La oposición insiste en que se trata de una maniobra del gobierno socialista para tratar de culpar a otros y evitar su responsabilidad en el mal manejo de la economía.
Luego de que el Parlamento venezolano aprobó la concesión de poderes especiales al presidente Nicolás Maduro, éste comenzó a gobernar el país mediante decretos, por un período de un año, argumentando que debe luchar contra la crisis inflacionaria y la escasez sufrida en los últimos meses.
La Asamblea Nacional refrendó la propuesta con el mínimo de votos necesarios: 99 votos de un total de 165.
"Pido unión a todo el pueblo para seguir consolidando la ofensiva económica y proteger al pueblo contra los capitalistas usureros que lo roban. ¡Yo seguiré p'alante bajando los precios!", dijo Maduro
"Lo que han visto es poco para lo que vamos a hacer para defender a este pueblo y sus derechos", dijo Nicolás Maduro a sus seguidores.
El mandatario dejó muy claro para qué quiere los mismos poderes especiales que Hugo Chávez ejerció en cuatro ocasiones: "Vamos a demostrar quiénes han estado mes tras mes saboteando la economía. Pusieron una dinámica para crear una burbuja en los comercios y llevar la economía hacia el caos. Bastante que dijimos reflexionen a tiempo y no va a haber arrepentimiento, pero me subestimaron".
El mandatario estrenará sus superpoderes con dos leyes: la del comercio, que pretende ordenar las importaciones, y la de costos y ganancias para bajar los precios de todos los rubros, por lo menos en un 30%. Maduro anunció que pedirá al Tribunal Supremo que esta reforma tenga carácter orgánico, "para defender los derechos y libertades económicos de este país y para que establezca el marco de funcionamiento de la nueva economía".
Las 'superrebajas' socialistas y la Ley Habilitante buscan imponer la "guerra económica", un invento propagandístico del oficialismo, para engrandecer así la figura de Maduro y taponar las vías de agua electoral abiertas por la aguda crisis económica.
El último sondeo realizado por Ivad antes de la ofensiva cívico-militar y la toma de comercios, confirmaba los apuros del presidente: el 53% le valoraba negativamente, frente al 45% que lo hacía de forma positiva. Además, el 71% de los entrevistados calificaba como negativa la situación económica.
La oposición insistió ayer en el carácter "fraudulento" de la ley, "que pretende esconder los problemas que afronta". En un comunicado hecho público por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se insiste en que la verdadera intención de Maduro es hacer creer que su Gobierno no es el principal responsable de los "problemas económicos y sociales" que sufren los venezolanos. "Han forzado mediante toda clase de artimañas la sanción de una ley habilitante manifiestamente violatoria de la Constitución", destacaba.