Pese a la gran cantidad de personas que han consultado en las notarías de Concepción por el trámite para no ser donante de órganos, como lo establece la nueva legislación, esto no se ha visto reflejado en la solicitud formal del documento notarial.

El 30 de septiembre comenzó a regir en el país la nueva Ley de Donante Universal, normativa que determinó que toda persona que cumpla 18 años es automáticamente un potencial donador. Esto, a menos que expresen lo contrario a través de una declaración jurada simple u otro instrumento legal.

Tras consultarle a seis notarios de Concepción sobre la nueva disposición, éstos expresaron que son pocas las personas que ha realizado el trámite, las que no superarían las 37.

Todos expresaron que al ejecutarse la normativa pensaron que la comunidad llegaría en masa a solicitar el documento que lo excluía de ser donante. Sin embargo, esto no sucedió, ya que solamente llegaron a consultar sobre los valores que tenía el trámite, que en ese momento llegaba a los 8 mil, si era una escritura pública, y a los $5 mil en el caso que fuera un instrumento protocolizado, precios que causaron la molestia de las personas que querían realizar el trámite.

Éste es un factor que los notarios consideraron, en su momento, que llevó a las personas a no realizar la diligencia, sin embargo, la determinación de la Corte Suprema de incorporar un procedimiento de menor costo (declaración jurada simple que va entre $500 a $2.000) tampoco llevó a que la gente decidiera realizar el procedimiento.

"Los notarios tenemos un plazo de 48 horas para informar al Servicio de Registro Civil la identidad de las personas que han suscrito este documento notarial para que sean incorporados en el Registro de No Donantes que lleva dicho Servicio", dijo el notario Ramón García.

Algunos notarios envían la documentación en forma digital o electrónica, mediante Firma Electrónica Avanzada o también a través de carta certificada.

Cabe recordar que el no realizar este documento no implica que la persona será obligatoriamente donante, ya que la decisión final pasará siempre por la familia directa de la víctima.

NOTARIOS

Para el notario Juan Espinosa, uno de las situaciones que origina que las personas no se decidan a realizar el trámite es que aún no entienden por qué deben efectuar esta acción en una Notaría y que además deban pagar por hacerlo.

"Los primeros días llegó mucha gente a consultar, pero en ese momento no se tenía claro nada, porque salía una normativa y después la cambiaban, ahí se incorporó la declaración jurada simple", dijo.

El notario Carlos Miranda también contó que son pocas las personas que han ejecutado el procedimiento. "Todos saben que se dictó la ley y que, por ende, son potenciales donantes de órganos, pero el sistema los obliga a asistir a una Notaría, con el consiguiente espacio que deben dedicarle para hacer la gestión. Las personas cada día están con menos tiempo para realizar trámites", declaró.

Miranda dijo que a medida que las personas se vayan interiorizando en el tema, debería comenzar a llegar más solicitantes, pero que tampoco sería masivo.

En tanto, el notario Mario Aburto afirmó que hasta el momento no ha emitido ningún certificado al Registro Civil. El abogado contó que se siguen manteniendo los tres tipos de documentos para que estampen legalmente que no quieren ser donante.

Aburto sí explicó que la escritura pública y el documento protocolizado quedan archivados en las notarias, situación que no ocurre con la declaración jurada simple. "Nosotros debemos informar dentro de las 48 horas, pero no sabemos si queda ingresado en alguna base de datos (en el caso de la declaración jurada)", contó.

Este es una de las observaciones al actual sistema que realizan los actuarios, ya que los documentos realizados y que se envían al Registro Civil de Santiago no son informados por la institución si son recepcionados.

PROCURAMIENTOS

La raíz de esta nueva normativa es que existan más donantes potenciales para atender las necesidades de transplante de órganos que hay en el país.

En este contexto, tanto el Hospital Guillermo Grant Benavente como el Hospital Las Higueras tienen pacientes en listas de espera. En el caso del primero, la lista incluye a 56 personas esperando un riñón (otros 100 en estudio para incorporarlos), 11 usuarios para transplante hepático y 58 para córneas.

