio genera la boleta de garantía (US$ 70 millones).

En pie de guerra se encuentran los integrantes de la comunidad indígena Mon Fen del sector rural de Yaldad en Quellón, quienes interpondrán en los próximos días un recurso de amparo en contra del Estado por no aplicar una consulta a los pueblos originarios respecto a la construcción del puente Chacao según establece el convenio 169 de la OIT. Chiguay dijo que de acuerdo a lo cosmovisión de la religiosidad huilliche la construcción del viaducto es una grave atentado a sus creencias. "Si nuestro dios, chau gnechen, hubiese permitido estar unido en un solo paño de tierra estaríamos unidos al continente, pero no es así. Además perderemos nuestra condición de isla con el puente", expuso.