El Juzgado de Garantía Local de Concepción acogió la tarde de ayer a tramitación la querella criminal interpuesta por el alcalde Álvaro Ortiz. Así lo informó el jefe comunal penquista, quien interpuso el recurso judicial por los delitos de daños y desórdenes públicos en contra de las personas que resulten responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, de la manifestaciones realizadas el pasado 11 de septiembre.

El jefe comunal señaló que los costos que se han generado por los desmanes "hasta ahora superan los $35 millones entre gastos públicos y privados, lo que se incrementará en los próximos días, ya que aún en el municipio estamos cuantificando las pérdidas, tras los incidentes. Aquí han sido perjudicados comerciantes que han aportado con su esfuerzo a la ciudad". Agregó que "no vamos a complementar a quienes marchan de manera pacífica con aquellos que sólo tienen conductas delictuales, asociados a grupos minoritarios que no tienen el respaldo de la ciudadanía".