En tanto, que el establecimiento de Talcahuano tiene una lista renal de 138 pacientes y otros 111 usuarios en estudio de pre trasplante renal.

En la Región, durante el 2013 se han realizado 10 procuramientos, cuatro realizados por el equipo del Hospital Regional, dos por Las Higueras y otros cuatro en el Herminda Martin de Chillán.

Estos procedimientos derivaron en que el Regional y Las Higueras se transplantara 16 riñones a usuarios que los estaban esperando. Además, el Grant Benavente logró transplantar dos córneas y el Sanatorio Alemán a 3 usuarios hepáticos.

Durante la primera semana de noviembre se estima que se conocerá el veredicto en el segundo juicio oral por el desplome del edificio Alto Río, en el cual fallecieron ocho personas y varias otras resultaron lesionadas.

Hoy debería terminar su alegato de clausura Alejandro Espinoza, defensor de los ejecutivos de la inmobiliaria Río Huequén y constructora Socovil, responsables de la edificación de la estructura, y corresponderían las intervenciones de Sandra Betancourt, defensora penal pública que representa al ingeniero calculista René Pettinelli, y Marcelo Torres, por el imputado Pedro Ortigosa de Pablo.

"Entendemos que, por programación, el martes o miércoles de la próxima semana nos tocaría nuestra réplica junto a querellantes y al día siguiente, los defensores. Estimó que la primera semana de noviembre debería darse el veredicto, considerando que antes hay que ofrecerle la palabra a los imputados", señaló el fiscal de la causa, Nelson Vigueras.

Durante su alegato de clausura, el abogado defensor Espinoza hizo notar lo que, a su parecer, es una serie de cambios o reinterpretaciones de la acusación del Ministerio Público a medida que ha avanzado el juicio.

Un ejemplo de esto lo expuso ayer Espinoza ante el tribunal, respecto a que el edificio no contó con una inspección técnica externa. Según el profesional, se acreditó que, por norma, esto sólo es necesario en el caso de edificios públicos.

"Esta es una cacería de brujas, acá hay una acusación mutante, que va cambiando a medida que nosotros vamos contrarrestando los argumentos de la Fiscalía", señaló ante los magistrados.

Otra de las críticas reiteradas por esta defensa es el contrato del Idiem (instituto que realiza estudios de ingeniería y que confeccionó el informe que es la principal prueba de la Fiscalía) con el Ministerio Público, formulando preguntas en interrogatorios del juicio, algo que, durante el primer juicio, desconocían, aseguraron.

Sobre este aspecto, el fiscal Vigueras afirmó que, efectivamente, hubo un contrato por parte de la Fiscalía Nacional y la Universidad de Chile, el que estuvo regido por una absoluta transparencia. "En éste se establece una serie de cláusulas, entre las que se encuentra la obligación del Idiem de realizar un peritaje para determinar las causas del colapso y la asesoría al fiscal", explicó Vigueras.

"Yo no puedo señalar lo que saben o no, ese es un tema de ellos. Los antecedentes siempre estuvieron a disposición de las defensas", afirmó el persecutor.

Sobre el punto de los supuestos cambios en la acusación a los que aduce la defensa, Nelson Vigueras indicó que eso lo contestará durante la réplica.

"Hay muchas situaciones que se explican por lectura sesgada, parcial o tergiversada que hace la defensa. Hay un sinnúmero de aspectos en que la defensa dice que lee textual, pero omite una o dos líneas. Nosotros siempre respetamos una congruencia y ésta está dada desde la formalización hasta la acusación y lo que mantenemos durante el juicio. Sólo puedo resumirlo en una frase lea la acusación", señaló el fiscal de la causa.

El fiscal Vigueras hizo mención a otra circunstancia, relacionada a que se trata de negar cosas tan evidentes como la entrega de planos confeccionados por el ingeniero calculista, René Pettinelli.

"Señalaron en la clausura que no saben de dónde sacó la Fiscalía los primeros 16 planos y éstos fueron entregados por ellos mismos y así lo señalaron los testigos, yo no inventé los planos. Me llama profundamente la atención la estrategia de la defensa de negar todo", indicó el persecutor.