A pesar que no se dejó material gráfico relacionado con la causa mapuche, los siete encapuchados que ayer en la madrugada quemaron contenedores, un camión y una cabaña en una base de brigadistas de Forestal Mininco en Cañete, habrían gritado consignas relacionadas con esta materia.

Así lo informó el Ministerio Público, el cual está recopilando los antecedentes para determinar los responsables del violento hecho, el que se suscitó alrededor de las 2.30 horas en el sector Lanalhue, a unos 16 kilómetros al sur de Cañete.

En el campamento se encontraban 12 brigadistas cuando los antisociales arribaron disparando al aire armas de fuego. Se indicó que también venían premunidos de palos, con los que golpearon a uno de los combatientes del fuego en un hombro, se indicó.

Los encapuchados procedieron a quemar de manera completa cuatro contenedores y otros tres de manera parcial, destinados a albergar los brigadistas. También destruyeron un camión y una cabaña de un guardia, sin que se registraran más lesionados.

El fiscal de Cañete, Felipe Calabrano, ordenó las primeras diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) y al Laboratorio de Criminalística (Lacrim), ambos de la PDI.

DOBLE DAÑO

El intendente de la Región del Bío Bío, Víctor Lobos, repudió el hecho de violencia y aseguró que hoy evaluarán con los abogados del Ministerio del Interior la posibilidad de presentar alguna querella.

Adelantó que también se reunirá con el alto mando local de Carabineros para tener una visión completa de lo que ocurre en la zona.

"Esto sólo trae pobreza, ahuyenta al inversionista y pone en riesgo la vida de personas inocentes. Se hace un doble daño, porque se ataca a brigadas forestales que protegen a la población al combatir incendios forestales", sostuvo la primera autoridad regional.

Catalogó como delincuentes a los responsables, ya que, afirmó, no hay claridad respecto a quienes cometieron este ilícito ni sus motivaciones.

Por su parte, Forestal Mininco informó que lamenta los hechos y puso a disposición de la policía toda la información necesaria por medio de la denuncia.

Los alcaldes y concejales que integran la Asociación de Municipios del Valle del Itata acordaron solicitar a la empresa Celulosa Nueva Aldea y Forestal Arauco que concurra a una sesión extraordinaria de la entidad.

Esto, con el fin de analizar la situación que se generó tras el accidente ambiental originado por la rotura del ducto que traslada riles industriales al mar y que inundó varias hectáreas de cultivos agrícolas en la zona costera de Trehuaco.

Sostienen que los hechos significaron que desde esa fecha la empresa esté arrojando estos líquidos de manera directa al río Itata, poniendo en riesgo a miles de habitantes del territorio que dependen del uso de estas aguas para sus cultivos, el consumo huimano y de los animales.

PREOCUPACIÓN

El alcalde de Cobquecura y presidente de la asociación, Osvaldo Caro, aseguró que "tras reunirnos, decidimos de manera unánime solicitar una reunión conjunta con representantes de la empresa, para que se nos informe de los daños que presenta el ducto y también el impacto que tendrá esto en el río Itata, que es una de nuestras principales preocupaciones".

Añadió que "consideramos que es un tema preocupante y que la empresa debe asumir las responsabilidades que tienen por los daños causados al medio ambiente y a las comunidades que habitan en esas zonas". Caro lamentó que hasta ahora la empresa no se haya acercado a la asociacion para informar sobre el tema.

En principio se habría acordado realizar esta sesión extraordinaria en Quillón el viernes 20 de diciembre, en la que participarían los alcaldes de las 9 comunas y representantes del Complejo Industrial y Forestal Nueva Aldea y de Forestal Arauco.

Luego de más de un mes de conocido el veredicto que condenó a cuatro de los ocho imputados en el segundo juicio oral por el desplome del edificio Alto Río, mañana se conocerá la sentencia de este proceso, en la cual se revelarán las sanciones para los involucrados y los fundamentos esgrimidos por el tribunal para su decisión.

Los ejecutivos de la inmobiliaria Río Huequén y constructora Socovil, Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza, además del ingeniero calculista que diseñó la estructura, René Pettinelli, fueron encontrados culpables de ocho cuasidelitos de homicidio, seis cuasidelitos de lesiones simplemente graves y un cuasidelito de lesiones graves gravísimas.

Eventualmente deberán afrontar penas de 800 días de prisión cada uno, en caso que los magistrados acogan la solicitud del Ministerio Público.

Y decimos eventualmente, porque se pueden considerar atenuantes que reduzcan los castigos o la representación legal de los empresarios trate de anular el segundo juicio para llegar a uno nuevo. Si esto ocurre, Pettinelli no será beneficiado, puesto que en el primer juicio ya fue condenado, a diferencia de Ortigosa, Parra y Baeza, quienes fueron absueltos en el proceso del año pasado.

UNA ETAPA MÁS

La posibilidad que se efectúe un tercer juicio es algo ya internalizado entre las víctimas y afectados por la caída del edificio durante el 27/F.

Una de las residentes de Alto Río y actual presidenta de la Fundación que lleva el mismo nombre del inmueble, Mónica Molina, comentó que en lo personal no tiene ninguna expectativa, puesto que sólo se trata de una segunda etapa de una situación que va a ser más larga.

"Los dueños de la empresa aún tienen la posibilidad de apelar, entiendo que Pettinelli ya no puede hacer mucho. Por eso se me viene como bien realista un tercer proceso, en donde lo más importante para mí es que se determine la responsabilidad de los ejecutivos", comentó.

Marcelo Bravo, otro de los afectados con el desplome del edificio, aseguró que están tranquilos ante la lectura del segundo fallo. "Lo que quedó claro es que hay responsabilidad, no de uno, sino que de un grupo de personas que hicieron que este edificio se construyera mal desde un principio", comentó.

Al igual como lo planteó Mónica Molina, están preparados para enfrentar un tercer juicio, "y vamos a ver qué es lo que pasa", dijo.

DOS DEDOS DE FRENTE

Cristián Fernández, otra de las víctimas de la caída del edificio opinó que, más allá de toda la situación legal, hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que Alto Río estaba mal construido.

"Chile tiene una longitud aproximada de 4.500 kilómetros y fue el único edificio en todo el país que se desplomó, los otros tuvieron daños, se habrán roto en su interior, pero ningún otro se cayó", insistió.

Agregó que hay que dejar de engañarse, porque claramente los ejecutivos quieren salvar sus espaldas y no seguir perdiendo más dinero, porque han gastado millones en peritajes extranjeros.

"Yo creo que quieren cuidar sus espaldas, no tanto por la plata, sino porque quieren seguir construyendo y lavar su imagen", dijo.

ALENTADOR

Cuando se conoció la sentencia del primer juicio, el Ministerio Público y los querellantes criticaron el fallo por considerar que el tribunal elaboró una teoría distinta sobre el colapso del edificio, la que no coincidía a las hipótesis planteadas por la Fiscalía y por las defensas, lo cual no era procedente.

De esta manera, la Corte de Apelaciones de Concepción, acogió la nulidad del órgano persecutor a principios de este año y estimó pertinente repetir el proceso.

"Con este segundo juicio, lo que nosotros estábamos diciendo es que el anterior tribunal no había considerado las pruebas en su real dimensión. El segundo fallo para nosotros es importante porque entendemos que los magistrados pueden tener una mirada más amplia o considerar la prueba con la contundencia que nosotros veíamos", manifestó Mónica Molina.

Desde ese punto de vista, agregó, como víctimas del hecho es alentador que se haya condenado a los dueños del proyecto inmobiliario.

MEJOR REDACTADA

Marcelo Bravo comentó que el juicio se repetirá siempre que haya aspectos técnicos que sean inconsistentes respecto a lo que se dio en éste.

"Yo no soy abogado, pero lo que he aprendido en todo este tiempo es que no tiene que ver con que si tienen razón o no, no se relaciona con el fondo del asunto, sino que con la forma, es por eso que pensamos que esta nueva sentencia va a estar mejor redactada, con mayor consistencia y coherencia también", dijo.

Agregó que si la corte (de apelaciones) no encontrara errores en la redacción del fallo, no debería dar a lugar a un posible recurso de nulidad, "por lo tanto, hay que esperar cómo se redacta al sentencia", insistió Bravo.